La última esperanza de las víctimas sin papeles de Harvey

La lluvia de Harvey seguía cayendo en Houston y cientos de miles de personas abandonaban sus casas el pasado miércoles cuando el alcalde de la ciudad, Sylvester Turner, se acordó de sus vecinos más vulnerables: “Me da igual quién seas, me da igual cuál sea tu situación migratoria. No quiero que corras el riesgo de perder la vida porque estás preocupado por la ley SB4”. Después tuiteó: “No vamos a pedir documentos ni estatus migratorio en ningún albergue”, en español.

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La ley SB4 de Texas era la principal conversación del estado en los días previos al huracán Harvey. Aprobada por el gobernador Greg Abbott el pasado mayo, debía entrar en vigor el viernes, 1 de septiembre. La ley es polémica porque básicamente hace realidad los sueños del presidente Donald Trump y el fiscal general Jeff Sessions: obliga a todas las policías locales a colaborar con la policía federal de inmigración y prohíbe las ciudades santuario, en las que la policía no hace trabajo de inmigración ni colabora con el Gobierno. La ley fue paralizada cautelarmente por un juez federal 24 horas antes de entrar en vigor, mientras se decide si es constitucional.

Pero la virulencia con la que Abbott se ha entregado a poner en práctica las políticas de Trump ha aterrorizado a los indocumentados de Texas y le ha enfrentado a casi todas las grandes ciudades. Houston es ciudad santuario, como casi todas las grandes ciudades de EE UU. Se calcula que viven en el área de Houston casi 600.000 indocumentados, la tercera mayor población después de Nueva York y Los Ángeles.

En esta ciudad se ha producido la mayor inundación de la historia de EE UU. Y el agua no ha discriminado a nadie. Hay barrios de mansiones sumergidos como colonias de apartamentos humildes. La posibilidad de que alguien no pida ayuda o no quiera salir de su casa por miedo a la policía alarmó a las autoridades locales. “Si alguien viene necesitando ayuda y por alguna razón alguien trata de deportarlo, le defenderé yo mismo”, llegó a decir Turner, demócrata, como los alcaldes de casi todas las ciudades grandes de Texas.

La ayuda no es solamente poder pasar la noche en un refugio. Los indocumentados van a necesitar ayuda a largo plazo, como todos los vecinos afectados. Y ahí tienen un resquicio legal por el que meterse.

El pasado viernes, tres mujeres hacían cola junto a cientos de personas en el mega refugio del Centro de Convenciones de Houston para ser atendidas por agentes de la Agencia Federal de Emergencias (FEMA) y presentar su reclamación de ayuda financiera. Las tres eran indocumentadas. Las convenció para ir una de ellas, Natalie Godínez, guerrerense, que ha decidido dedicar toda la semana a animar a la gente a que no tenga miedo y se presente a las autoridades para lograr recomponer sus vidas. “La gente tiene miedo, pero poco a poco vamos corriendo la voz”. Hasta el sábado había logrado llevar a 13 familias, solo a través de mensajes en su cuenta de Facebook.

Godínez no se vio afectada por Harvey, estaba allí solo para ayudar, pero Ailyn Alvarado, ha perdido todo lo que tenía. Hondureña de 33 años, la noche del sábado decidió abandonar su casa en el sureste de Houston cuando vio el agua entrar por la puerta. Calcula que el valor de todo lo que tenía en su casa serían 10.000 dólares. Dejó atrás su coche. El restaurante donde trabaja está inundado. Tiene dos hijos, de 11 años y 18 meses, con los que salió en plena noche con el agua por la cintura. Llevaba 14 años construyendo un hogar en Houston y de un día para otro no puede comprar a sus hijos ni comida ni pañales. Y además, el miedo de que acudir a las autoridades pueda terminar en una deportación de vuelta a Honduras.

Alvarado pidió ayuda a FEMA el viernes y le dieron un número de reclamación como a cualquiera. El Gobierno evaluará su caso y le dará la ayuda financiera, el dinero que Trump le ha pedido al Congreso. Nadie le preguntó si está legal en el país. “Aquí no preguntamos por la situación migratoria de una persona. No hacemos esa pregunta”, explica el portavoz de FEMA Leo Skinner. Cualquiera puede ir, explicar su caso y aspirar a una ayuda.

La tabla de salvación para estas personas es tener un familiar estadounidense. Normalmente, un hijo nacido en EE UU. Lo único que necesita FEMA para canalizar las ayudas es un número de Seguridad Social de alguien que viva en la casa. Se pueden poner a nombre del niño. Podrían utilizar un número de Seguridad Social falso (algo común entre los inmigrantes irregulares). Skinner asegura que FEMA no va a hacer la comprobación con la agencia. Pero no puede responder por otras ramas del Gobierno federal. Lo que es seguro es que los indocumentados que tengan hijos norteamericanos pueden cobrar ayudas de Trump. “Se puede registrar a nombre de cualquier miembro de la familia”, dice Skinner.

“En esta situación ya no son tan importantes los papeles”, dice Natalie Godínez. “Tienes que dar de comer a tus hijos. Además, la gente está cansada de esconderse todo el tiempo”. Godínez espera que se corra la voz, que nadie que pudiera calificar para recibir dinero en una situación así, y entre una comunidad especialmente vulnerable, se quede sin hacerlo. “Yo soy de Acapulco, de costa de huracanes. Yo pasé el huracán Paulina (1997). Sabemos lo que hay que hacer y no le tenemos miedo. Solo le tenemos miedo a la ley”.