El clamor popular

El pasado 2 de octubre triunfó el ‘no’ en el plebiscito realizado en Colombia. La expresión de las mayorías no fue en contra de la paz, sino en rechazo a unos acuerdos donde la impunidad se mimetizaba en medio de sus alambicadas frases, mientras se daba cabida a un debilitamiento institucional, empezando por la incorporación de sus contenidos a la Constitución nacional.

La mayoría de los votantes dijimos ‘no’ a que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad pudieran ser elegidos, como lo indica nuestra Carta Política. Clamamos porque existieran penas efectivas y proporcionales por delitos que ameritan prisión en el Estatuto de Roma, porque el narcotráfico y otros delitos no fueran amnistiables bajo la figura de la conexidad con la “rebelión” y porque nuestra justicia no terminara fragmentada con una estructura paralela carente de controles.

Nuestro rechazo también fue a una reforma constitucional que se activaría con el triunfo del ´sí', en la que el Presidente quedaría con facultades especiales para promulgar decretos con fuerza de ley para implementar los acuerdos, donde la Constitución se podría reformar en pocas semanas y donde el Congreso solo podría modificar iniciativas con la autorización del gobierno.

Con la victoria, la coalición del ‘no’ pidió un acuerdo nacional que permitiera corregir los acuerdos e introducir modificaciones que unieran al país en la construcción de un proceso de desmovilización, desarme y reinserción sostenible. Para ello, se presentaron documentos técnicos que señalaban observaciones a todos los capítulos, recalcando la necesidad de precisiones y sugiriendo cambios de fondo en los temas sustanciales relacionados con la impunidad mimetizada.

Casi dos meses después del triunfo del ‘no’, el acuerdo nacional no fue alcanzado. Se ha firmado un nuevo Acuerdo donde si bien se reconocen temas sugeridos por la coalición del ‘no’, subsisten elementos esenciales del rechazo popular. Los cabecillas de las FARC han conseguido una redacción ambigua que les permitiría aspirar a cargos de elección popular sin siquiera cumplir sanción alguna por sus cruentas conductas. La Justicia Especial para la Paz, a pesar de algunos ajustes de necesaria adopción, sigue creando una fractura institucional y la integralidad de los acuerdos adquiere el alcance de norma de obligatorio cumplimiento, al igual que referente de interpretación para la estructuración normativa.

Bajo estas claras premisas contrarias al clamor de las mayorías, se pretende ahora que sea el Congreso el que refrende los acuerdos y no el pueblo. Proceder de esta manera sin un consenso nacional y sin un sólido sustento legal, dejará los acuerdos en el terreno de la fragilidad y generará un rechazo mayor de la ciudadanía. No hay duda de que el Congreso es el lugar idóneo para la implementación normativa con los procedimientos ordinarios, sin acudir a mecanismos hechizos rechazados en las urnas, pero pretender que este órgano refrende unos acuerdos sin modificaciones esenciales es un camino erróneo.

¿Puede existir un camino para resolver estos errores sin someter al país a una grave incertidumbre? La respuesta es sí. Ese camino puede estar en un acuerdo político entre todas las fuerzas del ‘sí’ y el ‘no’, representadas en el Congreso.

El primer paso está en hacer un debate profundo para identificar las coincidencias. Es perfectamente posible avanzar en todos los aspectos humanitarios que permitan la activación de las zonas de concentración de las FARC y el proceso de entrega de armas, para mitigar riesgos a la seguridad nacional. En este plano se puede llegar a acuerdos sobre normas de amnistía que beneficien a la base guerrillera.

Desde el fuero del Congreso también se puede llegar a acuerdos sobre el alcance y la precisión de las normas de la Reforma Rural Integral, Política Anti-Drogas, sin que el Estado renuncie a ninguna de sus herramientas, reparación económica y material de las víctimas y el desarrollo de reformas al sistema político.

Un acuerdo político también debería hacer valer la independencia del Congreso para corregir las ambivalencias y los errores que subsisten en los acuerdos. Aceptando los ánimos constructivos de la coalición del ‘no’, el Congreso debería exigir el pago de pena como condición para aceptar la entrega de derechos políticos, al igual que corregir los mecanismos para eludir penas proporcionales y efectivas que han sido introducidos. Un escenario de entendimiento implica que no se busquen canales a través de las Cortes, para revivir los instrumentos de implementación rechazados en las urnas.

En el Congreso de Colombia está la última oportunidad para lograr un gran Acuerdo Nacional con mecanismos para tramitar con independencia los desacuerdos. Lograr este camino evita la ilegalidad de una refrendación contraria a las mayorías y la apertura de un camino de implementación que fracture nuestra democracia.

Si el Congreso obra con grandeza e independencia se podrá avanzar, de lo contrario solo quedará el camino de un referendo para que el pueblo decida sobre las reformas a la Constitución que son contrarias al mayoritario clamor popular expresado el 2 de octubre.

Iván Duque es senador del Centro Democrático.