“Los ponían en hilera y los mataban”

La muerte de 22 supuestos narcos a manos del Ejército en el poblado de Tlatlaya, al sur del Estado de México, el pasado 30 de junio sigue siendo un caso abierto y sangrante. Una testigo presencial, según una investigación de la revista Esquire, sostiene que, excepto un fallecido en el enfrentamiento previo, los 21 restantes fueron ejecutados a sangre fría por los militares tras su rendición. Este testimonio procede, según la citada publicación, de una de las tres mujeres que sobrevivieron a la matanza y que los militares anunciaron que habían liberado de un secuestro. La testigo niega haber sido raptada y asegura que fue coaccionada durante su detención policial. Fuentes gubernamentales vincularon a los abatidos con el cartel de La Familia.

La Procuraduría General de México, sobre la que recaen las pesquisas, señaló que la investigación sigue abierta y que hasta ahora no se han encontrado evidencias que sustenten las citadas acusaciones. La Secretaría de la Defensa Nacional declinó dar respuesta.

La versión primera del Ejército, contenida en un comunicado de 273 palabras, asegura que las muertes se produjeron durante un enfrentamiento con las tropas. En este relato se afirma que un convoy militar que inspeccionaba el terreno se topó por casualidad con una bodega custodiada por “personal armado” y que este, al ver a los soldados, empezó a disparar. El resultado fueron 22 “supuestos agresores” muertos y un militar herido sin gravedad.

Desde que la matanza se hizo pública las dudas han rodeado el relato oficial. El Gobierno, fiel a su parquedad informativa en todo lo relacionado con la guerra contra el crimen, no facilitó en su día identidades ni explicó qué hacían en aquel agreste lugar, a las cinco de la madrugada, los militares. Expertos en seguridad como Alejandro Hope, antiguo directivo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la agencia de inteligencia, destacaron a este periódico las inconsistencias de la versión oficial.

La versión primera del Ejército asegura que las muertes se produjeron por enfrentamiento 

La investigación de la revista, llevada a cabo por el periodista Pablo Ferri, se basa en el testimonio de la citada mujer, vecina de Arcelia y cuya identidad se mantiene en el anonimato para evitar represalias. Esta afirma que llegó a la bodega donde se encontraban los supuestos narcos sobre las diez de la noche del domingo 29 de junio. A eso de las tres de la madrugada, uno de ellos alertó de que había avistado un convoy militar. Poco después, los soldados alumbraron con un reflector las instalaciones. Empezó el tiroteo. Tras media hora de refriega, siempre según esta versión, se rindieron. En el enfrentamiento perdió la vida un supuesto narco. Otro quedó herido así como una muchacha de 15 años, llamada Erika Gómez González.

Tras entregar las armas, empezaron los interrogatorios. Así describe la superviviente lo ocurrido entonces: “Ellos ­[los soldados] decían que se rindieran, y los muchachos pedían que les perdonaran la vida. ‘Con que muy machitos, hijos de su puta madre. Con que muy machitos’. Así les decían los militares, cuando ellos salieron. Todos salieron y se rindieron (…). Entonces les preguntaron cómo se llamaban, y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían ‘esos perros no merecen vivir’ (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban (…) Se escuchaban los quejidos, los lamentos”.

Los dos heridos, incluida la chica, también fueron asesinados, siempre según esta versión. “La mataron ahí mismo y también al muchacho que estaba al lado de ella. A él lo pararon y lo mataron, y lo volvieron a acomodar como estaba. Con ella, que no podía caminar, hicieron lo mismo”, afirma la superviviente. Esta salió viva junto a otras dos mujeres que dijeron haber sido secuestradas.

Por la mañana, pasadas las siete, llegaron los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a cuyas dependencias fue llevada la mujer. Posteriormente se la trasladó a la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de la Delincuencia Organizada. No fue puesta en libertad hasta el domingo siguiente. Durante su detención, ella sostiene que pasó tres días sin comer y que fue coaccionada para que vinculara a los fallecidos con organizaciones criminales.

A las dos semanas de la matanza y ante las informaciones que ponían en duda la versión oficial, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México emitió un comunicado en el que descartaba la posibilidad de una ejecución, negaba que se hubieran registrado disparos a corta distancia y aseguraba que el intercambio de tiros fue “proporcional”.

El ejército ha logrado éxitos, pero también duras críticas de las organizaciones de derechos humanos

“La investigación arroja que los efectivos militares repelieron una agresión real, actual e inminente y sin derecho por parte de los 22 miembros del grupo delictivo, sin que haya mediado provocación del personal castrense”, concluía la Procuraduría estatal.

El relato de esta testigo vuelve a poner sobre el tapete el cuestionado papel de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen. Cerca de 40.000 militares están movilizados en estas tareas. Con una gran potencia de fuego y menos vulnerables a la corrupción, el ejército ha logrado sonoros éxitos, pero también duras críticas de las organizaciones de derechos humanos. El relator especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Christof Heyns, ha alertado de los excesos de la “represión militar” y de la falta de una “rendición de cuentas por los atropellos cometidos”. Para Heyns, México sufre una situación de “impunidad sistemática y endémica”. “Solo del 1% al 2% de los delitos, incluidos los homicidios, dan lugar a sentencias condenatorias”, señala. Los militares, además, gozan de la ventaja de ser juzgados en cortes militares en casos de delitos contra civiles.

La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un organismo estatal mexicano, ha reconocido la gravedad del problema. “Las Fuerzas Armadas no se limitan únicamente a actuar como apoyo a las autoridades civiles y a aceptar sus órdenes, sino a realizar tareas que corresponden exclusivamente a las autoridades civiles”, sostiene la comisión.