Provocación

Una bandera venezolana ondeó durante cuatro días en territorio colombiano en una clara violación de la soberanía por parte de 120 militares armados, que se negaban a regresar diciendo que tenían órdenes superiores de permanecer sobre la ribera occidental del río Arauca, en las Bocas del Jujú, que divide a los dos países, ahí en una vereda donde los pobladores narraron que llegaron destrozando los sembrados a montar un campamento.

Las tropas que invadieron territorio colombiano, "pero solo un poco", como dijera con descaro la canciller Delcy Rodríguez, ya se fueron , pero no fue un error involuntario provocado por causas climatológicas, como dijo la diplomática venezolana porque cambios en el cauce del río provocan diferencias de interpretación de coordenadas.

Tampoco creo que fuera "un patrullaje cotidiano en territorio venezolano, que la fuerza armada realiza para combatir las graves amenazas a la paz y estabilidad de Venezuela que representan el paramilitarismo colombiano, las bandas criminales, el delito trasnacional y en particular el delito del narcotráfico y el contrabando de extracción", como dijeron sin sonrojarse.

Es en cambio, como plantea Moisés Naím, al ser preguntado por este caso: una decisión deliberada o producto de la anarquía en las decisiones gubernamentales de Venezuela.

Y en ambos casos es muy grave. Las guerras más sangrientas siempre han tenido en el cruce de fronteras y de límites democráticos una razón para empezar y no encontrar fin. Y si quienes las cruzan son militares con un mando dividido y alimentados por el narcotráfico, según las autoridades norteamericanas, es aún más complicado.

La tensión antes del retiro de las tropas debería dejar varias lecciones. Funcionó la vía diplomática, en buena hora; también el envío de 300 militares colombianos a rodearlos logró su objetivo, que el presidente Juan Manuel Santos le haya dicho a Nicolás Maduro que era inaceptable y exigiera la salida inmediata de los militares, perfecto. Pero el tema no ha terminado. Esto fue una grave provocación y debería ser informado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por lo menos.

Hace pocos días, 14 países de la OEA, entre los que se encuentra Colombia junto a Argentina, Brasil, Canadá, Chile y Costa Rica, pidieron a Maduro elecciones y liberar a los presos políticos —entre otras solicitudes— ante un régimen que es autoritario y represivo. Venezuela es a todas luces un Estado crítico y amenazante para toda la región, pero sobre todo es el rostro de la violación a los más mínimos derechos de sus propios ciudadanos hambrientos y sin lo necesario para atender sus dolencias.

La salida o sanción pedida por Almagro para sacar a Venezuela de la Asamblea General de la OEA tiene por lo menos que ser valorada para condicionar la participación de ese país al retorno a unos canales democráticos que son los que le permitieron tener un asiento en la organización hemisférica.

Y todo eso pasa en el vecino país mientras en Colombia se promueve una marcha en nombre de una patria que no soporta más mentiras y que le dice a los homofóbicos, a los intolerantes, que cualquier excusa es válida contra el Gobierno. Olvidándose de los riesgos de jugar con la institucionalidad a punta de frases efectistas cuando frente a los temas de fondo, a los que debería una oposición apuntar, se tapan los ojos los integrantes de la que bien llama Ricardo Silva la sociedad de vigilantes impunes.

Pero para esas mentiras convertidas en frases publicitarias en las redes habrá tiempo. No hay tiempo es para evitar un estallido en la siempre caliente frontera colombo-venezolana. Venezuela se blinda en la incapacidad creciente de organismos multilaterales para encontrar salidas y en la complicidad muda del continente que al menos ahora ha empezado a decir pasito lo que piensa. El tono crecerá cuando a los otros les pasé lo que ocurrió en Arauquita y, entonces, ojalá las decisiones no lleguen a destiempo.