España escoge el bando equivocado al arrestar a los disidentes turcos

Solo una o dos semanas después del fracaso del golpe en Turquía, que tuvo lugar el 15 de julio de 2017, me interesé por algunas cuestiones legales que podían ser de interés para cualquiera de mis amigos periodistas o académicos, que o bien se encontraban en tierras europeas o habían huido del país. Yo estaba en Italia, y tenía muchas ganas de tener una visión clara de lo que realmente estaba sucediendo en Turquía y de cuáles eran los riesgos.

Después de algunas conversaciones con algunos colegas alemanes y burócratas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que eran unos entendidos en derechos y obstáculos, llamé a un abogado británico. Él tenía algunas preguntas, como quién estaba y dónde en el extranjero. Cuando se enteró de que Can Dündar —compañero mío, ex redactor jefe del diario Cumhuriyet— tuvo que abandonar el país acusado de graves crímenes por el simple hecho de hacer periodismo, estaba claramente irritado. Le dije de manera confidencial que se hallaba en Barcelona, aunque solo temporalmente.

Después de un breve silencio, comentó: “Creo que habría que decirle de inmediato que no debe quedarse ahí”. “¿Por qué?”, le pregunté. “España forma parte de la UE”. Él me respondió con tranquilidad: “Es un alto riesgo por dos razones. La primera es que los dos países han firmado un acuerdo bilateral sobre la devolución de personas sospechosas o acusadas de crímenes; la segunda, y más importante, es que las autoridades españolas, y en particular los cuerpos policiales, no son en absoluto conscientes, o más bien ignoran, que en Turquía no existe un sistema de derecho. Se muestran distantes y rígidos sobre los casos que se les presentan. Tienden a creer a las autoridades turcas, incluso aunque mientan, como hacen a menudo, y carezcan de cualquier noción de justicia y de prueba”.

Poco después, Dündar se fue de Barcelona y se marchó a Alemania. Todavía me pregunto qué habría pasado si Ankara hubiese averiguado su paradero. Sospecho que, muy probablemente, habría corrido la misma suerte que los dos disidentes kurdos procedentes de Turquía que acabaron en las cárceles españolas en cuestión de semanas. El primero fue Hamza Yalçin, director del semanario de izquierdas prokurdo Odak, y ahora ha sido Dogan Akhanli, escritor, destacado defensor de los derechos humanos, y abiertamente crítico con el Gobierno de Erdogan. Yalçin es ciudadano sueco, y Akhanli hace mucho tiempo que tiene nacionalidad alemana.

Akhanli fue puesto en libertad el domingo por la mañana, pero esto no altera el preocupante hecho de que su libertad para viajar y su integridad personal —o las de otros portadores de pasaportes de la Unión Europea— hayan peligrado. De esta manera se envía una señal equivocada.

Desde el principio, la manera de proceder de España está siendo de lo más preocupante. Desde el punto de vista legal, que un país miembro de la UE detenga a ciudadanos de otros Estados miembros a petición de un tercer país en el que el sistema de derecho se ha venido abajo por completo y cuyo líder lleva tiempo recurriendo a la táctica de toma de rehenes, y que lo haga sin ninguna flexibilidad y sin consultar en absoluto con los países de la UE involucrados, es, simple y llanamente, un escándalo.

Parece que la causa es que el derrumbamiento del Estado de derecho en Turquía corre parejo a la incapacidad de las autoridades de ese país de presentar ni una sola prueba creíble relacionada con ningún caso ni con ningún sospechoso de carácter político —incluido el fallido golpe de Estado—, y, según indican las últimas informaciones, debido a la inmensa purga posterior a la sedición, en estos momentos la judicatura está repleta de jóvenes reclutados por su lealtad a Erdogan que hacen exactamente lo que el ejecutivo les dice que hagan: arresta a este, prepara tal acusación, deja en la cárcel a esta y a aquella persona, y así sucesivamente

La cuestión es que, actualmente, algunos países miembros de la UE, como Alemania, son perfectamente conscientes de esta situación catastrófica. El encontronazo entre Erdogan y Berlín ha puesto de manifiesto la magnitud de esta. El presidente turco está extremadamente frustrado por el hecho de que haya funcionarios, intelectuales, periodistas y disidentes kurdos que "siguen armando jaleo" en territorio de la UE. Erdogan ha insistido en que se han enviado a Berlín alrededor de 4.500 expedientes de extradición sin ningún resultado. Como es comprensible, las autoridades alemanas los rechazan con el argumento de que faltan pruebas concretas y de que la extradición a la actual Turquía, en la que se ha vuelto a introducir la tortura y en la que el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), actualmente en el Gobierno, impulsa la pena de muerte, es poco probable, ya que la Unión Europea y el sistema del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son estrictamente vinculantes.

España debería ser consciente de que el pulso entre el Gobierno turco y sus aliados se va a agudizar. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos se enfrentan al hecho que, en lo que respecta a los disidentes procedentes de Turquía, Erdogan está absolutamente decidido a exportar sus propios valores y su voluntad a la marca europea. "Los turcos no han tenido el menor reparo en relacionar [en privado] las detenciones con personas que ellos reclaman a Estados Unidos y a Alemania", declaraba hace poco un policía turco a BuzzFeed News. "Estamos advirtiendo a nuestra gente de que tenga cuidado".

Eric Edelman, que fue embajador en Turquía entre 2003 y 2005, hacía referencia a los intentos de Turquía de interferir en un juicio —el llamado caso Zarrab— que Erdogan considera "extremadamente delicado" para su posición internacional, y en un reciente artículo en el Washington Post afirmaba que "el Gobierno turco está practicando una 'diplomacia de rehenes'".

Turquía está atravesando una fase muy turbulenta y se encuentra amenazada por una turbocracia en toda regla. Por consiguiente, España debería ser extremadamente consciente de esta situación particular y abordarla como tal. En casos como los de Yalçin y Akhanli, habría sido mucho más acertado consultar rápidamente y en detalle con Suecia y Alemania, así como mostrar respeto por los derechos humanos antes que tomarse en serio las peticiones de extradición de Turquía en los casos de libertad de expresión. Salta a la vista que, actualmente, las fuerzas de seguridad y el sistema judicial son una prolongación de su Gobierno turbocrático.

Lo más importante es que los ciudadanos de origen turco y kurdo de la Unión Europea —y de otros lugares— que disienten de la manera en que Erdogan gobierna Turquía, tienen que poder viajar a territorio español sin miedo a que sus autoridades los traten injustamente.

Yavuz Baydar es analista turco.