La justicia europea condena a Polonia por no luchar contra la contaminación
Varsovia no espera cumplir con la normativa comunitaria de calidad del aire hasta 2020
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado este jueves a Polonia por no cumplir la normativa comunitaria de calidad del aire. Esa norma impone unos límites de partículas contaminantes PM10 –llamadas así por su diámetro, inferior a 10 micras– que Polonia lleva desde la década pasada sin respetar. "Polonia no cumple los valores límite diarios y anuales aplicables a las concentraciones de PM10 en varias zonas y aglomeraciones", ha señalado el tribunal, ubicado en Luxemburgo. Además, los planes que tiene Polonia para luchar contra este problema establecen que las zonas afectadas no cumplirán con los límites de la normativa europea hasta la próxima década, en concreto, al periodo comprendido entre 2020 y 2024.
Esta condena no acarrea de momento una multa. Ahora, la Comisión Europea (si persisten los incumplimientos de Polonia) deberá llevar de nuevo el caso al Tribunal de Justicia de la UE con una petición de sanción. Y los jueces tendrán que establecer la multa.
La Unión Europea cuenta desde 2008 con una directiva en la que se marca los límites de partículas y de dióxido de nitrógeno que no se pueden superar. La entrada en vigor de todas las disposiciones de esta norma de calidad del aire se fijó para 2010. Y en casi todos los Estados de la UE hay núcleos de población en la que se incumplen los límites de partículas, de dióxido de nitrógeno o de ambos a la vez.
Cuando se producen los incumplimientos, los países de la UE están obligados a elaborar planes de mejora de la calidad del aire. En el caso de Polonia, donde se superan de forma regular los límites diarios de PM10 en 35 áreas y los valores límite anuales en nueve, el Gobierno aprobó sus planes de mejora. Pero el tribunal resalta en su sentencia que "los planes adoptados" por Polonia sitúan el fin de las superaciones entre 2020 y 2024. Es decir, "entre diez y 14 años después de la fecha en la que se comprobaron dichos rebasamientos".
Polonia alegó ante el tribunal que ese plazo tan amplio se debe a la "magnitud de las transformaciones estructurales necesarias para poner fin a las superaciones de los valores límite" y al "reto socioeconómico y presupuestario que suponen las inversiones técnicas de gran envergadura que han de realizarse". Sin embargo, el tribunal considera que estas dificultades que alega Polonia no son suficientes para tardar tanto tiempo en cumplir. Sobre todo, cuando "una gran parte de las medidas previstas están destinadas a la sustitución de calderas individuales y colectivas por instalaciones más eficaces". Y por eso condena a Polonia.
España
En abril del pasado año, el Tribunal de Justicia de la UE condenó también a Bulgaria por el mismo motivo. Pero estos dos Estados no son los únicos que incumplen la directiva de calidad del aire.
El comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, se reunió a finales de enero con los representantes de nueves países que incumplidores: República Checa, Alemania, Francia, Italia, Hungría, Rumania, Eslovaquia, Reino Unido y, también, España. El comisario les instó a presentar planes de calidad del aire para cumplir con la directiva. Y señaló que el siguiente paso que dará la Comisión (si esos planes no convencen a Bruselas) será llevar a todos esos países ante el Tribunal de Justicia, como ha hecho ya con Bulgaria y Polonia.
En el caso de España los problemas están centrados en Madrid y Barcelona y con el dióxido de nitrógeno, un contaminante procedente, en gran medida, del tráfico. Ambas ciudades cuentan con planes para cumplir con la normativa europea. En el de Madrid, la fecha establecida para que la ciudad no supere los límites establecidos en la directiva es 2020. En Barcelona, las medidas más estrictas de reducción de la circulación de los vehículos más contaminantes no está previsto que se apliquen hasta 2020. Ahora, la Comisaría de Medio Ambiente deberá decidir si esos plazos son suficientes o si decide, como en el caso de Polonia, llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. La decisión, previsiblemente, se tomará en marzo.
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