Un brutal asesinato reaviva el debate de la pena de muerte en Chile
La muerte de una niña de un año y 11 meses abre una controversia que parecía zanjada. El país lleva más de 30 años sin ejecutar una pena capital
Con el Congreso en receso por la temporada estival, la actividad política en Chile estos días se centra casi exclusivamente en los preparativos para el 11 de marzo, día en que Sebastián Piñera (centroderecha) asumirá el Gobierno como sucesor de Michelle Bachelet. Sin embargo, un crimen con gran repercusión mediática reavivó un debate que parecía olvidado: la restitución de la pena de muerte, que se dejó de utilizar hace 30 años.
Fue a finales de enero cuando la pequeña Sophia, de un año y 11 meses, murió tras los reiterados golpes y abusos de su padre. Aunque inicialmente la madre informó de que la lactante había sufrido un impacto accidental, los informes médicos preliminares dan cuenta de lesiones previas con intervención de terceras personas.
Según se supo en la audiencia en que Francisco Ríos Ríos fue acusado de parricidio y violencia intrafamiliar, él habría agredido a la niña aplastándola y dañando seis de sus órganos. Después de que el sujeto quedara en prisión preventiva mientras dura la investigación, la jueza Teresa Mora, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, explicó que si bien la pena de muerte está derogada en Chile, los tratados internacionales que impiden reinstaurarla plantean una excepción para países en los que sigue existiendo. "En el caso de Chile, como permanece vigente en el Código de Justicia Militar, se podría restablecer la pena de muerte", explicó la magistrada.
La brutalidad del crimen contra la lactante generó malestar general en la ciudadanía de Chile e incluso se articuló un movimiento pidiendo una "Ley Sophia" que endurezca las penas a quienes agredan a menores de edad. Aunque rápidamente se empezó a difundir la idea de instaurar la pena de muerte para estos delitos, desde el movimiento que apoya una "Ley Sophia" se han empeñado en decir que ello sería "un retroceso" y, como explicó la vocera de esta agrupación Silvana Tobar en radio Cooperativa, se aspira a una cadena perpetua efectiva y la pérdida de beneficios carcelarios. "Queremos que estas personas estén su condena completa en la cárcel sin ningún tipo de beneficios (...) también estamos optando por la castración química", dijo.
Sin embargo, la idea de ejecutar a cierto tipo de criminales reabrió el debate. El exprecandidato presidencial y senador Manuel José Ossandón (derecha) manifestó su indignación por el caso en Facebook y planteó que "con la pena de muerte, los niños no volverán, el daño no se reparará, pero al menos con nuestros impuestos no alimentaremos a estas bestias ni existirá riesgo de fuga alguna", aunque reconoció que la moción es "imposible".
Un grupo de cinco diputados de la UDI (partido de la derecha conservadora alineado con Sebastián Piñera) solicitó al presidente electo que cuando asuma el Ejecutivo realice un plebiscito sometiendo a consulta el restablecimiento de la pena de muerte. "Hay seres humanos que no merecen ser alimentados y encarcelados", se lee en la carta que además aclara que la consulta debiera ser no vinculante y restringida a delitos extremos, crueles y sangrientos contra menores. El partido se desvincula de la moción y advierte que corresponde al interés personal de los parlamentarios.
En medio del debate, el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha planteado su disconformidad con la iniciativa. La vocera Paula Narváez, reconoció que esperan "las penas más altas" contra el agresor, pero clarificó que "la pena de muerte no resulta ser una medida disuasiva". Lorena Fries, subsecretaria de Derechos Humanos, fue más enfática: "No a la pena de muerte. Y punto. Está todo dicho. Los que estarán en el Gobierno y en el Parlamento tienen que actuar con responsabilidad y respeto a los derechos humanos".
Más de 30 años sin pena de muerte
El 29 de enero de 1985 se ejecutó a las últimas dos personas en Chile como parte de una condena a pena de muerte. Se trató de los dos exfuncionarios de Carabineros Jorge Sagredo y Alberto Topp, considerados culpables por el asesinato de una decena de mujeres en el balneario de Viña del Mar en un caso que se conoció como el de los psicópatas de Viña.
Otro caso muy sonado fue el de Jorge del Carmen Valenzuela Torres, de origen humilde y conocido como el Chacal de Nahueltoro, quien en 1960 asesinó a su pareja y los cinco hijos de esta. Mientras esperaba su ejecución, Valenzuela se acercó a la religión, aprendió un oficio y se arrepintió, pero no logró obtener un indulto del presidente Jorge Alessandri y fue fusilado en abril de 1963. La historia fue llevada al cine en 1969 y hasta hoy se utiliza para discutir sobre la rehabilitación y el arrepentimiento de criminales.
Para civiles, la pena capital fue derogada en 2001 por el entonces presidente Ricardo Lagos, que la reemplazó por el presidio perpetuo calificado, que establece que quien cumpla este castigo no puede optar a libertad condicional hasta que transcurran 40 años de privación de libertad efectiva. En la justicia militar, en tanto, sigue estando vigente durante tiempos de guerra.
