Una nueva ola de protestas se extiende por una decena de ciudades tunecinas
Las manifestaciones contra la subida de impuestos han desembocado en disturbios con la Policía
Convocados por la plataforma Fesh nastanneu? (“¿A qué esperamos?), varios centenares de personas se han concentrado este martes al mediodía en el centro de la capital tunecina para protestar por los aumentos de los precios recogidos en Ley de Presupuestos de 2018, y que abarcan desde la gasolina a las llamadas telefónicas o la compra de coches. La noche anterior se registraron protestas en al menos una decena de ciudades, la mayoría en regiones marginadas del interior, que desembocaron en disturbios con la Policía. En Tebourba, una localidad situada a unos 35 kilómetros de Túnez, murió un manifestante de 43 años por inhalar gas lacrimógeno, y en todo el país fueron arrestadas 44 personas, según el Ministerio del Interior.
Esta es la enésima ola de protestas sociales impulsadas por jóvenes desempleados desde que Túnes se desembarazó del régimen de Ben Alí en 2011, desencadenando las llamadas primaveras árabes. Aunque el país magrebí ha sido capaz de completar con éxito las principales fases de su transición democrática, habiendo celebrado ya varias elecciones libres, algunos de los males que llevaron a la caída de la dictadura continúan bien presentes. Los sucesivos Gobiernos electos no han sido capaces de reducir las hirientes desigualdades regionales, frenar la corrupción que gangrena la administración pública o aminorar el paro juvenil, que en algunas zonas se eleva al 40%.
Ante este panorama, la política de recortes del Ejecutivo para el nuevo año ha servido de acicate para la reaparición de las protestas. “¡El pueblo quiere la caída del presupuesto!”, fue uno de los eslóganes antigubernamentales más coreados en la manifestación. “El presupuesto condensa los problemas del país: el encarecimiento de los productos básicos, el paro, el deterioro de las administraciones públicas. Por eso, nuestra principal demanda es su retirada”, declara Wael Nauar, uno de los fundadores de Fesh nastanneu?, un movimiento social creado el pasado 3 de enero y que se ha extendido con rapidez entre la juventud tunecina más activa políticamente.
“Esta manifestación es también contra la represión policial. Simplemente, por haber escrito algunos comunicados y haber llamado a manifestaciones pacíficas, unos 50 de nuestros activistas han sido arrestados”, denuncia Nauar, un funcionario del Ministerio de Educación tocado con un viejo gorro de lana. Después de su discurso frente a la multitud, toma la palabra Zeinab Bin Ahmed, una activista de Tebourba, donde se produjo la única víctima mortal de la revuelta.
“La manifestación era pacífica hasta que la policía empezó a dispersarnos con gases lacrimógenos ... No es cierto, como ha dicho Interior, que Jomsi al-Yerfeni muriera como consecuencia de una enfermedad crónica. ¡Lo atropellaron frente a nuestros ojos!”, grita enfervorizada. “El Ministerio del Interior, es un Ministerio terrorista”, estalla la multitud al terminar su testimonio.
Limitado margen de maniobra para el Gobierno
La reacción del Gobierno se ha mantenido dentro de los parámetros habituales, combinando la criminalización de los manifestantes con algunas frases de compresión por el malestar de amplias capas de la sociedad tunecina. “La gente debe entender que la situación es extraordinaria, y el país pasa por dificultades, pero creemos que el 2018 será el último año difícil para los tunecinos”, aseguró el primer ministro, Yusuf Chahed, que recordó el asalto a un supermercado en una barriada de Túnez y los desperfectos causados en varios edificios públicos. “Por la noche, no hemos visto protestas, sino gente que rompe cosas, roba y agrede a los tunecinos”, declaró a la emisora Radio Mosaique.
El margen de maniobra del Gobierno es limitado. Después de siete años con un déficit público anual cercano al 10% del PIB para hacer frente a la caída de las inversiones extranjeras y el turismo, la deuda supera ya el 70% y amenaza con precipitar al país en la bancarrota. De ahí, la política de austeridad del Ejecutivo, que en 2016 firmó un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por valor de 2.400 millones de euros.
Por su parte, el principal partido de la oposición, el izquierdista Frente Popular, ha anunciado su intención de intensificar las movilizaciones para forzar un cambio de rumbo en las políticas gubernamentales.Sin embargo, su capacidad de presión es limitada, pues el Gobierno de gran coalición entre los islamistas de Ennahda y los conrservadores de Nidá Tunis goza de una cómoda mayoría en el Parlamento.
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