La revuelta contra una reforma fiscal fuerza la dimisión del primer ministro de Jordania

Una jornada de huelga general contra la nueva legislación tributaria, convocada el pasado miércoles por tres decenas de organizaciones sindicales y sociales, fue ampliamente secundada en Jordania. Desde entonces se han encadenado cada noche —en pleno Ramadán— marchas de protestas que alcanzaron su cenit el sábado con más de 200.000 manifestantes en Amán y las principales ciudades del país que se han saldado con al menos 60 detenidos. En paralelo, más de la mitad de los diputados habían solicitado al rey la destitución de Al Mulki, a pesar de que el Parlamento no se encuentra reunido durante el mes sagrado musulmán.

La reforma impulsada por recomendación del FMI—que concedió en 2016 un préstamo de unos 620 millones de euros para aliviar una tasa de deuda pública del 94% del Producto Interior Bruto—implicaba un incremento de la presión fiscal del 5% para los contribuyentes, al rebajar los ingresos mínimos sujetos a declaración de la renta hasta los 8.000 dinares (unos 9.700 euros) anuales y elevar el tipo del Impuesto de Sociedades hasta el 40%. Las repercusiones de las medidas económicas dispararon también el precio de la electricidad, el agua y los combustibles.

Las directrices del Fondo ya se plasmaron en los presupuestos de 2018 mediante la imposición de tributos a decenas de productos básicos hasta entonces subvencionados, así como en la subida del transporte público. El precio del pan llegó a duplicarse la pasada primavera. El malestar social no ha dejado de crecer en uno de los países árabes con el coste de la vida más elevado. Madrid y Barcelona, por ejemplo, ocupan el puesto 34 en la lista de ciudades más caras elaborada por The Economist Intelligence Unit, sobre un total de 133 urbes de todo el mundo, mientras Amán se sitúa seis escalones por encima, en la posición 28.

El reino transjordano ha podido mantenerse como un islote relativamente en paz en medio de la tempestad de Oriente Próximo gracias al apoyo de Estados Unidos y los países europeos, a su relación bilateral con Israel, y el respaldo financiero de las monarquías del Golfo. La contribución a la derrota del yihadismo de Amán, que ha ofrecido sus bases a la coalición internacional contra al Estado Islámico encabezada por Washington, ha sido determinante.

Como reverso, la economía de Jordania ha tenido que pagar el precio de absorber a más de un millón de refugiados sirios, de los que solo 600.000 están registrados por las agencias humanitarias de la ONU. Este aluvión de mano de obra, al que se añaden cientos de miles de inmigrantes egipcios e iraquíes, ha disparado la tasa de desempleo por encima del 18%, mientras una quinta parte de la población se sitúa por debajo del umbral de la pobreza. La pérdida de poder adquisitivo de las clases medias urbanas se ha traducido ya, según las cámaras de comercio jordanas, en una caída de las ventas del 20% durante las celebraciones de Ramadán, en las que tradicionalmente suele incrementarse el consumo.

El poder efectivo sigue concentrado en manos del monarca hachemí, a pesar de las promesas de reformas políticas prometidas al inicio de la primavera árabe para intentar contener el avance de la ola revolucionaria que se desencadenó en 2011. Después de 19 años en el trono, Abdalá II arbitra sobre la política de Amán para mantener un complejo equilibrio entre organizaciones empresariales y gremiales, grupos tribales beduinos y la diáspora palestina asentada en la orilla oriental del Jordán. En el fragmentado Parlamento jordano, al que regresaron hace dos años los Hermanos Musulmanes después de haber boicoteado las dos anteriores legislaturas, nadie discute la supremacía del rey, quien de tanto en tanto deja caer a algún jefe de Gobierno para que la monarquía no se vea desbordada por las protestas.