EE UU y la UE sancionan al régimen congoleño de Kabila

A una semana del fin de mandato oficial del presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, la Unión Europea y Estados Unidos han castigado con sanciones a nueve altos cargos de su régimen. Acusados de entorpecer el proceso electoral y de violaciones de derechos humanos son, todos ellos, personajes clave del aparato político o militar que protagoniza la grave crisis actual. Es la primera vez que la UE acusa abierta y directamente al entorno próximo de Kabila, que debería dejar el cargo el 19 de diciembre. Al no haberse celebrado las elecciones previstas en noviembre -el Gobierno se ha excusado en la falta de fondos y la imposibilidad de actualizar el censo en el plazo previsto-, la crispación crece en todo el país en lo que se teme puede terminar en un estallido de violencia. Partidos políticos y activistas de la sociedad civil llevan meses exigiendo que se respete la Constitución, y que Kabila abandone el poder. Pero la respuesta ha tenido forma de detenciones extrajudiciales, represión y torturas por parte del gobierno. Y las torpes negociaciones, que aún prosiguen en ansiosa cuenta atrás, no han convencido.

La UE se ha centrado en siete oficiales de las fuerzas de seguridad, entre ellos, los principales responsables de la represión de las manifestaciones en Kinshasa celebradas el 19 y 20 de septiembre, en las que murieron medio centenar de personas. En la lista, y directamente vinculados a la violencia contra los manifestantes de septiembre, aparecen el comandante de la Guardia Republicana, Ilunga Kampete; el jefe del Ejército en la zona de Kinashasa, Gabriel Amisi Kumba, alias Tango Four; el comandante de los antidisturbios, Ferdinand Ilunga Luyoyo; el jefe de la Policía congolesa, Celestin Kanyama y el jefe de inteligencia militar, Delphin Kahimbi.

Algunos de ellos, como Tango Four, son viejos conocidos en el este del país, donde se disputa aún una guerra muy alejada de los focos, y han sido vinculados a masacres o al tráfico de minerales. La UE incluye también al número dos de los servicios secretos (ANR), Roger Kibelisa, y al ex inspector general de la Policía, John Numbi, por dirigir la intimidación, las detenciones arbitrarias y “obstaculizar la salida de la crisis”. Los siete sancionados no podrán viajar a Europa y se les congelarán las cuentas en la UE.

Estados Unidos, por su parte, se ha centrado en dos personalidades clave en el poder, acusados de “minar el proceso electoral”. Se trata del viceprimer ministro, Evariste Boshab, a quien describen como un actor fundamental en la estrategia de mantenimiento al poder del presidente Kabila después del 19 de diciembre de 2016, y del número uno de la Inteligencia (ANR), Kalev Mutondo, por haber apoyado a neutralizar las manifestaciones y opositores, muchos de ellos torturados y maltratados.

Joseph Kabila llegó al poder por sorpresa, joven e inexperto, en 2001. Nacido en un campo militar de la rebelión que dirigía su padre, Laurent Desiré, Joseph Kabila era un militar raso cuando asesinaron a su padre, el presidente, y le catapultaron, con 30 años, a la batuta de un país en guerra. Durante cinco años dirigió la transición hasta las primeras elecciones democráticas de la del país en más de 40 años. Y, con un amplio apoyo popular, con muchas esperanzas, el “artífice de la paz”, revalidó la presidencia en las urnas en 2006. Pero en la última década, en la que la guerra ha seguido desangrando el este, en la que su esfera y el alto estamento político y militar se ha vinculado a menudo a los beneficios millonarios del comercio de minerales y a la violencia, su percepción se ha deteriorado. Muchos piensan que si se retirara ahora mantendría el legado de pacificador, pero el giro represivo de los últimos años para aferrarse al poder está minando su herencia, y el frágil futuro de la República Democrática del Congo.