Un juez rechaza una demanda de restauradores contra Trump
La queja acusaba al empresario de utilizar su cargo para beneficiar al negocio familiar, lo que creaba un claro conflicto de interés
Donald Trump gana su primera batalla legal frente a los empleados y patronos del sector de la restauración que demandaron al magnate por beneficiar a su imperio mientras ejerce de presidente. El juez neoyorquino George Daniels considera que es demasiado pronto para que la queja sea considerada por un tribunal y recuerda en concreto que ni siquiera el Congreso de Estados Unidos trató la cuestión.
La demanda fue presentada a comienzos de año. En ella se acusaba a Trump de tener una compleja estructura de empresas que creaban un claro conflicto de interés. Esta relación estrecha con los negocios que dejó tras mudarse a la Casa Blanca consideran violaba la prohibición establecida por la Constitución, que impide a los funcionarios públicos recibir regalos y dinero extranjero sin permiso previo del Congreso.
Se referencian expresamente a las estancias de cargos extranjeros en sus hoteles y a los alquileres de espacios de oficinas. Trump ya dijo en su día que la demanda no tenía base alguna y consideró que había detrás de la maniobra legal una clara motivación política. Los abogados del Departamento de Justicia, por su parte, utilizaron como argumento que los demandantes no están sufriendo daño económico alguno.
Atacar, además, al presidente es inconstitucional en Estados Unidos. La queja fue presentada originalmente por el grupo Citizens for Responsibility and Ethics, con sede en Washington, al que se le sumaron después una organización representa a empleados de la restauración y dos individuos de la industria hotelera. “La decisión es un mazazo”, admiten los demandantes, “pero no vamos a echarnos para atrás”.
Trump participó desde que es presidente en numerosos actos en sus hoteles y clubs de golf. El juez Daniels señala, sin embargo, que la cláusula sobre la que se basa la demanda no es válida, porque está concebida para prevenir la corrupción de funcionarios y la influencia externa mientras que los demandantes alegan un daño a sus negocios. “Estamos valorando cuales son las opciones alternativas”, responden.
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