La rebelión de los vecinos del basurero de Bogotá

Benjamín Cangrejo lleva más de un mes sintiéndose mal. Los ataques de tos lo interrumpen cuando intenta contar que, como él, muchos de sus vecinos están enfermos. El botadero de basura de Bogotá, que recibe 6.500 toneladas de residuos al día, está a pocos metros de sus casas, en los barrios Mochuelo Alto y Bajo en el sur de la ciudad. Han soportado vivir entre moscos y el mal olor que los obliga a usar tapabocas, pero no aguantan más. En septiembre salieron a las calles a protestar y anuncian que lo volverán a hacer.

Para algunos, el relleno Doña Juana se quedó detenido en el tiempo. Existe desde 1988, cuando apenas había treinta casas en la zona, hoy son más de 10.000 personas viviendo allí. Una bomba de tiempo que exige atención estatal. “Nos preocupa que la Alcaldía hable de expandir el relleno y prolongar su vida útil por muchos más años. Nadie piensa en nosotros”, reclama Cangrejo, de 67 años.

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Aunque la licencia para que el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) opere el vertedero vence en 2022, el gobierno local ha asegurado que con adecuaciones y la compra de otros terrenos podría funcionar hasta 2036 y si se amplía hacia el sur alcanzaría hasta el 2070, los habitantes del sector se oponen. Recuerdan que el CGR ha sido sancionada dos veces por mal manejo del botadero y temen ser desplazados por la basura. Las personas que viven en estos barrios, que deberían estar dichosas por estar en una de las zonas rurales de Bogotá, se sienten amenazadas. “¿De qué nos sirve ser la despensa agrícola de la ciudad si nadie nos escucha?” Se pregunta Arcesio Zúñiga, líder comunal de Mochuelo Bajo. Él y sus vecinos viven entre el verde que da arveja, papa, habas y una montaña de desechos. De sus tierras salen alimentos para la ciudad, que a cambio les devuelve camiones repletos de basura, todos los días, las 24 horas.

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Las quejas han sido respaldadas por los organismos de control. La superintendencia de servicios públicos ha asegurado que las irregularidades detectadas en Doña Juana ponen en riesgo la salud de los habitantes de urbanizaciones aledañas al relleno. Para la autoridad ambiental de la región se ha sobrepasado el 80% de las áreas descubiertas autorizadas para la disposición de residuos, lo que ha generado que se dispongan de forma desordenada en áreas que no estaban acondicionadas. El operador del vertedero se defiende asegurando que trabaja para evitar “incomodidades” y que tiene en marcha un plan de fumigación para combatir los insectos. Por ahora, reparten entre la comunidad recipientes untados con pegamento. “¿A usted le parece que esto sea una solución?”, reclama Ximena Triviño, mientras enseña varios platillos repletos de bichos.

Los barrios afectados cargan con el peso del olvido estatal. Algunas vías están sin pavimentar y el servicio de transporte es limitado. “Parece que no fuéramos parte de Bogotá, como si por vivir en el sur no existiéramos”, lamenta Zúñiga. Habla en nombre de los habitantes de la periferia de Bogotá que reclaman mayor presencia gubernamental y solidaridad del resto de bogotanos. Al menos el 40% de lo que llega al relleno Doña Juana es material que se podría reciclar: botellas, vidrios, metales. Cristián Robayo, edil del sector, asegura que se está enterrando material que podría generar energía. “Es arcaico que se sigan sepultando recursos que podrían ser manejados para otro tipo de producción. Hay que cambiar el manejo de residuos por una forma más científica y técnica”, dice Robayo, uno de los líderes que respalda a la comunidad en su idea de llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Procuraduría ha comprobado que las denuncias de los vecinos son ciertas y en las últimas semanas ha llamado a las autoridades a tomar medidas ante la amenaza ambiental que representa el estado actual del relleno. Los habitantes del sector esperan acciones concretas mientras siguen esquivando las moscas y desafiando la calle con nuevas protestas.