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Netanyahu suspende un acuerdo con la ONU para deportar a 16.250 inmigrantes africanos tras anunciarlo

Italia y Alemania, que estaban entre los países de acogida, niegan cualquier implicación en el acuerdo

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, este lunes en Jerusalén.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, este lunes en Jerusalén. REUTERS

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha anunciado este lunes que había llegado a un acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para deportar al menos a 16.250 inmigrantes irregulares africanos a terceros países occidentales. Pocas horas después, el jefe del Gobierno suspendía la aplicación del pacto, según una nota publicada en su cuenta en Facebook. La decisión final queda aplazada a la espera de que el ministro del Interior, Ari Deri, se reúna este martes con los  representantes de las comunidades afectadas. 

“Se irán, entre otros a Italia, Alemania y Canadá”, había revelado el líder israelí en Jerusalén. Sin embargo, horas después, el Ministerio de Exteriores italiano ha negado cualquier participación. "No hay ningún acuerdo con Italia en relación al pacto bilateral entre Israel y ACNUR para acoger inmigrantes africanos de Israel", confirmaron a Efe fuentes oficiales. Un portavoz del Ministerio del Interior alemán también ha asegurado que no tiene ninguna información acerca de un plan para reasentar migrantes africanos de Israel a Alemania.

Israel, por su parte, se compromete a trabajar para garantizar un estatuto oficial a los 18.000 que se estima que permanecerán en Israel, los cuales serán repartidos a lo largo del país y a los que el Gobierno ayudará a adquirir la formación necesaria para que puedan encontrar trabajo. De eso se encargará una oficina creada expresamente para ello, dirigida por el político Avigdor Yitzhaki que, además, será la encargada de rehabilitar el sur de Tel Aviv, el lugar donde se concentran la mayoría de los inmigrantes africanos y principal foco de enfrentamientos con los residentes israelíes.

Según el comunicado que había sido hecho público este lunes por la oficina de Netanyahu antes de su suspensión, “el plan se divide en tres etapas que se desarrollarán a lo largo de cinco años, al final de los cuales, la vida diaria en el sur de Tel Aviv y sus alrededores mejorará significativamente”. El texto destaca además que se trata de un entendimiento que “permitirá la salida de Israel de más inmigrantes que el plan anterior y bajo los auspicios de la ONU y la comunidad internacional”. La responsable adjunta de ACNUR en Israel, Sharon Harel, prefiere no dar detalles aún sobre lo negociado, pero recientemente reconocía que llevan meses trabajando en alternativas para evitar que los irregulares acabasen en prisión. En otro comunicado la agencia de la ONU ratificaba lo anunciado por Netanyahu pero sin mencionar ningún país de acogida. "Este acuerdo asegurará que se proporciona la protección necesaria a aquellos que la necesitan" asegura en el texto del ACNUR Volker Türk, Alto Comisionado Auxiliar para la Protección, que este lunes firmó ln acuerdo por parte de la organización.

Netanyahu pretendía dar así carpetazo al proyecto previo que preveía la expulsión, vía deportación “voluntaria” o el encarcelamiento, para quienes no accediesen a ser deportados. La iniciativa, que básicamente consistía en poner a los inmigrantes en la tesitura de aceptar dinero y un billete de avión a un tercer país africano, o ser encarcelados, fue denunciada por 150 afectados ante la justicia hebrea.

El pasado 15 de marzo, la Corte Suprema israelí congeló el controvertido plan del Gobierno al que dio de plazo quince días para aportar soluciones a diversas cuestiones que ponían en duda la legalidad de su política. Un plazo agotado por el Ejecutivo de Netanyahu para cerrar este acuerdo que, además, cuenta con el respaldo del fiscal general de Israel, según recoge el comunicado. “Cuando estuve en el sur de Tel Aviv y vi el sufrimiento de sus residentes, dijimos que resolveríamos el problema. Como la Corte Suprema nos prohibió mandarlos a un país donde no quisieran ir, tuvimos que buscar otra solución”, ha admitido Netanyahu.

El mismo tribunal fue el encargado, en agosto, de recordarle que solo las deportaciones voluntarias serían legales y que los irregulares —que entonces eran confinados en el centro de inmigrantes de Holot, en el desierto del Negev, en sur de Israel— solo podrían pasar allí doce meses. Una doctrina que impulsó al primer ministro a modificar la Ley de Inmigración para lograr cerrar ese centro de internamiento el 1 de abril. Las maniobras de Netanyahu precipitaron la notificación de expulsión o cárcel a miles de inmigrantes africanos, la mayoría varones de Eritrea y Sudán, y las primeras deportaciones voluntarias. Una situación que hizo estallar a un sector de la sociedad israelí.

Medios de comunicación israelíes denunciaron recientemente que algunos (no hay cifras exactas) de los 15.000 inmigrantes que fueron expulsados a partir de entonces con la promesa de un futuro mejor en esos países, nunca llegaron a la tierra prometida que esperaban. Se les retiró el pasaporte nada más llegar y se les expulsó de nuevo lo que les convirtió en presa de las mafias de tráfico de personas y terminaron cruzando el Mediterráneo para entrar irregularmente en Europa.

Una denuncia respaldada por ACNUR en Roma constató que, al menos en 80 casos, los inmigrantes que fueron voluntariamente deportados por Israel sufrieron ese negro destino. Según las cifras oficiales, en Israel quedan unos 38.000 inmigrantes irregulares africanos, de los cuales un 73% son eritreos y un 20% sudaneses.

La mayoría de inmigrantes irregulares en Israel, procedentes de países africanos, entraron al país entre 2005 y 2012. Llegó a haber unos 65.000 —según los datos que maneja la oficina de ACNUR en Tel Aviv —siendo el 2010 el año en el que más se disparó la inmigración ilegal por la frontera sur. Como parte de la política antimigratoria, el Gobierno hebreo ordenó la construcción de una valla —terminada en 2013— para sellar esa frontera. En 2014 implementó una política de deportaciones pactadas con terceros países, principalmente con Ruanda y Uganda, a base de incentivos económicos, duramente criticada y ahora finalmente descartada.

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