El Gobierno de Túnez promete nuevas ayudas sociales para aplacar las protestas

Después de una larga jornada de reuniones con partidos y agentes sociales, el Gobierno de Túnez anunció la noche del sábado un aumento de las ayudas a las familias más necesitadas con el objetivo de apaciguar las tensiones sociales que han sacudido el país magrebí durante la última semana, y que se han saldado con una víctima mortal y más de 800 personas arrestadas. La actual crisis política ha coincidido con el séptimo aniversario de la caída del régimen de Ben Alí, que miles de personas han celebrado en la céntrica avenida Bourguiba de la capital del país, escenario a la vez de actos festivos y de marchas reivindicativas.

Según informó en una rueda de prensa el ministro de Asuntos Sociales, Mohamed Trabelsi, las ayudas mensuales a las familias más pobres pasarán de 150 dinares (50 euros) a un máximo de 210 dinares (70 euros), en función del tamaño de la unidad familiar. Se calcula que el coste total de la medida será cercano a los 70 millones de dinares (23,5 millones de euros), y que se beneficiarán de ella 120.000 familias. Además, el Gobierno se comprometió a avalar a unas 500.000 familias con ingresos bajos o inestables para que puedan recibir un préstamo hipotecario y acceder a una vivienda digna.

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Con estas medidas, el Gobierno espera poner fin a la ola de protestas iniciadas el pasado lunes, y que han combinado manifestaciones pacíficas diurnas con disturbios nocturnos en una veintena de ciudades del país. Sin embargo, incluso antes conocerse el paquete de ayudas sociales, las protestas violentas ya habían amainado, quizás como resultado de la amplia campaña de arrestos lanzada por las autoridades.

De momento, la plataforma Fesh nastanneu? (“¿A qué esperamos?”), impulsora de las movilizaciones, no ha ofrecido todavía una reacción oficial a la propuesta gubernamental. Una de sus portavoces informó a EL PAÍS de que los dirigentes del movimiento tenían previsto reunirse el domingo por la tarde para evaluar la situación y decidir si continuar con las protestas. El objetivo central de la plataforma es la retirada de la Ley de Presupuestos de 2018, al considerar que agrava el encarecimiento de los precios de productos básicos a causa de una subida de la presión fiscal.

Como cada 14 de enero, la avenida Bourguiba se ha convertido en el centro neurálgico de las actividades relacionadas con la conmemoración de la caída del régimen del dictador Ben Alí. Desde primera hora de la mañana, han ido desfilando por sus calles todo tipo de organizaciones vinculadas con la revolución: sindicatos, partidos políticos, asociaciones de víctimas, etc. Incluso hubo una concentración de hinchas de uno de los equipos de fútbol más populares de la capital, que encendieron bengalas, provocando la llegada de un escuadrón de agentes antidisturbios. Sin embargo, la jornada transcurrió con total normalidad y sin ningún conato de enfrentamientos o violencia.

La plataforma de Ennahda, el partido islamista que forma con Nidá Tunis un Gobierno de “gran coalición”, fue la más concurrida. Desde su tarima, se alternó la música con los discursos políticos, siempre con un tono positivo para destacar los logros obtenidos por la revolución. Por su parte, el progresista Frente Popular, siempre en las antípodas de Ennahda, congregó a centenares de personas en una manifestación de carácter reivindicativo. Los participantes hicieron suyo el eslogan popularizado por Fesh nastanneu? esta última semana: “El pueblo quiere la caída del Presupuesto”.

El partido islamista radical Hizbu Tahrir, que defiende la creación de un califato universal, también quiso estar presente en esta jornada, si bien su caseta se hallaba fuera de la avenida Bourguiba, separado del resto de partidos. Toda una metáfora de su condición de outsider del sistema político tunecino. Curiosamente, de los principales partidos políticos del país, el único que brilló por su ausencia es el que acumula un mayor poder institucional, Nidá Tunis, la fuerza a la que pertenecen el presidente Beji Caïd Essebsi y el primer ministro Yusuf Chahed.

En una calle paralela a la avenida Bourguiba, y frente a la sede del poderoso sindicato UGTT, una veintena de jóvenes graduados universitarios se encuentran acampados al aire libre para pedir al Estado que les dé trabajo. Ya llevan dos meses soportando las inclemencias del invierno tunecino. “Hoy debería ser un día de fiesta, pero no lo es. No estamos contentos. La revolución nos ha traído la libertad de expresión, pero otras demandas muy importantes como el derecho al trabajo, a la sanidad ... aún no se han cumplido”, lamenta Essam Barkawy, originario de Kaserine, la provincia donde un mayor número de personas perdió la vida durante la revuelta de 2011.