Texas ejecuta a un ciudadano mexicano por violar y matar a su prima adolescente

El ciudadano mexicano Rubén Ramírez Cárdenas murió ejecutado esta noche en una prisión de Texas, mediante una inyección letal, condenado por haber secuestrado, violado y matado a su prima de 16 años hace ya más de dos décadas. Los abogados trataron de frenar el desenlace hasta el último instante, con un recurso ante el Supremo, para revisar el caso y pedir nuevas pruebas de ADN. El Gobierno mexicano las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también habían presionado sin éxito para evitar la muerte alegando que el prodemiento no respetó los derechos del condenado.

Los hechos se remontan al 22 de febrero de 1997. La estudiante, Mayra Laguna, fue llevada por la fuerza de la habitación que compartía con su hermana en Rio Grande Valley, en el sur de Texas, y su cuerpo apareció después en un canal cercano a un lago. Según Associated Press, Cárdenas confesó a la policía que él y un amigo se la habían llevado en coche, que él la agredió sexualmente y que, cuando le liberó los brazos para dejarla marchar, ella peleó. Fue entonces cuando, según su relato, la golpeó mortalmente.

Cuando le sacudió en el cuello, según el condenado, la joven empezó a toser sangre y tener dificultades para respirar. Trató de reanimarla sin éxito y la lanzó al canal. "No planeaba hacer esto, pero iba de cocaína", dijo a las autoridades Cárdenas, que ahora tenía 47 años. Fue declarado muerto a las 22.26 (hora local). Se declaró inocente hasta el último momento. Sus últimas palabras fueron: "No puedo ni quiero disculparme por un crimen que cometió otro, pero volveré a por justicia. Podéis contar con ello", informó Efe.

Los abogados del reo habían intentado conseguir que se realice la mencionada nueva prueba de ADN alegando que la realizada en su día ya es obsoleta y que "persisten dudas sobre su culpabilidad y la honestidad de su condena", según AP. También sostienen que la confesión de Cárdenas se obtuvo tras horas de aislamiento en un duro interrogatorio policial.

La diplomacia mexicana también trató en paralelo de ayudar al condenado con el argumento de que la detención aquel día no cumplió con los procedimientos legales correctos. Al haber nacido en México, un país sin pena de muerte, Ramírez Cárdenas tenía derecho a hablar y obtener ayuda del Consulado, algo que establece la Convención de Viena, y no se le concedió.

En una rueda de prensa en la capital mexicana el lunes, el viceministro de Exteriores, Carlos Sada, calificó la pena y el procedimiento de "acto ilegal". Sada dijo que no solo buscan frenar la ejecución, sino exonerarle con nuevas pruebas de ADN, para lo que quieren llevar el caso hasta el Supremo de EE UU si es necesario. Un total de 54 ciudadanos mexicanos afrontan la pena capital en suelo estadounidense.