Lula frente a Moro

La vida pública brasileña tiene hoy un punto de fuga: 3 de mayo. Ese día, Luiz Inácio da Silva, Lula, declarará ante el juez Sérgio Moro en una de las causas por las que está siendo investigado. El expresidente de Brasil debe explicar sus vínculos con la empresa OAS. Sobre todo, si recibió de esa constructora, a modo de soborno por contratos con Petrobras, un tríplex en Guarujá, el popular balneario del Estado de San Pablo. También si OAS le regaló el almacenamiento de 10 contenedores que conservan el legado de su Administración. Los beneficios sumarían 3,7 millones de reales, es decir, más de 1 millón de dólares. Es posible que el interrogatorio sea apenas un detalle. Será la primera vez que Lula se enfrente cara a cara con su odiado juez Moro. Y aspira a convertir esa audiencia en un acontecimiento político. Su partido, el PT, organiza una movilización de simpatizantes hacia Curitiba.

Esa marcha pretende algo más que presionar al magistrado. Es una forma de teatralizar una tesis a la que los dirigentes del denominado "campo nacional y popular" suelen echar mano cuando deben visitar los tribunales: entre el ritual institucional y la legitimidad que el líder obtiene del pueblo existe una contradicción insalvable. Esa supuesta tensión inspira una consigna también frecuente: la justicia debe ser democratizada. Son atajos retóricos en la búsqueda de impunidad.

Más allá del espectáculo del 3 de mayo, la declaración ante Moro es una partícula en medio de un gigantesco vendaval. Lula tuvo otras malas noticias. El lunes de la semana pasada, el arrepentido Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora Odebrecht, reveló a Moro que el nombre "Amigo" de su contabilidad negra correspondía al expresidente. Y que a través del exministro Antonio Palocci, que figuraba allí como "Italiano", Lula recibió 13 millones de reales, unos 4 millones de dólares. Para ensombrecer más el retrato, Emilio Odebrecht, padre de Marcelo, declaró ante los fiscales haber financiado la carrera de Lula desde los años 70. Lula respondió centrándose en un argumento: el mismo Marcelo Odebrecht admite que nunca habló con él de dinero. Y que la cuenta "Amigo" era manejada por terceros.

Más allá de los descargos, estos episodios garantizarían, por sí solos, un terremoto. Pero hoy parecen marginales. Porque, para evitar filtraciones selectivas, el ministro del Superior Tribunal Federal a cargo del caso Lava Jato, Edson Fachin, divulgó la lista de funcionarios que, por gozar de fueros especiales, serán investigados por la máxima corte del país a partir de las confesiones de ejecutivos de Odebrecht. Fachin prestó un gran servicio al Poder Judicial. En especial, a Moro. Se debilita ahora la teoría del complot que esgrime Lula, según la cual las indagaciones sobre corrupción son la coartada de una persecución oligárquica.

Entre los mencionados por Fachin hay ocho ministros del presidente Michel Temer. Entre ellos, el jefe de la Casa Civil, Eliseu Padilha, y el canciller, Aloysio Nunes. También quedaron imputados los presidentes de las dos Cámaras del Congreso, además de 39 diputados y 24 senadores. Entre estos últimos está Aecio Neves, quien disputó la Presidencia con Dilma Rousseff en 2014 y hoy está al frente del PSDB, la principal fuerza opositora.

Los directivos de Odebrecht no se limitaron a hablar de sobornos a cambio de contratos. También ofrecieron detalles sobre el financiamiento clandestino de las campañas electorales. En ese capítulo fueron mencionados cinco expresidentes: José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Lula y Dilma. Y lo más trascendente: uno de esos 77 gerentes, Marcio Faria, aseguró haber participado en una reunión en la que Temer, por entonces vicepresidente, y otros líderes de su partido, el PMDB, pidieron un aporte de 40 millones de dólares. Temer cuenta, como presidente, con una inmunidad especial que lo exime de investigaciones.

La tormenta brasileña es de una expansión ilimitada. Y plantea amenazas inmediatas. La lista que ventiló el juez Fachin, plagada de legisladores, envenenó el clima del Congreso. Para Temer acaso sea en adelante más difícil la aprobación de algunas leyes claves. Por ejemplo, el ajuste de las jubilaciones. La recuperación de la economía de Brasil, que no crecerá este año más que 0,5%, depende de esas reformas.

Hay una preocupación menos coyuntural. Toda la dirigencia está impugnada. El sistema está a merced de una corriente antipolítica. ¿Cuánto falta para que se escuche en San Pablo o en Río de Janeiro la consigna "que se vayan todos", que recorría las calles argentinas durante la hecatombe del año 2001? ¿Se está sembrando el terreno para un liderazgo populista?

Son preguntas prematuras. Pero tal vez el ascenso del alcalde de San Pablo, João Doria, deba ser examinado como el síntoma de un nuevo clima. Doria se ufana de ser un empresario, ajeno al sistema de partidos. Ese discurso contrasta con un lote de precandidatos presidenciales afectados por las delaciones de Odebrecht. Van de Lula a Neves, de Geraldo Alckmin a José Serra. En octubre de 2018 los brasileños seleccionarán al sucesor de Temer. Esas elecciones se están convirtiendo en un gigantesco agujero negro.