Encarcelados ocho jefes policiales en Argentina por cobrar sobornos

Las redes de crimen organizado siguen siendo un grave problema en Argentina. De allí se desprenden el lavado de dinero para justificar el dinero obtenido y la trata de personas para ejecutar las actividades ilícitas. En ese mecanismo muchas veces están involucrados los efecticos de las fuerzas policiales, que hasta ahora, gozaban de una impunidad alarmante o, en el mejor de los casos, apenas eran exonerados una vez descubiertos. Es por ello que sorprende la noticia de que ocho exjefes de la Policía Bonaerense (la más señalada por la sociedad) fueron detenidos en el marco de una investigación en la que están acusados de recaudar dinero ilegal de la droga, el juego clandestino y la prostitución. En otras palabras, cobraban coimas –como se llama en Argentina a los sobornos- para hacer la vista gorda ante los delitos.

Los involucrados son el extitular de la Jefatura Departamental (unidad a cargo de las investigaciones) La Plata, Darío Camerini; el exsegundo jefe, Roberto Carballo; el exsecretario, Walter Skramowskyj, y el exjefe de Calle, Ariel Huck, quienes se entregaron en la sede de esa dependencia. En tanto, los exjefes de la comisaría 3ra., Sebastián Cuenca; de la 12a., Raúl Frare; de la 16ta., Federico Máximo Jurado, y de la 2da., Sebastián Velázquez fueron detenidos en sus respectivos domicilios. Fuentes judiciales informaron a la prensa que hasta el miércoles por la noche faltaba detener al exjefe de la seccional 6ta. Julio Sáenz. Con respecto a este último, este diario dio cuenta hace algunos días de las irregularidades cometidas en esa seccional, ubicada en el barrio de Tolosa, donde sus vecinos buscan ingresar al libro de récords Guinness por haber tenido 12 comisarios en 4 años.

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, donde viven más de 15.000.000 de personas, Cristian Ritondo, dijo en una entrevista a EL PAÍS, que ha despedido de la fuerza a 4.000 hombres y advirtió que “no habrá paraguas oficial” para los corruptos. “Descubrí sobres, casinos clandestinos que repartían dinero”, dice Ritondo.

Los abogados defensores de los policías habían pedido la eximición de prisión de sus clientes pero la Cámara de Apelaciones de La Plata convalidó las órdenes de detención. El fiscal Marcelo Martini, que instruye la causa que investiga la aparición en la Jefatura Departamental de La Plata de 36 sobres numerados con 153.700 pesos en total, comunicó al Ministerio de Seguridad bonaerense los pedidos de detención ordenados por la jueza de Garantías platense Marcela Garmendia y personal de Asuntos Internos provincial se encargó de los arrestos. Los jueces Carlos Silva Acevedo, Alejandro Villordo y Carlos Argüero, imputaron por unanimidad a los jefes policiales el delito de “asociación ilícita”.

La investigación se inició el 1 de abril cuando una denuncia anónima advirtió a Asuntos Internos que Camerini recaudaba alrededor de 200.000 pesos por mes de coimas. A partir de allí, se realizó un procedimiento en la Jefatura Departamental donde se secuestraron los sobres y en cada uno de ellos estaba escrito de qué repartición provenían. Villordo sostuvo que se trata de “una organización con permanencia y estructura jerarquizada, con férreas normas de funcionamiento interno, donde el poder decisorio recae en la cúpula, quién además posee una multitud de medios y sujetos dispuestos para llevar a cabo sus fines”. “Sobre esta organización burocrática integrante del aparato estatal, es decir de legal existencia, y valiéndose de ella, se ha constituido y funciona otra con fines ilícitos, de la que forman parte -en principio-, los funcionarios policiales aquí imputados”, graficó.

En declaraciones a la prensa luego de producidas las detenciones, Martino no dio cuenta del destino del dinero descubierto pero reconoció: “Detecté a dos comerciantes que hicieron la denuncia correspondiente, un supermercado chino y una remisería, a los cuales les pedían dinero sistemáticamente para brindar seguridad. El destino de los fondos no se sabe pero evidentemente forma parte de una asociación ilícita para beneficio de ellos”. Para el magistrado, las sumas de dinero exigidas “con el fin de despojar a la persona en provecho de su patrimonio, fueron obtenidas valiéndose del temor funcional, que reviste el cargo policial”.