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La publicación de la primera gran ley del ‘Brexit’ promete una ardua tramitación parlamentaria

El Gobierno británico aprueba el proyecto que terminará con la primacía del derecho europeo en el Reino Unido

David Davis, ministro del 'Brexit'.
David Davis, ministro del 'Brexit'. Getty

El Gobierno británico ha comenzado este jueves la gigantesca tarea de revisar su configuración jurídica a tiempo para el Brexit, con la publicación del proyecto de la denominada "Gran Ley Derogatoria" (Repeal Bill). Esta norma está destinada a poner fin a la primacía del derecho europeo sobre la legislación británica. El texto derogará a partir del Brexit la Ley de Comunidades Europeas de 1972, que daba primacía a los tratados europeos, y convertirá gran parte de las leyes europeas en leyes británicas. El proyecto de ley, afirmó el ministro del Brexit, David Davis, asegurará que el Reino Unido tendrá un "sistema jurídico completamente funcional" a la salida de la UE". "Este proyecto de ley significa que seremos capaces de salir de la Unión Europea con control, continuidad y seguridad máxima, dijo en un comunicado. Se trata de una labor colosal. “Uno de los mayores proyectos legislativos que jamás se han llevado a cabo en Reino Unido”, según un informe de la Cámara de los Lores.

El proyecto de ley presentado este jueves constituye un prodigioso oxímoron político, un alarde de contorsionismo del lenguaje, en la medida en que lo que hará la llamada Gran Ley Derogatoria es, paradójicamente, incorporar al ordenamiento jurídico británico toda la normativa comunitaria. “Lejos de derogar la legislación de la UE, aumentará el volumen de legislación: todas las leyes y decisiones de los tribunales que conforman el acervo comunitario serán automáticamente convertidos en legislación británica”, explica la profesora Catherine Barnard, del Trinity College de Cambridge.

La norma, que entraría en vigor en 2019, en el momento en que se produzca la ruptura, tiene tres objetivos: derogar (eso sí) la ley de adhesión a las Comunidades Europeas de 1972, que daba supremacía a la legislación europea en Reino Unido; convertir todo el acervo comunitario —cerca de 20.000 normas— en ley británica; y corregir, adaptar o rechazar, caso por caso, cada una de esas normas para ajustarlas a la nueva realidad británica.

La tramitación de esta gran Ley Derogatoria supondrá la verdadera entrada en juego del Parlamento británico en el proceso de ruptura con la UE, el pistoletazo de salida de la batalla entre los diputados por tratar de dar una u otra forma al Brexit. Se trata de la primera de las ocho grandes leyes que la primera ministra quiere introducir y su tramitación parlamentaria, más compleja ahora que May ha perdido la mayoría absoluta, será la ocasión para los diputados más proeuropeos para introducir enmiendas tendentes a una ruptura más suave con la UE.

Theresa May no tiene asegurada la victoria en la tramitación parlamentaria de esta macroley, la pieza de legislación más importante del Brexit, que se debatirá en la cámara en octubre. Los laboristas anunciaron que votarán en contra a no ser que la primera ministra realice importantes concesiones. La exigua mayoría de May significa que apenas media docena de diputados conservadores rebeldes podrían conseguir, votando en contra, que no prospere la ley. Infligirían así un golpe mortal, a la vuelta de las vacaciones parlamentarias, a una primera ministra extremadamente debilitada, que se negó incluso, en una entrevista publicada este jueves en el tabloide The Sun, a confirmar si concurrirá a las próximas elecciones.

El Partido Laborista, a través de su portavoz para el Brexit, Keir Starmer, dejó claro que no acepta el guante tendido a la desesperada por la primera ministra, que pidió colaboración a la oposición, y que está dispuesto a explotar su debilidad para ofrecer un proyecto de Gobierno alternativo. Las concesiones que pide el partido, explicó Starmer, incluyen: asegurar que los derechos de los trabajadores en Reino Unido no se queden por detrás de los de la UE; incorporar la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE al ordenamiento jurídico británico, y limitar los llamados poderes de Enrique VIII, que permiten al Gobierno enmendar la legislación saltándose el escrutinio parlamentario. La Gran Ley Derogatoria no incluye la tercera demanda, la Carta de los Derechos Fundamentales, lo cual promete un duro debate a la vuelta de verano.

La primera ministra anunció en octubre que el Gobierno introducirá este proyecto de ley para convertir a Reino Unido en “una nación independiente y soberana”. Como su nombre indica, la Gran Ley Derogatoria derogará la Ley de las Comunidades Europeas, la pieza de legislación británica por la que Reino Unido ingresaba en la Comunidades Europeas en 1973 y convertía la normativa europea en legislación nacional.

La actitud del Partido Laborista ante esta pieza de legislación supone un cambio sustancial respecto a la mostrada ante la tramitación parlamentaria de la ley que activó el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inició formalmente el proceso de ruptura. En aquella ocasión, hace menos de cuatro meses, el líder laborista, Jeremy Corbyn, ordenó a sus diputados votar a favor del Gobierno, lo que provocó una serie de dimisiones en el equipo de oposición.

Pero las elecciones acabaron con la mayoría absoluta de May y el Partido Laborista, vista la reacción ante esta ley, parece dispuesto a dar la batalla y aprovechar su reforzado poder para garantizarse concesiones. Los análisis de los resultados electorales parecen indicar que el voto laborista concentró en gran medida el de aquellos que votaron por la permanencia en la UE, lo que puede convertir al reforzado partido de Corbyn en una fuerza trascendental en la dirección de un Brexit más suave.

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