Un juez bloquea la decisión de Trump de eliminar la protección de los ‘dreamers’

El juez William Alsup, del distrito con sede en San Francisco, rechazó los argumentos del Gobierno, que afirmaba que los jueces de distrito no tienen autoridad para decidir si el presidente ha actuado o no de acuerdo a la ley en su decisión de terminar con DACA. La decisión supone un importante revés judicial para Trump en un asunto que está tratando de explotar políticamente.

Trump llevó su frustración a Twitter, donde el miércoles por la mañana escribió: “Queda claro para todo el mundo lo roto e injusto que es nuestro sistema judicial cuando la parte opuesta en un caso (como DACA) siempre va al Noveno Circuito y casi siempre gana antes de ser revertido por cortes superiores”.

El Noveno Circuito al que se refiere Trump es la zona judicial con sede en San Francisco con jurisdicción para asuntos federales en todos los estados del Oeste. Las decisiones más polémicas de Trump han sido contestadas sistemáticamente con demandas de Gobiernos e individuos en California, Oregón, Washington y Hawái, estados dominados ampliamente por los demócratas, que controlan casi todos los espacios de poder desde hace dos décadas. Esas demandas van de oficio a la corte de San Francisco. Esa misma corte paralizó antes la amenaza de retirar fondos a las llamadas ciudades santuario que no colaboran en la deportación de indocumentados, y el veto migratorio a países musulmanes. En todos los casos han logrado frenar o reducir significativamente el alcance de las medidas de Trump.

El pasado mes de septiembre, la Casa Blanca anunció su intención de eliminar el programa DACA (siglas en inglés de acción diferida para personas llegadas en la infancia), una medida dictada en una orden ejecutiva del presidente de Barack Obama que básicamente protege de la deportación a inmigrantes irregulares que llegaron siendo menores, al considerarlos no responsables de haber cruzado la frontera. Cuando se aprobó no se sabía cuánta gente había en esa situación. Hasta el año pasado se habían aprobado casi 800.000 solicitudes. En Estados Unidos se calcula que hay 11 millones de indocumentados.

Después de meses de ambigüedad sobre el tema, delicado políticamente por la simpatía que despiertan los dreamers, Trump anunció que no se aceptarían más solicitudes a partir de octubre y que el programa sería eliminado en seis meses, es decir a principios de marzo. La decisión de Trump suponía que toda esa gente, que había dado todos sus datos al Gobierno federal para obtener la protección y que estaban trabajando o estudiando (requisitos para acogerse al beneficio), quedaría a merced de la policía de deportación. Las protestas recorrieron todo el país. El propio Partido Republicano está dividido en torno a esta cuestión.

Trump dejó claro pronto que lo que pretendía era utilizar a estos jóvenes como moneda de cambio para obtener el apoyo del Partido Demócrata a unos presupuestos en los que se incluya dinero para la construcción del muro fronterizo que prometió en la campaña. Sin los votos demócratas, el Gobierno no tendrá los 18.000 millones de dólares que se calcula que hacen falta para el muro. Trump pretende cambiar una cosa por otra. La decisión del juez de frenar llega precisamente en medio de estas conversaciones en Washington.

La decisión del juez Alsup afecta a varias demandas que fueron presentadas contra Trump, entre ellas las del Estado de California, la Universidad de California, varias administraciones locales de Silicon Valley e individuos particulares. La Casa Blanca no puede dejar a esos jóvenes sin protección mientras se están juzgando estas demandas. La consecuencia práctica más importante de la decisión es que el Gobierno está obligado de nuevo a aceptar solicitudes de renovación. Esas renovaciones serán por dos años y no pueden ser rescindidas mientras están en vigor.

Se trata de una nueva derrota judicial de otra de las medidas más impopulares del presidente Trump en su primer año, de nuevo a cargo de los estados y las ciudades que desde el principio prometieron poner todas las trabas posibles a la agenda más extrema del presidente.

La parte contraria, el Estado de California, salió el miércoles a celebrar su victoria por boca del fiscal general del Estado, Xavier Becerra. Uno de cada cuatro dreamers vive en California. Becerra celebró la decisión, que calificó como “un gran paso en la buena dirección” después de que la vida de los beneficiarios de DACA “fuera arrojada al caos” en septiembre. Ante la perspectiva de verse abocados a vivir huyendo de la policía o ser deportados a países que no conocen, los dreamers estaban tomando decisiones como dejar sus trabajos o sus estudios y prepararse para lo peor.

Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos, fue nombrado fiscal general de California precisamente en previsión de este tipo de batallas. El miércoles dijo en Twitter: “Estoy orgulloso de ser hijo de inmigrantes y por tanto nuestra lucha en el juzgado para proteger el DACA para los dreamers es también muy personal. Como me enseñaron con su ejemplo mi padre y mi madre, si te puedes levantar e ir a trabajar o a clase, ¡es un buen dia!”.