El expresidente de Guatemala Otto Pérez será juzgado por corrupción

El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina y la que fuera su vicepresidenta, Roxana Baldetti, tendrán que responder ante los tribunales por los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y defraudación aduanera, determinó la tarde de este viernes el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del juzgado B de Mayor Riesgo.

En su larga exposición de motivos, que se prolongó dos días, el juez Gálvez señaló que Pérez, que estuvo en el poder desde el 1 de enero de 2012 hasta que se vio obligado a dimitir por un escándalo de corrupción el 2 de septiembre de 2015, y Baldetti, así como otros altos funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT, máximo órgano en materia fiscal) “tenían conocimiento de la defraudación aduanera”. Gálvez llegó a detallar que en tan solo cuatro meses, entre junio y septiembre de 2014, Baldetti alcanzó un beneficio personal de cinco millones de quetzales (unos 645.000 dólares).

La sentencia se enmarca en el caso La Línea, como se conoce al proceso judicial por corrupción que sacudió al establishment político guatemalteco, al tocar a las más altas esferas del poder. Salió a luz en abril de 2015 cuando una investigación de la Comisión Internacional Contra la impunidad en Guatemala (CICIG) involucró al todavía presidente, Otto Pérez, y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en una red de contrabando en las aduanas de Guatemala.

Los exfuncionarios deberán ahora enfrentar un proceso absolutamente inédito en la historia de Guatemala. “Se trata de un dictamen histórico porque involucra a un presidente y a su exvicepresidenta, algo sin precedentes en la historia jurídica del país”, dijo a EL PAÍS el exministro de Exteriores, Edgar Gutiérrez, para quien era previsible la conclusión del juez Gálvez. “Existían demasiados indicios para sustentar la decisión”, añadió.

En relación a cómo se desarrollará el juicio, que tendrá lugar en un ambiente político crispado por la confrontación que existe entre el presidente Morales y el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, y la fiscal General, Thelma Aldana, Gutiérrez opina que “no hay garantías de que lo que Guatemala ha avanzado en el combate a la impunidad en los últimos dos años, permita que el juicio se lleve a cabo con las garantías procesales para los implicados y la justa aplicación de la ley”.

Manfredo Marroquín, analista de Acción Ciudadana, (Transparencia Internacional) comenta que la decisión del juez Gálvez de someter a proceso por actos de corrupción a los exmandatarios es un mensaje positivo en el intento de acabar con la impunidad en Guatemala. “Es importante, pero no suficiente”, dice. “Lamentablemente, las estructuras corruptas dominan el sistema político a nivel del Organismo judicial y del Congreso (Legislativo). En consecuencia, habrá intentos de resistir el combate a corrupción y la impunidad”.

Junto a Pérez y Baldetti también quedaron sometidos a proceso 19 exfuncionarios de su Gobierno, la mayoría de ellos en prisión preventiva en el Cuartel Matamoros, convertido en cárcel VIP para los exfuncionarios del Gobierno del Partido Patriota.