La sociedad civil israelí se moviliza contra la deportación de inmigrantes
El Gobierno de Israel fuerza a ilegales africanos a escoger entre la deportación o la cárcel mientras un sector de la sociedad se organiza para esconderlos
La disposición del Gobierno de Israel a deportar a los inmigrantes ilegales africanos ha puesto en pie de guerra a una buena parte de la sociedad del país. Varios pilotos de la aerolínea israelí, El Al, aseguran en medios hebreos que no llevarán “a inmigrantes hacia la muerte”. Un postura secundada públicamente por unos 400 actores, escritores y directores de cine además de centenares de médicos, maestros y rabinos. “Si es necesario los esconderemos para evitar su expulsión”, asegura la rabina Tamara Schagas en Jerusalén.
De hecho, ella, junto con otras dos rabinas -Susan Silverman y Nava Hefetz- se ha puesto manos a la obra para poner en práctica esa iniciativa. “Recibimos numerosos correos electrónicos de gente que quiere ayudar. Tenemos ya un listado de unas 200 personas dispuestas a ocultarlos en sus casas”, explica Schagas.
El perfil de los voluntarios es muy variado: jóvenes que se ofrecen a regresar temporalmente a casa de sus padres para poner su vivienda a disposición de los perseguidos, familias dispuestas a vivir un poco más apretadas o supervivientes del Holocausto. “Hay ofrecimientos por todo el país. Desde Rosh Pina, en el norte, hasta en los kibutzs del sur, cerca de Eilat. Estamos trabajando para conectarlos y organizar la acogida”, dice la rabina.
Según los datos que manejan, en Israel habría unos 50.000 ilegales africanos de los cuales 5.000 son niños y 7.000 mujeres. El gobierno los considera emigrantes económicos pero muchos proceden de zonas de conflicto como Sudan del Sur, Darfur o lugares donde apenas existen libertades, como Eritrea. Grupos de derechos humanos y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) denuncian que, en Israel, les es casi imposible lograr el estatus de refugiado. “Las peticiones se rechazan sistemáticamente. Desde el 2.009 sólo diez eritreos y un sudanés lo han logrado”, explica Sharon Harel, responsable adjunta de ACNUR en Israel..
Es el caso de Mutasim Alí, el único sudanés que lo ha conseguido. “Fue muy duro. Me costó siete años y medio de papeleos. Y aún tengo que renovarlo”, asegura por teléfono desde Ramat Gan. Hace quince días un conocido suyo, Abdalla, no pudo más y se quitó la vida. “El gobierno se equivoca y es frustrante porque hay vidas en peligro”, dice Mutasim.
Llegó en el 2009 desde Darfur, antes de que Israel erigiese la valla anti infiltración en el sur. Desde que la terminaron en 2013, la entrada de ilegales africanos cayó en picado. “Es cierto que en el sur de Tel Aviv hay mucha presión por la inmigración pero también hay un problema de inversión, de renovación de infraestructuras y abandono por parte de las autoridades con el que los ilegales no tienen nada que ver”, critica.
Se estima que en esa parte de la ciudad viven unos 15.000 inmigrantes ilegales africanos. Una realidad que no gusta a los vecinos y que ha hecho que el primer ministro hebreo, Benjamin Netanyahu, enmarque los planes de deportación dentro de lo que ha llamado “la misión de devolver el sur de Tel Aviv a los residentes israelíes”.
En esa línea, en 2014 el Gobierno implementó una política para reducir la presencia de inmigrantes en el país a través de acuerdos de acogida con terceros países como Ruanda y Uganda y de incentivos de 3.500 dólares (2.600 euros), para quienes aceptasen abandonar Israel “voluntariamente”.
Desde entonces, unos 15.000 inmigrantes ilegales fueron deportados y los que se negaron acabaron en el centro de internamiento de Holot, en el desierto del Negev. “Tenemos constancia de que, al menos, 80 de los que deportaron acabaron jugándose la vida para cruzar a Europa por el Mediterráneo. No se favoreció el retorno seguro. Se favoreció que fuesen víctimas de redes de trata de personas. No queremos ese destino para los 916 inmigrantes que hay en Holot”, asegura responsable adjunta de ACNUR en Israel.
El pasado mes de agosto, la Corte Suprema israelí dictaminó que los acuerdos con terceros países solo permitían la deportación voluntaria y que los inmigrantes retenidos en Holot no podían pasar más de 12 meses allí. Un revés para los planes de Netanyahu que, una vez más, se sacó un as de la manga para lograr su propósito: el pasado mes de diciembre logró enmendar la conocida como “ley anti infiltración” para dar luz verde al cierre del centro de Holot en tres meses.
Con ese panorama, la opción que se les ha dado a los inmigrantes es o firmar la deportación voluntaria o terminar en la cárcel. “Sabemos que de momento no se deportará ni a niños, ni a mujeres, ni a adultos con menores a cargo. Los de Holot han recibido la notificación y deben responder en 30 días. Al resto les darán 60 días”, explica Shagas.
El gobierno de Ruanda negó de nuevo esta semana que haya llegado a un acuerdo con Israel para percibir 5.000 dólares por inmigrante acogido, incluso en contra de su voluntad. “Da igual como se haga. Somos un pueblo que ha sido perseguido. Hemos sufrido ser refugiados. Como judíos, no podemos deportar. Es inmoral”, zanja la rabina.
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