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Turquía entierra la corrupción

El partido de Erdogan convierte en “tramas golpistas” las investigaciones sobre sus operaciones ilegales

Erdogan preside el Consejo Nacional de Seguridad el 30 de diciembre en Ankara. Ampliar foto
Erdogan preside el Consejo Nacional de Seguridad el 30 de diciembre en Ankara.

El presidente de Turquía, el islamista moderado Recep Tayyip Erdogan, ha logrado enterrar prácticamente de forma definitiva el grave escándalo de corrupción del que se acusaba a varios colaboradores y personas de su círculo más intimo, al lograr que el pasado día 5 una comisión parlamentaria rechazase que cuatro exministros sean juzgados por un comité especial del Tribunal Constitucional y pidiese la destrucción de todas las pruebas relacionadas con el caso.

Es el penúltimo acto –el pleno del Parlamento deberá votar en los próximos días la misma petición, pero dada la mayoría absoluta del partido gobernante no se esperan sorpresas- de un proceso que comenzó hace algo más de un año, pero del que Erdogan ha logrado salir prácticamente indemne convenciendo a sus seguidores de que las acusaciones no son sino un “complot golpista”.

En diciembre de 2013, se lanzaban redadas simultáneas en los domicilios de importantes empresarios y políticos. Entre los acusados y detenidos figuraban los hijos de varios ministros del Gobierno que entonces lideraba Erdogan; el director general de un banco público y un comerciante de oro de nacionalidad iraní, Reza Zarrab, casado con la famosa estrella del pop turco Ebru Gündes (habitual de las cenas de gala organizadas por el mandatario turco). Además se confiscaron 17,5 millones de dólares en efectivo. En los meses siguientes aparecieron en internet conversaciones entre los supuestos implicados, en la más polémica de las cuales se escuchaba la voz, supuestamente de Erdogan, instruyendo a su hijo Bilal para que se deshiciese de 30 millones de euros presuntamente obtenidos a través del cobro de comisiones ilegales. El Gobierno turco ordenó retirar los audios de internet tachándolos de ser un “vil montaje”.

Según el informe presentado por la oposición a la comisión parlamentaria que ha estudiado el caso a puerta cerrada, pero al que ha tenido acceso El País, las pesquisas habían comenzado en 2012, cuando la unidad de lucha contra el crimen organizado de la Policía recibió un soplo sobre el envío de grandes cantidades de dinero a Irán a través de una casa de cambio del Gran Bazar de Estambul. El presunto líder de la trama era Zarrab junto al también iraní Abdullah Happani, quienes habían ideado un sistema para transferir grandes cantidades de oro en avión entre Ghana, Turquía, Dubai e Irán, un método usado para que Teherán recibiese los pagos de sus hidrocarburos burlando el embargo impuesto por su programa nuclear. Parte del dinero cobrado por la trama era llevado a Rusia para ser depositado en bancos necesitados de liquidez y se hacía mediante correos que viajaban en vuelos convencionales. Así, el 21 de diciembre de 2010 eran detenidas en un aeropuerto de Moscú cuatro personas procedentes de Estambul en cuyas maletas se hallaron 14,5 millones de dólares y 4 millones de euros en efectivo. Uno de los detenidos era el chófer de Zarrab. El propio Zarrab reconocía en declaraciones al canal progubernamental AHaber haber exportado a Irán oro por valor de 12.000 millones de dólares pero negó haber cometido ningún tipo de delito y aseguró que sus negocios contribuyeron a la economía turca

Operaciones sobre el embargo a Irán

Estrechos colaboradores de Erdogan fueron acusados de participar en una red de operaciones para violar el embargo a Irán.

El líder islamista ha logrado salir prácticamente indemne convenciendo a sus seguidores de que las acusaciones eran un “complot golpista”.

El Gobierno considera que los informes de la oposición eran “muy débiles desde el punto de vista legal”.

A los cuatro ministros que dimitieron tras iniciarse las investigaciones –Muammer Güler, de Interior; Zafer Çaglayan, de Economía; Erdogan Bayraktar, de Planificación Urbana, y Egemen Bagis, de Asuntos Europeos- se les acusaba de haber recibido regalos y sobornos millonarios para facilitar estos negocios. De acuerdo a los documentos presentados en el Parlamento turco, mientras Zarrab se quedaba el 20 % del monto de las operaciones, HalkBank obtenía el 10 % y los ministros recibían –por mirar hacia otro lado- comisiones de en torno al 0,5%. “En la trama hay hijos de ministros, ministros, alcaldes, mafiosos… es una estructura muy oscura”, sostiene Erdal Aksünger, diputado del Partido Republicano del Pueblo (CHP) y miembro de la comisión parlamentaria de investigación, en declaraciones a El País. Según sus datos, primero existió durante años una “organización criminal” de la que, luego, decidieron aprovecharse los ministros y sus hijos, y Erdogan no hizo nada para detenerlos pese a que el MIT, los servicios secretos turcos, alertaron sobre la peligrosidad de Zarrab en un informe al primer ministro.

Tras el shock inicial de las detenciones, el Gobierno de Erdogan pasó al ataque y denunció que la investigación era un “intento de golpe de estado” orquestado por sus antiguos aliados y ahora acérrimos enemigos de la cofradía islámica que dirige el teólogo turco Fethullah Gülen desde EEUU, una red a la que los expertos comparan con el Opus Dei por sus ideas -conservadoras pero alejadas del radicalismo- y por su estrategia de colocar a sus adeptos en puestos clave de la Administración del Estado, entre ellos la policía y la judicatura.

En poco más de un año varios miles de policías, fiscales y jueces han sido apartados de sus puestos, entre ellos los que se encargaban de la investigación. Decenas de agentes han sido detenidos y acusados de haber realizado escuchas ilegales a las órdenes de Gülen, cuya organización Erdogan pretende incluir en la lista de amenazas a la seguridad nacional de Turquía.

El pasado diciembre, el nuevo fiscal encargado del caso decidió no proceder con la investigación y no presentar cargos contra los acusados. Los exministros –a los que se juzga por otra vía porque necesita del visto bueno del Parlamento- vieron su carrera política despejada tras la decisión del pasado 5 de enero, pese a que según los medios turcos parte del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), la formación gobernante, prefería que se defendiesen ante el tribunal para que no quedase sobre de duda sobre su inocencia. Incluso el ahora primer ministro y delfín de Erdogan, Ahmet Davutoglu, había asegurado que se “cortará el brazo” de todo aquel que “ponga la mano sobre la riqueza nacional” o sea “corrupto”.

En cambio, el día de la votación en comisión parlamentaria “el ambiente estaba muy revuelto”, explica Aksünger: “Los diputados del AKP tenían dudas sobre qué votar, pero la noche anterior recibieron presiones desde arriba”. Y finalmente, votaron en contra de permitir la imputación de los ministros. “Yo no sé si las pruebas son falsas o no, pero es la Justicia la que debería decidir, y de hecho en la comisión recibimos informes forenses que certifican que las grabaciones presentadas como prueba son originales, no montajes”, añade el diputado opositor.

En cambio, Etyen Mahçupyan, asesor jefe del primer ministro, justifica la decisión en que el sumario del caso y los informes presentados por la oposición eran “muy débiles desde el punto de vista legal”, y que “un tribunal jamás los hubiese aceptado”. “Está claro que en los informes hay algunas cosas que son verdad, pero se han añadido muchas falsedades para dañar al Gobierno por parte de un grupo dentro de la policía que actúa movido por razones políticas”, afirma en declaraciones a El País. Con todo, considera normal que la mayoría de los turcos siga dando su apoyo a Erdogan y al AKP: “En Turquía siempre ha habido corrupción y la sigue habiendo. Así lo piensa la mayoría de los turcos y los propios votantes del AKP. Pero enfrentados ante un intento de golpe al Gobierno, salen a defenderlo”.

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