La semana de violencia en la contienda electoral de Colombia

La tarde del viernes, Gustavo Petro, candidato a las elecciones presidenciales que se celebran en mayo en Colombia, tenía previsto realizar un acto de campaña en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela. El que fuera alcalde de Bogotá, representante de la izquierda y líder en intención de voto en las encuestas, tuvo que suspender su agenda por la confrontación que se produjo entre sus seguidores y detractores. La violencia del choque terminó en el coche del aspirante presidencial: varios impactos de proyectiles en una de las ventanas. El ataque está bajo investigación para determinar qué tipo de artefacto atravesó el cristal de un automóvil blindado acompañado de escolta policial.

El mismo día, el expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, partido conservador, intentó participar en un acto de campaña de apoyo a su candidato, Iván Duque en Popayán, en la costa del Pacífico colombiano. No lo consiguió. Los manifestantes contrarios al actual senador, que busca renovar su curul en las elecciones legislativas, fueron dispersados con gases lacrimógenos por la Policía con el apoyo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Estos son los dos últimos actos violentos que empañan la contienda electoral en Colombia que se dirime en tres fechas: las elecciones a la Cámara y el Senado del próximo 11 de marzo y en las presidenciales del 27 de mayo.

En Colombia se despierta el fantasma de los peores momentos históricos de un país en plena transición tras la firma de la paz con la ya exguerrilla de las FARC a finales de 2016. Por primera vez en más de medio siglo de guerra, la campaña no se centra únicamente en la seguridad. La miríada de candidatos debate desde hace meses sobre la salud, la educación, el empleo, la corrupción, cómo afecta a los colombianos la crisis de Venezuela y qué hacer con un acuerdo que pretende acometer, entre otras cuestiones, una reforma histórica y estructural del campo, donde viven más de ocho millones de colombianos.

Todos estos temas han estado guardados en los anaqueles políticos. Durante décadas, los votos iban al candidato que fuera capaz de prometerle a la población que podría recorrer las carreteras con tranquilidad. Y los presupuestos generales engrosaban la cartera de Defensa y a uno de los ejércitos más grandes y mejor preparados del continente.

Aquellos que se atrevían a hacer campaña, además, ponían en riesgo su propia vida en períodos donde el imperio de la ley en muchas regiones de Colombia lo regía el narco, los grupos paramilitares y las guerrillas. En los ochenta y los noventa, más de 3.000 integrantes de la Unión Patriótica, partido surgido de las negociaciones con las FARC con el presidente Belisario Betancourt, fueron asesinados provocando lo que se conoce como el genocidio de la UP.

En las elecciones presidenciales de 1990, cuatro candidatos fueron asesinados: Jaime Pardo Leal, de la Unión Patriótica; su sucesor del Partido Comunista Bernardo Jaramillo Ossa; Luis Carlos Galán, del Partido Liberal; y Carlos Pizarro, antiguo líder de la guerrilla M19, candidato por la Alianza Democrática M19.

"Reitero mi llamado a que las campañas políticas se desarrollen dentro del respeto por las diferencias y sin agresiones, y por supuesto sin violencia", dijo el presidente Juan Manuel Santos tras los incidentes del viernes. "Rechazamos y condenamos actos a través de los cuales se pretenda sabotear o impedir que los candidatos puedan presentar sus campañas, hacemos un llamado a todas las fuerza políticas a que condenemos y rechacemos ese tipo de actos", manifestó Guillermo Rivera, ministro de Interior. Al rechazo se sumó el procurador general, Fernando Carrillo, en Twitter: "La violencia no es el camino para defender la democracia; es el voto informado y limpio. La violencia como herramienta de oposición es una estrategia cobarde".

Por el momento, la violencia ha suspendido temporalmente la campaña de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido político con el que la exguerrilla de las FARC se presenta por primera vez a unas elecciones desde que entregaran las armas en agosto de 2017.