El deterioro de los derechos humanos en América Latina se intensifica
La violencia y la discriminación de las minorías se agravaron en la región según Amnistía Internacional
La protección de los derechos humanos sigue sin estar entre las prioridades de los mandatarios latinoamericanos. La violencia, la impunidad, los límites a la libertad de expresión y la discriminación de las minorías no solo no se redujeron sino que se intensificaron en la región, según el último informe anual sobre la situación de los derechos humanos de Amnistía Internacional.
Algunos gobiernos como los de Paraguay, Colombia o Puerto Rico (EE UU) recurrieron el año pasado a tácticas represivas como el uso indebido de la fuerza para silenciar las críticas. La región sufre un aumento alarmante del número de amenazas o ataques contra quienes defienden los derechos humanos o los periodistas. La impunidad sigue siendo la norma general y el factor clave en los países con más homicidios como Honduras, El Salvador, México, Brasil o Venezuela. La violencia ejercida contra la comunidad LGTBI, mujeres e indígenas continuó agravándose y la región mantiene la tasa de violencia no conyugal contra las mujeres más alta del mundo.
El deterioro de los derechos humanos en la región no se tradujo, sin embargo, en una caída del activismo social. Buenos ejemplos son las manifestaciones masivas en Argentina contra la desaparición del activista Santiago Maldonado o el movimiento social Ni una menos que denunció los feminicidios en varios países de la región. Amnistía celebra la sentencia del Tribunal Constitucional chileno que refrendó la despenalización del aborto en determinadas circunstancias, y la reforma del Código Penal boliviano que amplió significativamente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Aun así, seis de los siete países que hoy mantienen la prohibición total al aborto son de la región: República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam.
En México la violencia aumentó en todo el país, la cifra de homicidios (42.583; unos 117 diarios) fue la más alta de su historia. Las desapariciones forzosas, tanto con implicación del Estado como perpetradas por agentes no estatales, siguen siendo una práctica habitual alentada por la impunidad. Las detenciones arbitrarias por las fuerzas de seguridad siguen derivando en torturas e incluso en ejecuciones extrajudiciales. Por cuarto año consecutivo, las autoridades se negaron a publicar la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la Policía o el Ejército.
Derechos fundamentales como la libertad de expresión o de reunión sufrieron un grave retroceso en Venezuela. Más de 50 emisoras de radio fueron clausuradas y al menos 120 personas perdieron la vida en protestas multitudinarias. Los derechos políticos también han sido constantemente vulnerados y la disidencia, que no participó en la elección de la Asamblea Constituyente, es silenciada y fragmentada desde el Gobierno. La independencia judicial quedó una vez más en entredicho. La fiscal general Luisa Ortega Díaz fue destituida en circunstancias irregulares y decenas de civiles fueron procesados bajo jurisdicción militar. Cientos de personas sufrieron detenciones arbitrarias y los disidentes y defensores de derechos humanos fueron recluidos en condiciones extremadamente duras. La crisis alimentaria y médica que padece el país siguió agravándose. También aumentó drásticamente el número de venezolanos que solicitó asiló en el extranjero, principalmente en Brasil, Colombia, Estados Unidos y España.
El informe lamenta que el proceso de paz en Colombia no haya derivado en una mayor protección de los derechos humanos. A pesar de que las cifras oficiales indican que el número de civiles muertos en acciones militares o paramilitares ha descendido, en algunas regiones del país el conflicto parece haberse intensificado. Los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, y los activistas por los derechos humanos siguen siendo los que más sufren la violencia entre el Estado y las guerrillas colombianas. Amnistía confía en que los crímenes cometidos durante el conflicto armado no acaben quedando impunes. Las estadísticas oficiales del país no muestran una reducción de la violencia contra las mujeres y niñas, en especial la sexual. La organización también destaca que el Estado sigue ejerciendo un uso excesivo de la fuerza que en ocasiones causa la muerte de civiles.
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