La policía tuvo un año en el radar al autor del atentado de Berlín

Ha pasado un año desde que un terrorista islamista matara a 12 personas e hiriera a un centenar atropellándolas con un camión en un mercado de navidad berlinés, pero las heridas y la investigación siguen aún abiertas en Alemania. Las víctimas se sienten desamparadas y las nuevas revelaciones apuntan a abultados fallos policiales.

Más información

Una investigación constata “graves fallos” con el terrorista de Berlín

El sospechoso del atentado fue vigilado y debía ser expulsado a Túnez

Alemania admite errores en su política interior de seguridad

La canciller alemana, Angela Merkel, ha visitado este lunes a puerta cerrada a los familiares de las víctimas mortales del atentado terrorista que inoculó al país de un sentimiento de inseguridad y alerta desconocido hasta entonces y que aún pervive. El encuentro con la canciller no es un acto espontáneo y tampoco voluntario. Las familias de las víctimas se han quejado amargamente de lo que consideran falta de empatía de la canciller en un carta publicada a principios de diciembre. En ella hablan de una falta de profesionalidad en la investigación “alarmante”, y le reprochan a la canciller no haberse reunido con ellos en un año para darles el pésame en persona o al menos haberles escrito para reconocer el sufrimiento de las familias afectadas. Le piden además compensaciones financieras suficientes y libres de trabas burocráticas.

Este lunes se celebrará un acto institucional de conmemoración en el mercadillo de la Breitscheidplatz, donde tuvo lugar el ataque y donde se inaugurará un monumento.

La falta de atención a las víctimas es solo una muestra de la cadena de errores que permitió y siguió al atentado. Hasta ahora, diversas investigaciones han ido dando cuenta de los fallos policiales y judiciales que permitieron que el tunecino Anis Amri, de 23 años, atentara hace un año en Berlín a pesar de estar identificado como peligroso y de haber sido rechazada su solicitud de asilo. Nuevas revelaciones publicadas por Die Welt am Sonntag indican además que las autoridades sabían que Amri era un islamista peligroso al menos un año antes del ataque, en torno a noviembre de 2015.

Hasta ahora, se sabía que Amri había sido detenido e interrogado en el veranos de 2016. Según la información de Die Welt, ya en diciembre de 2015 el teléfono de Amri habría sido interceptado y ese mismo mes habría descargado en su teléfono instrucciones para fabricar explosivos. Con ese mismo aparato habría contactado meses más tarde con miembros del Estado Islámico y se habría ofrecido para cometer un atentado suicida. Nadie ha sido hasta ahora capaz de explicar porqué no se encerró al hombre que meses más tarde robó un camión, mató a su conductor y arrasó un céntrico mercado de Navidad en Berlín matando en total a 12 personas. Cuatro días más tarde, la policía italiana abatió a Amri en Milán.

Thomas de Maizière, el ministro de Interior alemán, explicó este domingo al Bild am Sonntag que las investigaciones siguen en marcha y que centran su atención en la relación de Amri con Abu Walaa, el predicador salafista considerado el hombre del Estado Islámico en Alemania. De Maizière aseguró también que, en lo que va de año, las fuerzas de seguridad han frustrado tres intentos de ataques terroristas.

El Süddeutsche Zeitung informa también que gracias a un nuevo sistema de análisis, los investigadores son ahora capaces de valorar con más precisión la peligrosidad de los sospechosos. Los datos que ofrecen son sin embargo poco tranquilizadores. De las 720 personas registradas en Alemania como sospechosas de radicalismo islámico, al menos la mitad suponen un peligro alto y concreto, según los documentos a los que ha tenido acceso el diario muniqués junto a las cadenas NDR y WDR. Un tercio de los 720 sospechosos tienen además pasaporte extranjero. Acelerar sus deportaciones es uno de los objetivos que se ha fijado Berlín, tras el fracaso de la expulsión de Amri. Este año, unos 50 sospechosos —no todos necesariamente peligrosos— han sido deportados a sus países de origen desde Alemania.

El pasado octubre, una investigación independiente encargada por el Gobierno de la ciudad de Berlín concluyó que las actuaciones habían sido “inadecuadas”, “tardías”, o “poco profesionales”. El ex fiscal general del Estado al frente de las pesquisas, Bruno Jost, aseguró durante la presentación del informe que “todo lo que se pudo hacer mal, se hizo”. En él se detallaba que, además, durante el tiempo en que fue sometido a vigilancia solo se le controlaba de lunes a viernes, quedando el fin de semana fuera del radar policial, y durante el día. Cuando caía la noche, cesaba la vigilancia.