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La ley no es para todos

La operación Lava Jato refuerza en Brasil una idea peligrosa: la de que la cárcel es justicia

El juez Sergio Moro y el procurador Deltan Dallagnol en el preestreno de la película 'Policía Federal:La Ley es para todos', 28 de agosto Ampliar foto
El juez Sergio Moro y el procurador Deltan Dallagnol en el preestreno de la película 'Policía Federal:La Ley es para todos', 28 de agosto

La operación Lava Jato, incluso con todos los fallos y abusos cometidos, con la vanidad descontrolada de parte de sus protagonistas, presta un gran servicio a Brasil al revelar la relación de corrupción que existe entre lo público y lo privado. Una relación que atraviesa varios gobiernos, partidos y políticos de diversos partidos. Y la operación Lava Jato presta también un gran deservicio a Brasil al reforzar una de las ideas más peligrosas, enraizadas en el sentido común de los brasileños, y realizada en lo concreto de la vida del país: la de que la cárcel es sinónimo de justicia. En un país en el que el encarcelamiento de pobres y negros se ha convertido en una política de Estado no escrita –y que, paradójicamente, ha aumentado en los gobiernos democráticos que han venido después de la dictadura civil y militar (1964-1985)–, reforzar esa ideología no es un detalle. Tampoco un efecto colateral. Es una construcción de futuro.

La Lava Jato tiene un gran impacto en la vida del país, repercutirá durante mucho tiempo y, en algunos aspectos, constituirá el Brasil de los próximos años o décadas. Por esa razón, me parece fundamental enfrentar las complejidades y las contradicciones de ese proceso más allá de estar en contra o a favor. Lo que busco hacer en este espacio es intentar interpretar los sentidos que la Lava Jato va construyendo o reforzando, lo que se encuentra en los márgenes de esta operación, aunque no por eso menos importante. Y tal vez más permanente.

Ya escribí (puede leerse aquí) que el hecho de que la gran “purga” nacional se realice por crímenes contra el patrimonio y no por crímenes contra la vida tiene el profundo efecto de reforzar una deformación: la de que la vida humana vale poco, lo que importa es el patrimonio. Esa deformación es constitutiva de la formación de Brasil como nación y, en los últimos años, se ha reforzado enormemente con la fundación de una democracia que ha escogido dejar impunes a los torturadores y asesinos de la dictadura civil y militar. Con la Lava Jato, ese rasgo constitutivo de Brasil se ha cimentado todavía más. Y las consecuencias no son ni serán pequeñas.

La cárcel como sinónimo de justicia es otra ideología que la Lava Jato está reforzando. Al igual que el poco valor que se da a la vida, también es antigua y está enraizada en el imaginario nacional. Pero ha crecido y se ha ampliado al diseminarse en programas policiales/sensacionalistas de la televisión que no solo piden la cárcel sino también la ejecución de “delincuentes”, en general negros y pobres, como solución para el aumento de la violencia. Con la Lava Jato, esta ideología todavía se ha reforzado más. Al alcanzar a los que nunca iban a la cárcel, los ricos, los poderosos, los políticos... la interpretación de cárcel como justicia ha llegado a otro nivel. A fin de cuentas, son los que estaban “por encima de la ley”. Y la Lava Jato los ha alcanzado.

Las imágenes producidas por la Lava Jato no han servido a la idea de justicia, sino a la idea de venganza

Los conductores de la Lava Jato han entendido bien el ansia popular y la han usado a su favor, produciendo imágenes, ampliamente difundidas por la televisión e Internet, de empresarios y principalmente políticos esposados y humillados. Sin contar con la “conducción coercitiva” de Lula, que, de la manera como se hizo, se interpretó de inmediato como “cárcel”. Este espectáculo fue estratégico para que la población apoyara la Lava Jato. Pero no solo reforzó la interpretación de que la única forma de hacer justicia es arrestar, sino que azuzó algo mucho más grave y también constitutivo de Brasil: confundir justicia con venganza. Las imágenes producidas por los conductores de la Lava Jato y replicadas millones de veces en la televisión e Internet no han servido a la idea de justicia, sino a la idea de venganza. Son imágenes producidas para el regocijo de la población. Es una decisión política.

Ante cada noticia, que se acumulan día tras día, las palabras favoritas son: “¡Finalmente lo han detenido!”. O: “¿Por qué todavía no lo han detenido?”. O incluso: “¡Tienen que detenerlo!”.

En esta construcción ideológica, la Lava Jato tiene el efecto de producir la idea de que, ahora, la justicia es para todos. O la cárcel es para todos, ya que la justicia y la cárcel se utilizan como sinónimos. En uno de los países con más desigualdad del mundo, se alcanza por lo menos una igualdad: la de que todos pueden ir –y van– detenidos. Sin embargo, esta idea sirve para disfrazar la enorme desigualdad de Brasil. También en la justicia. Y también en la cárcel.

Si la detención en masa fuera la solución para la violencia, en Brasil se dormiría con la puerta abierta

Si la detención en masa fuese la solución para la violencia, en Brasil se dormiría con la puerta abierta. Con más de 650.000 reclusos –y subiendo–, tenemos a la tercera mayor población carcelaria del mundo. Brasil solo está por detrás de Estados Unidos y China. La mayoría de los reclusos está compuesta por personas negras, pobres y con baja escolaridad. Esta población ocupa menos de 394.000 plazas. Lo que significa que, con una tasa de ocupación del 163,9%, no solo están presos, sino amontonados.

 La mayoría de los reclusos está formada por hombres jóvenes, lo que significa que se está encarcelando a la juventud de Brasil. Menos del 10% ha finalizado la enseñanza secundaria. Un estudio de 2014 muestra que la tasa de muertes por asesinato en las cárceles brasileñas es tres veces mayor que entre la población general, y eso sin contar Río de Janeiro y São Paulo, que no comunicaron sus estadísticas. Los datos demuestran que los que más mueren asesinados en Brasil son los reclusos, bajo la responsabilidad del Estado.

La política de encarcelamiento de los jóvenes pobres y negros de baja escolaridad se revela también como una política de exterminio. Y el Estado no está siendo responsabilizado por el genocidio que comete. Solo en los primeros 14 días del mes de enero de este año murieron asesinados 115 reclusos en tres centros penitenciarios brasileños. Uno tenía casi tres veces más internos que el número de plazas disponibles, otra dos veces más y la tercera casi el doble. Podemos afirmar que los reclusos del sistema carcelario brasileño están entre los grupos que sufren más ilegalidades. Y eso deriva, acto seguido, en su muerte. Y de esta forma el país pierde parte de su juventud y de su fuerza de trabajo. 

En Brasil, la idea de que “el delincuente bueno es el delincuente muerto” es muy popular, aunque la pena de muerte no exista oficialmente en el país. Pero “delincuente” es una palabra demasiado amplia. Y que esconde demasiadas cosas. La mayoría de los reclusos ha cometido crímenes contra el patrimonio o relacionados con drogas. Los que cometieron crímenes contra la vida son una minoría. Solo en la ciudad de Río de Janeiro, de los 1.330 acusados de tráfico de drogas en 2013, el 80,6% eran reos primerizos. En São Paulo, otro estudio analizó las detenciones por tráfico de drogas y mostró que casi el 60% de los detenidos no tenían antecedentes criminales y solo el 3% llevaban algún tipo de arma. La media confiscada era de 66,5 gramos de droga. Pero solo el 9% fueron absueltos o respondieron por porte de drogas. Al resto le cayeron penas de hasta cinco años de prisión por tráfico.

Cuando se pone en un mismo lugar a una persona que ha cometido un asesinato y a una persona que llevaba algunos gramos de marihuana en el bolsillo, el crimen lo comete la sociedad contra la persona

Es posible afirmar que las superpobladas y peligrosas cárceles brasileñas están abarrotadas de personas sin antecedentes criminales, que no deberían estar allí porque la cárcel debería ser la última medida, reservada a los crímenes más graves. Cuando se pone a una persona que ha cometido homicidios dolosos (con la intención de matar) o robos seguidos de muerte y a una persona que llevaba algunos gramos de marihuana en el bolsillo no solo en el mismo lugar concreto –la cárcel– sino también en el mismo lugar simbólico, el de “delincuente”, el crimen lo comete la sociedad contra la persona. 

La ley antidrogas de 2006 aumentó las penas para el tráfico de drogas, pero mantuvo la ambigüedad entre “consumidor” y “traficante”. Al mantenerla, entre otros problemas, multiplicó los arrestos por “tráfico”, uno de los principales factores de encarcelamiento y superpoblación de las prisiones. En la práctica, lo que se ve y lo que demuestran los estudios es que el “consumidor” es blanco y de clase media y alta, escolarizado, y el “traficante” es negro, pobre y con baja escolarización. Los grandes traficantes de drogas pocas veces son detenidos, como muestran las noticias recientes. 

La política de “guerra a las drogas”, como ya está más que comprobado, es un desastre para Brasil: provoca el exterminio de la juventud pobre y negra y elimina los potenciales. Entre las varias razones para seguir con una política que ya se ha demostrado que es genocida, cara para las arcas públicas y totalmente ineficiente, están las de mantener intactos los intereses y los beneficios del mercado de drogas y armas, así como los de la poderosa industria de seguridad.

Un ejemplo reciente. Rafael Braga, de 29 años, fue detenido durante las manifestaciones de 2013, en Río de Janeiro, por llevar dos botellas cerradas: una de desinfectante y otra de lejía. La Policía Militar lo acusó de llevar material explosivo. El joven negro y pobre se convirtió entonces en el único preso político de las protestas de 2013. Tras pasar más de dos años en prisión, en enero del año pasado Rafael estaba desde hacía 40 días en régimen abierto y trabajando como auxiliar de servicios generales cuando lo detuvieron de nuevo.

Los policías militares que lo arrestaron en flagrante delito afirmaron que llevaba 0,6 gramos de marihuana, 9,3 gramos de cocaína y un mortero. Rafael dijo que plantaron el material y que lo torturaron para que les pasara información sobre el tráfico local, asunto que desconocía. Aun así, lo condenaron basándose únicamente en las declaraciones de los policías que lo arrestaron, una aberración que es frecuente en este tipo de casos. El 20 de abril, Rafael fue condenado por el juez Ricardo Coronha Pinheiro a 11 años y tres meses de prisión por tráfico y asociación al tráfico de drogas. El Instituto de Defensores de Derechos Humanos, que defiende a Rafael, intentó revertir la decisión en segunda instancia, pero, por dos votos a uno, los magistrados del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro mantuvieron a Rafael en la cárcel.

Como comparación: en julio, durante una guardia de madrugada, el magistrado José Ale Ahmad Neto otorgó el habeas corpus a Breno Fernando Solon Borges, de 37 años, hijo de la presidenta del Tribunal Regional Electoral de Mato Grosso del Sur, Tânia Garcia Freitas. Breno había sido detenido en flagrante delito en abril, con 129,9 kilos de marihuana y munición para armas del calibre 7,62 mm y 9 mm. Tras pasar dos meses en prisión, lo transfirieron a una clínica de Campo Grande para “someterse a un tratamiento contra el trastorno límite de la personalidad”.

Entre el sintecho y el hijo de la magistrada hay un Brasil

Destaco aquí las diferentes medidas tomadas en el mismo sistema legal y en el mismo país. Y la desproporción de lo que estaría en manos de uno y de otro. Y no para gritar a favor de la detención del hijo de la magistrada, porque no creo en la falsa igualdad de “todos en la cárcel”. Creo en el acceso a la justicia para todos. Y en la garantía del derecho de defensa para todos. La desigualdad entre Rafael y Breno empezó en la base. Es racial y es social. La desigualdad en las medidas y en las desmedidas del arresto y la puesta en libertad es solo el fin de un proceso perverso, que cada día se refuerza un poco más.

No, la ley no es para todos. Ni la cárcel. Ni mucho menos la justicia. Hoy, no se puede hablar del encarcelamiento de los pobres y negros como política de Estado sin destacar lo que les sucede a las mujeres con la ley de drogas. De 2005 a 2014, la cantidad de mujeres detenidas aumentó un 10,7% al año. En términos absolutos, la población carcelaria femenina pasó de 12.925 en 2005 a 33.793 en 2014. Se estima que hoy el aumento sea mayor todavía. Las mujeres representan el 5,8% de la población carcelaria. Pero, en su caso, “el tráfico de drogas y la asociación con el tráfico” pesa más que en el caso de los hombres: son el 64% de las condenas.

El efecto de meter a mujeres y hombres en la cárcel durante años por llevar pequeñas cantidades de droga es un desastre para toda la sociedad. Además de injusto, deshace los lazos, fragiliza todavía más a los hijos de estas personas y desestructura familias que ya tienen una dificultad enorme para mantenerse vivas en un país tan desigual. Entonces, ¿por qué las cosas continúan así? Son preguntas como esta, más que los gritos rabiosos de “hay que detenerlos”, “hay que matarlos”, las que pueden construir otro destino para Brasil.

Antes de gritar “hay que detenerlos”, “hay que matarlos”, es imperativo recordar que casi el 40% de los reclusos no han sido juzgados

Antes de gritar “hay que detenerlos”, “hay que matarlos”, es imperativo recordar que casi el 40% de las personas que están en la cárcel hoy en Brasil no han sido juzgadas. Este dato permite afirmar que se está cometiendo un crimen contra estos reclusos. Los que gritan “hay que detenerlos”, “hay que matarlos” pueden no darse cuenta de que solo están reforzando la desigualdad de Brasil y manteniendo como privilegio el derecho de defensa y el acceso a la justicia. Y los derechos no son privilegios.

Cuando el acceso a la justicia y el derecho de defensa se convierten en privilegios estamos ante una monstruosidad. Y esa es la monstruosidad que estamos viviendo hoy en Brasil. Y que se ha agravado por omisión, cobardía e incompetencia de los últimos gobiernos democráticos, o por la tal “gobernabilidad”, que implica no desagradar a los aliados de turno. Gobiernos como los de Fernando Henrique Cardoso, Lula y Dilma Rousseff tenían la obligación de hacerlo mejor de lo que lo hicieron, después de que el país sufriera la violación de 21 años de dictadura. Y por no haberlo hecho mejor, Brasil hoy está pagando un precio demasiado alto. 

Ni siquiera ajustando la lente para las detenciones de la Lava Jato hay igualdad en comparación con la masa de reclusos. Varios detenidos en la Lava Jato están en prisión domiciliar por motivos de salud. El pasado 30 de agosto, la magistrada Katya Maria de Paula Menezes Monnerat negó el mismo derecho a Rafael Braga, que necesita tratarse de tuberculosis, enfermedad que contrajo en el Centro Penitenciario Alfredo Tranjan (Bangu II). Según el Portal de la Salud, los reclusos brasileños tienen 28 veces –veintiocho veces– más posibilidades que la población general de contraer tuberculosis. Y es lo que le pasó a Rafael Braga, que tiene un informe médico que comprueba que tiene tuberculosis. Pero el derecho que se concedió a los detenidos en la Lava Jato no se le concedió al detenido en las manifestaciones de 2013. ¿Por qué?

 Y, de nuevo: no estoy gritando “no se les puede dejar en libertad”, refiriéndome a los detenidos en la Lava Jato. No me corresponde a mí juzgar el estado de salud de nadie. Creo que los reclusos son ciudadanos, y los ciudadanos tienen el derecho legal de que el sistema judicial tenga en consideración su estado de salud. Lo que destaco es la cantidad de reclusos negros y pobres –y Rafael Braga es solo uno entre miles– que enferman en prisión y se los mantiene allí sin tratamiento, o con un tratamiento precario, en condiciones insanas, las mismas que produjeron la enfermedad. Con una frecuencia espantosa, estas personas mueren antes de que puedan salir en libertad. 

No, la ley no es para todos en Brasil. 

Sérgio Moro, Deltan Dallagnol y otros protagonistas de la Lava Jato faltaron a la ética al formar parte del público de la película que los convierte en personajes de entretenimiento

El emblemático siete de septiembre, Día de la Independencia de Brasil, se estrenará la película que afirma en el título lo contrario de lo que veo e investigo: Policía Federal: la ley es para todos. Tengo la intención de verla. Pero puedo adelantar que me parece peligroso que ese título esté asociado a la Lava Jato, una operación todavía en marcha, por todas las razones y porque creo que la Lava Jato reforzó la deformación de confundir la cárcel con la justicia. Y también la deformación de dar más valor al patrimonio que a la vida. Me parece peligroso principalmente porque refuerza la idea de que ahora hay igualdad a la hora de aplicar la ley. Debería haberla, pero no la hay. 

Hacer cine también es un acto político. Y no podría no serlo, desde mi punto de vista. Lo que me parece inaceptable es que alguien afirme que su película es “apolítica”, lo cual es una forma de hacer política negando la propia política. Y eso es deshonesto. 

Al asistir al preestreno de la película, en Curitiba, algunos de ellos fotografiados con grandes bolsas de palomita en la mano, el juez Sérgio Moro, el fiscal Deltan Dallagnol y otros protagonistas faltaron a la ética. Ellos llevan a cabo algo crucial para Brasil, en un momento tan delicado para el país y para la propia Lava Jato que, hay que decirlo, no les pertenece. Escenas como esta son una falta de respeto para con los ciudadanos. La vida no es entretenimiento. Y ellos son personajes de la vida, aunque en la pantalla los hayan convertido en personajes de entretenimiento. Como funcionarios, con las responsabilidades que tienen, deben respeto al público. 

Cuando Luiz Inácio Lula da Silva se transformó en un personaje de la película basada en su vida, que vio en butaca del cine del Palacio de la Alvorada, como presidente de Brasil, lo critiqué. Y también escribí una crítica de Lula, hijo de Brasil, que al reducir la complejidad del hombre a un cliché de héroe se transformó en una obra propagandística. Y una obra propagandística mala. Es bastante probable que la película sobra la Lava Jato tenga la pretensión de influir el momento presente y las elecciones del año que viene, al igual que la tenía la película de Lula. Hay que verla con esta hipótesis en mente, de la misma forma que había que ver la otra. 

Hablando de cine, sugiero que vean un documental que está en Netflix, que muestra en profundidad el engranaje y la evolución de la política de encarcelamiento de Estados Unidos. Se llama Enmienda XIII. Guardando las diferencias, hay muchas alertas y preguntas que podemos hacernos sobre Brasil y la tercera población carcelaria del mundo. Y que continúa creciendo. Nos puede ayudar a recolocar el tema de la desigualdad donde debe estar e impedir los sucesivos intentos de disfrazarlos.

Brasil ya es un país-urbanización cerrada y un país de cadáveres insepultos, porque murieron sin justicia, a veces sin nombre. Quien grita “hay que detenerlos”, “hay que matarlos” quizás piense que la solución sea meter en la cárcel a la mitad del país. Pero cuidado: quizás piensas que estás en una mitad y, cuando te des cuenta, te despacharán a la otra. 

Eliane Brum es escritora, reportera y documentalista. Autora de los libros de no ficción Coluna Prestes - O Avesso da Lenda, A Vida que Ninguém vê, O Olho da Rua, A Menina Quebrada, Meus Desacontecimentos, y de la novela Uma Duas. Web: desacontecimentos.com. E-mail: elianebrum.coluna@gmail.com. Twitter: @brumelianebrum. Facebook: @brumelianebrum.

Traducción: Meritxell Almarza