Muere el expresidente del Supremo de Guatemala José Arturo Sierra tras ser atacado a balazos

Al filo del mediodía de este viernes, en un barrio residencial del sur de la capital guatemalteca, fue asesinado el expresidente del Supremo José Arturo Sierra, en un hecho todavía no esclarecido. Una de las hipótesis que parece ganar fuerza, es que se trata de un asalto que salió mal. Tras el ataque, Sierra fue llevado al Hospital Roosevelt, el más importante de Guatemala, donde murió a las 12:15 locales (18:15 GMT), según confirmó una fuente de la oficina de prensa del centro.

El portavoz de la Policía Municipal de Tránsito, Amílcar Montejo, ha explicado que los hechos tuvieron lugar en la zona 11 de la capital, cuando el exmagistrado fue víctima de un ataque armado. Hombres armados se acercaron en moto a su coche y abrieron fuego, según la prensa local. Por el momento, las autoridades, que se han desplazado al lugar de los hechos para recabar pruebas, no han precisado si se trata de un ataque contra Sierra o si fue víctima de un atraco, ni tampoco han informado sobre ninguna detención.

Sierra, que cumpliría 75 años en marzo, era un abogado de larga trayectoria en el foro guatemalteco. Amén de presidir el Supremo entre octubre de 2013 y el mismo mes de 2014, fue magistrado del Constitucional y presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Tres acontecimientos marcan el último viernes de enero

Con el asesinato del exmagistrado, son tres acontecimientos los que han marcado el último viernes de enero. Lo ocurrido llega como colofón a una semana de intensa actividad de la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que desde el miércoles intensificó su accionar en contra de las mafias que mantienen cooptado el poder en Guatemala y que concluyó con varios de ellos, algunos de apellidos de alcurnia, en prisión provisional o en calidad de prófugos.

Desde las primeras horas del viernes, la Policía detuvo al exministro de Defensa, general Williams Mansilla, acusado de abuso de autoridad, peculado por sustracción y enriquecimiento ilícito. El delito alcanzó dimensiones de escándalo al establecerse que la cúpula militar autorizó para sus máximos jerarcas un pago mensual llamado 'bono de seguridad', del cual era beneficiario, incluso, el presidente Jimmy Morales, en su calidad constitucional de comandante en jefe de las fuerzas armadas. Se trata, entonces, de un delito evidente en contra del presupuesto de la institución armada, del que el exministro tendrá que rendir cuentas.

El tercer suceso del día fue la remoción del ministro de Gobernación (Interior), Francisco Rivas, uno de los pocos funcionarios de Morales que presenta resultados positivos en su gestión. Dos teorías pretenden explicar el motivo de su cese. El primero de ellos, la intención anunciada semanas atrás por el propio Rivas, de convertirse en el próximo Fiscal General de la Nación, en sustitución de Thelma Aldana, cuyo periodo vence en mayo. La segunda es que el Ministerio del Interior es una de las carteras más apetecidas por funcionarios que están contra la pared por las investigaciones de la Fiscalía y la CICIG, donde quieren colocar a un funcionario que responda a sus intereses.

"De alguna manera, la destitución de Rivas puede interpretarse como una jugada de los sectores conocidos como 'el pacto de corruptos' dispuestos a recuperar el poder. Estaría enmarcado en el reagrupamiento y redistribución del poder que existe en el Gobierno a partir de ese acuerdo que se dio entre políticos y dirigentes del sector privado, que no aceptan que el derecho penal pueda aplicarse a los ricos", dijo a EL PAÍS el analista independiente Luis Linares, de la Asociación de investigación y Estudios Sociales (Asíes). "En dos platos, fortalecerse en el poder y hacer que fracase la lucha contra la corrupción", apostilló.

"El cambio en el Ministerio de Gobernación es una mala señal. El equipo de Rivas era un equipo joven con ideas frescas y con una visión estratégica del combate a la criminalidad", comenta el analista Edgar Celada, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac). Rivas, recuerda, mantuvo un alto nivel de coordinación y cooperación con la Fiscalía, que permitió alcanzar buenos resultados.

El experto comenta que desde el inicio del gobierno de Morales, la cartera de Gobernación ha sido una fruta muy codiciada por un grupo de militares retirados, de dudosos antecedentes. "Lo de hoy da pie a sospechar que finalmente se impuso la línea del reposicionamiento de los sectores más conservadores. Así, se termina de romper la relación entre esta administración y la Fiscalía. Es una perdida para el país", concluye.