“La involución en la lucha contra la impunidad planea sobre Guatemala”

Desde su proclamación en 1821 como Estado, Guatemala ha sido uno de los países más desiguales del mundo hasta llegar a situarse en la casilla 14 del ránking de naciones con mayor diferencia de ingresos, según cifras del Banco Mundial. A la consolidación de un sistema con poca movilidad social y el férreo control de las élites sobre el Gobierno, se ha sumado la emergencia de mafias que han cooptado sectores clave de las instituciones y las han puesto a su servicio. El desbarajuste llegó a tal extremo que Estados Unidos lo ha considerado como un peligro para su propia estabilidad. Ante ello y con el apoyo de la ONU, la primera potencia mundial respaldó la creación en 2006 de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La llegada al país del prestigioso magistrado colombiano Iván Velásquez (Medellín, 1955) al frente de la Comisión en 2014 parecía ser el punto de arranque de un proceso prometedor. La Cicig marchaba sobre ruedas hasta que las investigaciones alcanzaron a empresarios, militares de alto rango, políticos y sus familiares, entre ellos un hijo y el hermano del presidente guatemalteco, Jimmy Morales, acusados de haber defraudado a Hacienda. Pero la gota que rebasó la copa fue la solicitud de Velásquez y la fiscal general, Thelma Aldana, el pasado agosto de despojar de su inmunidad al presidente para investigarle por delitos electorales. Entonces Morales desató una crisis política tras declarar persona non grata al magistrado y ordenar su expulsión del país, una medida que ha sido suspendida por la justicia.

Pregunta. ¿Es posible una involución en la lucha contra la corrupción?

Respuesta. Sí. Estamos en un momento que podría ser incluso definitivo para un proceso que podríamos calificar de liberación del Estado de la captura a la que ha sido sometido por parte de las redes criminales. Hay una reacción fuerte en contra de la lucha para eliminar la corrupción. Si estos sectores logran frenar este proceso, se podrían perder décadas en la construcción de un mejor país.

Esto lo saben muy bien quienes se oponen tan férreamente a la lucha contra la corrupción. En algunos foros he escuchado que esta es la batalla final y que si las mafias pierden esta batalla perderán la guerra. En consecuencia, están dispuestos a hacer lo que sea necesario por salir victoriosos. Saben perfectamente cuáles serían las consecuencias de perder la impunidad con que actúan.

P. ¿Qué pasos considera necesarios para neutralizarlos?

R. Será determinante la elección del nuevo fiscal general. Creo que su escogencia será un tema casi definitorio. De acuerdo con el acierto que salga con su elección, podrá pensarse en el avance real o en el retroceso de la lucha por la recuperación del Estado. Porque un fiscal que no esté comprometido en la lucha contra la corrupción y la impunidad, o que sea un obstáculo para las acciones en ese sentido implicaría, si no un retroceso, sí una parálisis para el avance de las actividades realizadas.

P. ¿Tiene Guatemala instituciones lo suficientemente sólidas para enfrentar ese reto?

R. Es este momento son realmente débiles. Particularmente en el sistema de justicia, y en varios sentidos. El sistema de justicia es fácilmente permeable a las influencias, a las presiones, al control. Podría decirse que no es independiente de los otros organismos del Estado.

P. ¿Hay algún riesgo de que esto se traduzca, en el corto o mediano plazo, en el retiro de la Cicig del país?

R. Espero que esta situación no ocurra. Guatemala dio una muestra muy significativa de autocrítica, de humildad, cuando planteó la conformación de la Cicig. Mientras haya un interés y una esperanza, la comunidad internacional continuará su apoyo a Guatemala.

P. La labor de la Cicig hace que Guatemala sea vista como un paradigma, digno de ser replicado en otros países. ¿Ve factible el establecimiento de comisiones contra la impunidad en otras naciones?

R. Como una forma de colaboración de la comunidad internacional con un país específico, el modelo de la Cicig es provechoso. Naturalmente, tendría que acomodarse la manera como estén diseñadas las instituciones de ese país. Pero la idea central de tener un grupo de expertos internacionales, que con una experiencia multinacional en el combate del crimen organizado aporte a instituciones nacionales, sería de mucha utilidad.