Alemania recomienda a sus ciudadanos y empresas que eviten Turquía
La tensión entre ambos países ha aumentado tras la detención de activistas de derechos humanos
La crisis diplomática que existe desde hace más de un año entre Alemania y Turquía ha aumentado este jueves con la declaración del ministro de Exteriores alemán, el socialdemócrata Sigmar Gabriel, que declaró que su Gobierno ya no puede garantizar la seguridad de los ciudadanos y empresas alemanas en Turquía y recomendó que evitaran el país. Gabriel, que interrumpió sus vacaciones para hacer el anuncio, explicó que Berlín reorientará su política hacia Ankara. Alemania ha endurecido el tono después del encarcelamiento de una decena de activistas de derechos humanos en Turquía, entre ellos un ciudadano alemán, Peter Steudtner, y la directora regional de Amnistía Internacional, Idil Eser, acusados de apoyar actividades terroristas en Turquía. Las medidas anunciadas por Gabriel fueron consensuadas con la canciller Angela Merkel y también con el presidente del SPD y candidato a canciller, Martin Schulz.
Gabriel también desea cuestionar la ayuda que ofrece la Unión Europea a Turquía en el marco de las negociaciones que sostiene Bruselas y Ankara para el ingreso a la UE. Alemania aporta unos 630 millones anuales al fondo europeo. La UE, por su parte ha prometido a Turquía una ayuda de 4.500 millones de euros hasta el año 2020. “Debemos tener una completa reorientación de nuestro política con respecto a Turquía y tenemos que ser mucho más claros de lo que hemos sido hasta ahora para que los responsables en Ankara entiendan que las violaciones de los derechos humanos no pueden quedar sin consecuencias”, dijo el ministro, quien también advirtió que las violaciones a los derechos humanos en Turquía vulneraban los valores europeos y también los principios que defiende la OTAN.
El Gobierno turco ha respondido a las críticas alemanas con la misma dureza, tachándolas de “inaceptables” y de “intento de interferir en la Justicia” de Turquía. “Nuestra Constitución garantiza que ninguna institución, autoridad o persona puede dar órdenes o instrucciones a la Justicia”, afirmó el Ministerio de Exteriores turco en un comunicado en respuesta a las alegaciones de su homólogo alemán. “Esas declaraciones muestran el doble rasero respecto a la ley de los mismos que reciben con brazos abiertos a los miembros de organizaciones terroristas que atentan contra nuestro país y obstaculizan que los terroristas sean llevados ante la ley”, cargó la diplomacia turca.
Como primera medida, Alemania ha endurecido las recomendaciones para sus turistas que viajan a Turquía. “A las personas que viajen a Turquía por razones profesionales o privadas, se les recomienda que sean extremadamente cuidadosos y, aunque su estadía sea breve, deben registrarse en la embajada o en los consulados alemanes”, advierte el Ministerio en su apartado “Instrucciones de Seguridad”. “La detención de ciudadanos alemanes no siempre es comunicada a las representaciones diplomáticas y tampoco se permite el asesoramiento consular”.
Las advertencias de Berlín pueden tener consecuencias inmediatas graves para el turismo en Turquía. En el año 2015, unos 5,6 millones de alemanes viajaron a Turquía, pero en 2016 lo hicieron solo 3,6 millones a causa de la inseguridad y los ataques terroristas.
La completa reorientación de la política alemana con respecto a Turquía también incluye la revisión de la llamada “garantías de crédito a las exportaciones” que ofrece el Gobierno alemán a las empresas. “Nadie puede recomendar invertir en un país donde no existe el Estado de derecho”, dijo Gabriel al anunciar que el Gobierno revisará su política de ayuda a las inversiones alemanas en Turquía. No veo cómo el Gobierno federal debe seguir garantizando inversiones de las empresas alemanas en Turquía, cuando existe no solo el peligro de expropiaciones arbitrarias, sino que ya han ocurrido”, añadió.
El Gobierno alemán ha aumentado las críticas a Turquía a raíz de la encarcelación el lunes del activista Peter Steudtner, detenido el 5 de julio en un hotel de la isla estambulí de Büyükada, donde participaba como instructor en un seminario sobre seguridad digital y protección de activistas de derechos humanos en entornos de riesgo. A Steudtner y a los otros seis activistas enviados a prisión se les acusa de “colaboración con banda armada terrorista” y de conspirar contra el Gobierno, si bien la mayoría de pruebas contra ellos son circunstanciales y el proceso ha sido internacionalmente criticado, entre otros por el Consejo de Europa. “Steudtner no era un experto en Turquía, nunca escribió sobre Turquía, no tenía contactos con políticos y nunca compareció con una voz crítica”, dijo el ministro Gabriel, quien calificó las acusaciones contra Steudtner como “injustificadas”.
Mientras, Ankara se queja de que Berlín haya acogido a 7.700 turcos que han pedido asilo en Alemania tras el fallido intento de golpe de Estado del pasado año. Según un cálculo de las autoridades turcas, de esta cifra, un tercio estarían relacionados con la cofradía de Fetulá Gülen, a la que se acusa de haber instigado la sublevación militar del 15 de julio que provocó más de 250 muertos y más de 2.000 heridos. Los turcos también denuncian que de las 136 peticiones de extradición cursadas en los últimos diez años a Berlín contra miembros de los grupos armados PKK (kurdo) y DHKP-C (extrema izquierda), Alemania sólo ha respondido positivamente a tres y ha denegado otras 110, mientras que las restantes aún están siendo examinadas.
Durante el último año, las relaciones entre Alemania y Turquía se han deteriorado como nunca antes. Primero fue a raíz del reconocimiento del genocidio armenio en el Parlamento germano, lo que llevó a Ankara a bloquear cualquier intento de visita de diputados a los soldados alemanes desplegados en la base de Incirlik y posteriormente también en la base de la OTAN en Konya (Anatolia Central). Al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, poco propenso a las críticas, le enervan las acusaciones que le hacen políticos y medios de comunicación alemanes, que han ido en aumento a raíz de la detención en Turquía de dos periodistas con nacionalidad alemana, Deniz Yücel (que posee doble nacionalidad) y Mesale Tolu (que renunció a la nacionalidad turca), a los que se acusa de terrorismo y espionaje. Erdogan ha hecho del caso de Yücel un asunto personal y aseguró que el periodista alemán no saldrá de la cárcel mientras él siga en el poder. Ningún medio progubernamental turco se atrevió en ese caso a decir que esas declaraciones eran un “intento de interferir en la Justicia”.
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