Austria se blinda para cortar un posible repunte migratorio

El canciller de Austria, el socialdemócrata Christian Kern, y su ministro de Defensa, Hans Peter Doskozil, otean el horizonte en dirección a la frontera húngara. Acaban de entregar nuevos prismáticos de visión nocturna a los soldados que vigilan el límite con el país vecino, desde donde cruzaron en 2015 centenares de miles de refugiados en dirección a Alemania. Casi 90.000 se quedaron en Austria que, un año después, se debate entre el control de fronteras y la tarea de integrar a los acogidos. El empuje de la ultraderecha del FPÖ, que cabalga a lomos del rechazo a la migración, y la amenaza de Turquía de romper el acuerdo con la UE mantienen al Ejecutivo austriaco en alerta.

“Tenemos que hacer nuestro trabajo, no podemos exponernos a un chantaje”, afirmó el lunes el canciller en referencia a los advertencias turcas. Tras atender a las miles de personas que atravesaron el país en pocos meses, el Ejecutivo de coalición entre socialdemócratas (SPÖ) y conservadores (ÖVP) endureció el tono y blindó sus fronteras. Las medidas austriacas, unidas a la valla húngara, causaron un efecto dominó que acabó por cerrar la ruta de los Balcanes.

Desde enero, Austria ha registrado unas 37.000 nuevas peticiones de asilo, menos de la mitad que en 2015. Pero el Gobierno no se fía y desarrolla una orden de emergencia que cortaría el paso a los solicitantes en caso de peligro para la seguridad interna y riesgo de colapso sociosanitario. Un escenario de caos en uno de los países más ricos de la UE con el que el Ejecutivo justifica los topes anuales de acogida que ha decidido —un máximo de 130.000 hasta 2019, lo que equivale al 1,5% de la población—. La coalición discute cómo anclar la cifra en la ley porque choca con el derecho al asilo. La preocupación de los ciudadanos ante un nuevo aumento de refugiados marca el debate en un Gobierno mal avenido en el que los socios se bloquean para satisfacción de la ultranacionalista FPÖ, que capitaliza los temores de muchos austriacos y aspira este domingo a convertir a Norbert Hofer en presidente del país.

“El debate de la migración sigue ahí, pero en un tono menos histérico” que durante el año pasado, afirma Anton Pelinka, politólogo de la Universidad Central Europea de Budapest (Hungría). En este último tramo de campaña, “Hofer no ha podido aprovechar tanto el tema como hace meses”, añade. Menor tensión Esa disminución de la tensión ha llegado a la calle.

Cuando a principios de año se anunció la apertura de un centro de refugiados en un edificio vacío del distrito industrial de Liesing, en el suroeste de Viena, los vecinos recogieron miles de firmas en contra. “El centro solo estará abierto hasta marzo de 2017, pero circulaban rumores de que sería permanente. También había miedo a un aumento de la criminalidad”, recuerda Belinda Schneider, responsable de comunicación de la organización asistencial Johanniter de Viena, encargada de la residencia. Nueve meses después, han cesado las protestas. “Nos lo imaginábamos peor, pero no nos ha molestado nadie”, admite una vecina jubilada. No quiere dar su nombre y antes de acelerar el paso avisa: “Si sigue así, bien. Pero no sabemos si vendrán más y no queremos ser islamizados”. Es el hilo argumental del FPÖ, que secundó el rechazo al centro.

Previsto para un máximo de 750 personas, el centro alberga a 209 solicitantes de asilo, la mayoría familias de Afganistán, Siria, Yemen, Nigeria o Irán, como Hamid Reza, ingeniero de 35 años. Huyó de Teherán junto a su mujer y su hija por motivos políticos, cuenta. Reza dice entender las reticencias: “La gente paga impuestos y a veces se enfada”.

La atención empieza a desplazarse hacia la lenta integración de los asilados, especialmente en el mercado laboral. El paro ronda el 9%, según datos oficiales, y afecta a unas 430.000 personas. En las oficinas de empleo había apuntados 25.000 asilados en julio. La previsión de que puedan pasar años hasta que encuentren trabajo ha desatado otra agria discusión política en torno al coste en ayudas sociales, que algunas regiones han empezado a recortar y quieren vincular a cursos obligatorios de alemán. Pero el Gobierno no ha sido capaz de unificar criterios con los länder. La integración va para largo.