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La presidencia búlgara de la UE aparca el castigo a Polonia por violar el Estado de derecho

Los países del Este de Europa confían en que habrá una solución antes de llegar a la suspensión de derechos de voto

Claudi Pérez
Desde la izquierda: el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, el primer ministro búlgaro, Boyko Borissov, el presidente del Consejo, Donald Tusk y la ministra para la presidencia búlgara del Consejo, Lilyana Pavlova, este jueves en Sofía.
Desde la izquierda: el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, el primer ministro búlgaro, Boyko Borissov, el presidente del Consejo, Donald Tusk y la ministra para la presidencia búlgara del Consejo, Lilyana Pavlova, este jueves en Sofía.KRUM STOEV (AFP)

“Somos amigos de Polonia; compartimos el mismo pasado”. El presidente búlgaro, Boyko Borísov, recibe a la prensa europea en la inauguración de la presidencia rotatoria de la UE en el edificio en el que se reúne su consejo de ministros, de inconfundible aroma soviético. Es un secreto a voces que la apertura del duro procedimiento contra Polonia por violar el Estado de derecho tiene poco recorrido: requeriría unanimidad, y al menos Hungría –que transita por la misma peligrosa senda de propuestas legislativas que minan la separación de poderes— no parece dispuesta a apretar ese botón nuclear. Quizá Berlín y París, Madrid y Roma, piensan distinto, pero Borísov y su equipo expusieron este jueves con claridad que hay poco apetito en el Este por castigar a Polonia: “Habrá una solución antes de llegar a aplicar el artículo 7 porque desencadenar la suspensión de los derechos de voto sería un precedente muy grave”.

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“Tiene que haber dos consejos de ministros y dos opiniones de los servicios legales de las instituciones europeas antes de pasar al siguiente capítulo: un posible voto por parte de los líderes se iría más allá de esta presidencia”, añadió la ministra búlgara Yordanka Fandakova. Traducción libre: con la excusa del procedimiento, no habrá nada al menos hasta julio. E incluso para la segunda mitad del año “una votación en el Consejo Europeo sería una noche sin dormir y una pésima idea: encontraremos una solución antes”, explicó el primer ministro de centro derecha, que gobierna con el apoyo de los ultranacionalistas búlgaros, que entre otros asuntos han optado por la mano dura contra la inmigración. Esa es la Europa que viene: en varios países, los ultras están ya en Gobiernos de coalición. La presidencia de la UE, en manos de Bulgaria, está en manos de un Ejecutivo que ha encontrado la estabilidad con esa fórmula, que de alguna manera supone una banalización de la ultraderecha. Y la próxima presidencia (de Austria) contará con un Gobierno cortado con el mismo patrón.

Bulgaria entró en la UE en 2007. Tras una crisis de aúpa, presenta ahora unos números estupendos: crece cerca del 3%, tiene un desempleo de apenas el 6%, presenta superávit y una deuda pública de apenas el 26% del PIB, entre las más bajas de Europa. Tiene otros problemas: una renta per cápita que es aún en torno al 50% de la media de la UE, una dependencia enorme de los fondos europeos y unos feos niveles de corrupción (junto con carencias en asuntos como la libertad de prensa). Y 11 años después se enfrenta a su primera presidencia con un par de temas candentes: la reforma del euro (de la que apenas puede participar, porque sigue fuera de la moneda única aunque podría pedir la adhesión al euro en apenas unos meses), y la brecha Este-Oeste, que se resume a la perfección en el estridente problema polaco. Bruselas castigó el pasado diciembre a Polonia por sus graves incumplimientos del Estado de derecho. La Comisión Europea decidió pulsar por primera vez el llamado botón nuclear de la UE, de momento en fase de baja intensidad. Esa medida sin precedentes traslada ahora la presión a los Estados miembros, que deberán decidir si Polonia está violando los valores de la UE y, por tanto, si se suspenden sus derechos de voto. Tras dos años de dudas, la Comisión ha activado el artículo 7 del tratado europeo después de que el Gobierno de Varsovia culminara su controvertida reforma judicial, que pone en peligro la separación de poderes en el gigante del Este. Hungría transita por el mismo camino, aunque no se ha atrevido a ir tan lejos.

El fallecido Tony Judt entendió como pocos el complejo legado que dejó la implosión del comunismo en la Europa del Este y acertó al ver que esos países sometidos a la tiranía tendrían graves dificultades para adoptar los principios básicos de la democracia liberal. Cada vez más voces apuntan en Bruselas que la UE corrió demasiado con la ampliación. Polonia es el ejemplo más destacado de esa deriva; le sigue de cerca Hungría. Bulgaria está lejos de esas posiciones, pero no comparte la dureza de Bruselas para con Polonia. La Comisión, tras un largo tira y afloja, ha optado por proponer ese duro procedimiento. El presidente del Consejo Europeo, el conservador polaco Donald Tusk, ha ido aún más lejos en las últimas horas y ha asegurado que si Varsovia pierde (como parece) fondos europeos en los próximos presupuestos podría acabar en una deriva similar a la británica: “Puedo imaginar fácilmente una situación en la que, si algún día Polonia se encuentra entre los contribuyentes (netos), el gobierno polaco decidirá que es hora de preguntarles a los polacos si aún quieren Polonia en la UE y luego trabajarán duro para que lleguen a la conclusión de que es necesario despedirse de la Unión", ha asegurado en una entrevista a The Telegraph. “Tusk debería ser más neutral”, le reprochó Borisov ante la prensa de Bruselas, invitada en Sofía para la puesta de largo de la presidencia búlgara.

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Sobre la firma

Claudi Pérez
Director adjunto de EL PAÍS. Excorresponsal político y económico, exredactor jefe de política nacional, excorresponsal en Bruselas durante toda la crisis del euro y anteriormente especialista en asuntos económicos internacionales. Premio Salvador de Madariaga. Madrid, y antes Bruselas, y aún antes Barcelona.

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