Rusia crea un régimen legal opaco para proteger a sus empresas de las sanciones

El presidente ruso, Vladímir Putin, niega que se comporte como un zar y que haya desviado hacia el autoritarismo el rumbo democrático de su país. La respuesta del líder ruso a una reciente pregunta de la televisión austriaca contrasta no obstante con la realidad. A tenor de una nueva ley, Putin ha asumido competencias para saltarse la legislación general y gobernar por decreto con el fin de proteger a determinadas empresas rusas, incluidas las del sector de la defensa, de las sanciones internacionales.

Ya en 2017 Rusia aprobó una ley para ocultar información sobre las actividades y datos financieros de compañías expuestas a las sanciones. Esta tendencia continúa ahora con un nuevo proyecto de ley, preparado por el Ministerio de Desarrollo Económico, que amplía el territorio de los datos reservados. La incorporación del presidente ruso a la tarea de silenciar información económica eleva el nivel de la apuesta y le da unas nuevas características. Las competencias asumidas por el jefe del Estado suponen un retorno a la práctica del Gobierno por decreto, un procedimiento que el presidente Borís Yeltsin utilizó mucho a principios de los años noventa cuando se enfrentaba al Parlamento y no se había creado aún el entramado legal necesario para regular las relaciones económicas poscomunistas.

Putin firmó el 4 de junio la ley que le da competencias para saltarse la legislación general con el fin de proteger a determinadas empresas, que no han sido especificadas. El presidente podrá decidir sobre “las obligaciones [de estas compañías] de guardar, dar a conocer o facilitar información sobre sus actividades, realización de transacciones, incluida su certificación y registro notarial, características de la situación legal de los participantes profesionales en el mercado de valores y también características de registro de la información sobre valores”. Esto supone que el jefe del Estado podrá ejercer estas facultades “en casos excepcionales”, que tampoco se detallan. En el ámbito de las empresas afectadas está el sector militar industrial. La ley firmada por Putin también da amplias competencias a Serguéi Chémezov, el jefe del consorcio industrial y militar Rostec.

El procedimiento por el que Putin asume las nuevas competencias económicas no fue publicitado por el Kremlin, pero la maniobra fue desvelada por el periódico Moskovski Komsomoletsy que aproxima la figura presidencial a la de un zar.

Las competencias que incrementan la independencia y el poder del presidente se introdujeron en una ley aprobada en julio de 2014. Aquella norma llevaba cuatro años aparcada en el Parlamento y, en principio, no tenía nada que ver con las competencias del mandatario. Su objetivo inicial era crear la institución de un defensor de “los derechos de los usuarios de servicios financieros”, es decir, una figura para defender a los afectados por quiebras y disolución de bancos.

No es la primera vez que las autoridades rusas aprovechan leyes en trámite para colar en ellas otras cuestiones. Esta práctica irregular se utiliza a modo de atajo cuando se desea acelerar algún tema, sin someterlo al largo procedimiento parlamentario, que incluye debates de contenido y tres lecturas en la Cámara. En este caso, la ley —y sus incorporaciones— fueron aprobadas sin ninguna discusión el pasado mayo.

Las nuevas competencias de Putin son un elemento más en un conjunto de restricciones a la información destinadas a “sumergir” la economía rusa con el fin de camuflarla y hacerla menos vulnerable a las sanciones internacionales. Entre las múltiples incógnitas que plantea el blindaje de la información de ciertas empresas está el futuro carácter de las relaciones con compañías occidentales. En opinión de medios jurídicos rusos, la falta de transparencia de las empresas protegidas perjudicará el clima de inversión y las relaciones con compañías occidentales. No obstante, es posible que Rusia esté intentando trasladar íntegra o parcialmente las relaciones económicas internacionales de sus empresas a un “territorio gris”, donde el socio occidental que acepte estas condiciones pueda también verse protegido. A pequeña escala, las autoridades rusas han hecho funcionar ya un esquema que permite a las empresas occidentales crear compañías en territorio ruso, que operan borrando pistas en la anexionada península de Crimea.

El régimen de sanciones se ha complicado para Rusia tras la inclusión de los principales oligarcas del país en una lista oficial norteamericana de personajes de riesgo. A esto hay que sumar los controles más rigurosos de fortunas por parte de Reino Unido y la nueva legislación más restrictiva sobre paraísos fiscales de Chipre. Sobre este telón de fondo Putin ha insistido para que los multimillonarios rusos repatrien sus capitales.