Un juez declara inconstitucional el veto de Arizona al estudio de la cultura chicana

Un juez federal de Phoenix, Arizona, ha dejado sin efecto definitivamente este miércoles una ley estatal de 2010 que intentaba prohibir en los colegios de un programa de estudios mexico-americanos. Según el juez, la ley fue aprobada por la mayoría republicana que ha domina la política de Arizona por razones de discriminación racial y política, y por tanto es inconstitucional.

La disputa ha durado siete años. El origen está en la decisión de Tom Horne, por entonces secretario de Educación del Estado, de impulsar una ley que prohibía los programas educativos que “promueven el derrocamiento del Gobierno de Estados Unidos; promueven el resentimiento contra una raza o una clase de personas; están diseñados primordialmente para alumnos de un grupo étnico en particular; defienden la solidaridad étnica en vez de tratar a los alumnos como individuos”.

Horne respondía así a la indignación que le causaron los comentarios de un profesor de estudios mexico-americanos en Tucson que dijo en clase que a los latinos no les gustan los republicanos. Según cuenta The Arizona Republic, Horne organizó una charla de una republicana de origen latino y los estudiantes respondieron tapándose la boca a modo de protesta. Por entonces, el 60% de los estudiantes de las escuelas públicas de Tucson era latino.

Un grupo de profesores de las escuelas públicas de Tucson presentaron una demanda contra la ley. En una primera instancia, el juez Wallace Tashima dejó la ley como estaba excepto en la parte que dice que los programas no pueden estar diseñados para un grupo étnico determinado. En el recurso posterior, la Corte de Apelaciones ordenó que la cuestión se llevara a juicio. En agosto, el juez Tashima sentenció que la ley había sido promulgada por razones raciales y políticas, lo que viola la Constitución.

Horne, que tras dejar el puesto en Educación pasó a ser el fiscal general de Arizona, reaccionó entonces con un comunicado: “Creo que es un ideal fundamental americano que todos somos individuos, con derecho a ser juzgados por nuestro conocimiento y nuestro carácter, no por la raza en la que resulta que hemos nacido”, dice la nota, citada por el Arizona Republic. “El papel adecuado de las escuelas públicas es unir a estudiantes de diferente origen y enseñarles a tratarse entre ellos como individuos. Esta decisión promueve un programa que hace lo opuesto: divide a los estudiantes por raza y promueve el chovinismo étnico”.

Este miércoles, el juez Tashima añadió a la sentencia una prohibición permanente a las autoridades de aplicar esta ley. Por ejemplo, prohíbe a cualquier funcionario del departamento de educación inspeccionar colegios o currículums para ver si se adecúan a la ley o no, así como amenazar a colegios con retirarles los fondos si no cumplen con ella. Tucson eliminó el programa de estudios méxico-americanos en 2012 por miedo a perder financiación.

La ley contra este programa de estudios formó parte de una ofensiva general de la mayoría republicana de Arizona contra los latinos a principios de la década. Esta polémica coincidió con la aprobación de la infausta SB1070, la ley que permitía la discriminación racial en la actividad de la policía. Básicamente, permitía a los agentes parar al alguien por la calle solo por su color de piel y pedirle la documentación. Esta fue la forma de actuar normal de los agentes del sheriff Joe Arpaio hasta que fue condenado por un juez. Arpaio ha sido indultado por el presidente Donald Trump.