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La injusticia contra los más pobres de India: “Le mataron como a un perro”

La decisión de revisar una ley que protege contra atrocidades a las castas bajas reabre el debate sobre la discriminación positiva

Raju Aage, de 55 años, enseña la fotografía de su hijo asesinado.
Raju Aage, de 55 años, enseña la fotografía de su hijo asesinado.

“Le partieron los brazos delante de la escuela y quemaron sus extremidades antes de colgarle de un árbol para que pareciese un suicidio”, relata Raju Aage, de 55 años, junto a la fotografía de su hijo ahorcado. Nitil, nació en una familia Mahar, una de las múltiples castas dalits ('intocables'), condenada a trabajar el campo sin poseer la tierra. Aunque salió del círculo de la pobreza y estudió, su futuro se acabó a los 17 años; cuando empezó a tener trato con una chica de una casta superior en Jamkhed, 200 kilómetros al noreste de Bombay. En 2017, tres años después del brutal asesinato, el caso se cerró con la absolución de los acusados, entre ellos el hermano de la chica. “Le mataron como a un perro y nadie va a hacer justicia”, resume el padre. El de Nitil no es un caso aislado en India. Según datos de los últimos años, se registra un crimen contra un 'intocable' cada 15 minutos y más del 70% de los casos terminan con la absolución de los acusados.

Discriminados durante milenios, los cerca de 160 millones de 'intocables' acaso sobreviven bajo la protección de leyes diseñadas para equilibrar el trato desigual de una cultura que los condena a vidas inhumanas y denigrantes. Entre ellas, la Ley de Prevención de Atrocidades contra Castas y Tribus; que estipulaba la detención sin libertad bajo fianza de cualquier sospechoso de haber atacado a alguno de sus miembros. Sin embargo, el Tribunal Supremo de India decidió revisar la norma el mes pasado. Las nuevas directrices establecen que los funcionarios públicos solo puedan ser arrestados con permiso de la autoridad que les nombró, y que los empleadores privados únicamente puedan ser detenidos por orden del superintendente de policía de la comisaría correspondiente. A principios de semana, miles de 'intocables' participaron en una ola de protestas violentas que causaron nueve muertos y numerosos altercados al norte del país, en estados con alta presencia de castas bajas y desempleo.

“La decisión del Tribunal no es discriminatoria de por sí, pero se pone del lado de las castas altas hindúes. La gente ha perdido la paciencia y quieren demostrar su fuerza a una administración de la que desconfían”, explica a El País Prakash Y. Ambedkar, abogado y representante dalit. Ya a principios de 2018, el también líder del partido nacional Bharipa Bahujan Mahasangh (BMM) llamó a una huelga estatal en Maharashtra a raíz de los incidentes violentos entre hindúes extremistas de castas altas y grupos de 'intocables'. Tras los disturbios, centenares de dalits fueron arrestados y ningún miembro de las castas altas fue detenido. “En este contexto, las decisiones judiciales solo añaden más leña al fuego. La gente teme que esto sea el principio de políticas orientadas a cambiar el sistema de reservas”, argumenta Ambedkar, nieto del célebre líder dalit que consiguió incluir un modelo de protección para los más desfavorecidos en la constitución de India.

La lucha de los 'intocables' frente a la opresión de la mayoría es tan vieja como la propia democracia de India. El sistema de reservas de plazas para las castas bajas en las instituciones públicas, junto con prohibición constitucional de la discriminación de los 'intocables' y la propia Ley de Prevención de Atrocidades contra Castas y Tribus, son los principales baluartes legales que protegen a estas comunidades dentro de su democracia moderna frente a un sistema de opresión perpetuado por el hinduismo radical.

Fotografía de Nitil, hijo de Raju Agae, después de ser ahorcado.
Fotografía de Nitil, hijo de Raju Agae, después de ser ahorcado.

 Ante la ola de violencia y las críticas de la oposición, el gobierno del partido Bharatiya Janata Party (BJP), que gobierna en coalición con grupos de extrema derecha hindú en algunos estados del norte del país, ha pedido al tribunal que revise su decisión. “La decisión del gobierno es electoralista. No quieren perder los votos de estas comunidades para las próximas elecciones pero desoyen a la mayoría”, critica antiguo miembro del partido gobernante Sudheendra Kulkarni. “La decisión del tribunal solo intenta prevenir el mal uso de la misma sin reducir la necesaria protección de los más vulnerables. La idea de que se está debilitando la ley es infundada”. Desde su tribuna en el diario local Indian Express, el comentarista político y actual asesor del ex Primer Ministro Atal B. Vajpayee ha dado cuenta de algunos casos en los que la norma se usó para acusar y perseguir a personas que no habían cometido ningún delito.

Algunos sectores de la sociedad india entienden que la discriminación positiva establecida por estas leyes fomenta mayor división. “Hay muchas otras castas y comunidades que piden tener un sistema de reservas. Y sus demandas son justificadas porque sus miembros también tienen dificultades para ser admitidos en colegios y empleos públicos”, insiste Kulkarni, quien considera que se ha reducido significativamente las prácticas discriminatorias hacia los intocables en India.

Lejos de reducirse, los crímenes registrados contra dalits aumentan cada año. Según los últimos datos de la Oficina Nacional de Registro Criminal (NCBR, en sus siglas en inglés), hubo 40,801 denuncias de delitos de este tipo en 2016; un 5,5% más que el año anterior. Peor aún son las cifras relacionadas con las mujeres de estas minorías, que concentran la mayor parte de los crímenes en una sociedad tan segregada como machista. “Las violaciones, los abusos, las venganzas familiares, impunidad y la falta de acceso a la educación son constantes. El gobierno no hace más que agravar la situación de marginación en que vivimos”, se queja Asha Kowtal, líder del Movimiento en Defensa de la Mujer Dalit (AIDMAM, por sus siglas en hindi).

Aunque los datos de las denuncias puedan ser un reflejo de una mayor concienciación social y efectividad de la ley, la aceptación de las castas más bajas en India sigue siendo un problema. Según la encuesta sobre desarrollo humano realizada por el Consejo Nacional de Investigación Económica en 2015, el 27% de las casas del país (un tercio, en el caso de los hogares hindúes) mantienen prácticas de discriminación hacia los 'intocables' y solo un 5% de la población se atreve a contraer matrimonios entre diferentes castas.

Los expertos coinciden en el reto de crear más justicia económica y social para toda la sociedad. “Hay que preguntarse por qué los bienes de consumo tienen unos precios tan bajos en India. Esto se debe a los salarios inhumanos que las castas bajas reciben por su trabajo. El deshumanizador sistema de castas ha encontrado su mejor aliado en el sistema económico”, argumenta, Paul Divakar, presidente de la Campaña Nacional para los Derechos de los Dalits (NCDHR, por sus siglas en inglés), quien planea nuevas manifestaciones. “No vamos a parar en nuestras demandas. Las leyes de defensa de los derechos de los dalits es uno de los mayores logros de nuestra lucha por la emancipación. Esto es un nuevo retroceso de la democracia india”.

Los baluartes legales de los desfavorecidos en India: el sistema de reservas

La abolición de las castas, la Ley de Prevención de Atrocidades contra Castas y Tribus, y el sistema constitucional de reservas son los principales mecanismos legales de protección de los marginados en India.

Después de ver India post-colonial partida en diferentes naciones a causa de la ambición política de algunos dirigentes, de la que nació Pakistán y Bangladesh, Gandhi se opuso con vehemencia a conceder a los 'intocables' privilegios similares a los que tuvieron en su momento los musulmanes. Los Acuerdos de Pune (1932) ratificaron su postura: un modelo de escaños reservados para los representantes de los dalits, pero elegidos por todos los votantes. El icónico líder dalit, B. R. Ambedkar, se plegó a la voluntad de Gandhi.

Sin embargo, Ambedkar, primer 'intocable' en alcanzar puestos de poder y padre de la constitución india, diseñó los artículos de la carta magna que habrían de salvaguardar a su comunidad así como un sistema de reservas que garantizase el acceso igualitario de los más desfavorecidos del país a las instituciones públicas. Así, las escuelas, universidades y empleos públicos deben reservar el 15% de sus puestos para las castas más bajas del país (SC), el 7,5% para las tribus (ST), y el 27% para miembros de clases desfavorecidas (OBC).

Sin embargo, los últimos datos del informe la Comisión Nacional de las Castas, demuestran ni siquiera el 1% de las familias pertenecientes a estas comunidades tienen empleos públicos mientras que la educación de los 'intocables' continúa estando por debajo de la ya pobre media nacional.

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