La Justicia estadounidense discute la competencia de los agentes fronterizos

Sergio Adrián Hernández Guereca, un adolescente mexicano de 15 años, murió en junio de 2010 en el lado mexicano del lecho seco del Río Grande, a la altura de Ciudad Juárez. La bala que lo mató fue disparada desde el lado estadounidense por un agente de la patrulla fronteriza, Jesús Mesa, que hacía su ronda en El Paso (Texas). El caso abrió en Estados Unidos una dura disputa judicial acerca de la jurisdicción y los derechos de la víctima aunque no tenga la nacionalidad estadounidense. Tras años de lucha en tribunales menores, la decisión final está más cerca, después de que la Corte Suprema aceptara este mes revisar un caso que ha enfrentado a los Gobiernos de los dos países.

Los ocho jueces en activo del máximo tribunal estadounidense deberán decidir, en los próximos meses, si los padres del joven pueden demandar al agente que mató a su hijo y abrir con ello, según Washington, una puerta legal de consecuencias insospechadas.

“Zona de nadie”

Clave en todo ello es la cuestión de si se puede aplicar la Constitución estadounidense y sus garantías a un ciudadano extranjero que ha muerto, como fue el caso de Hernández, en territorio también extranjero. La defensa del joven alega que hubo un uso excesivo de la fuerza que viola la cuarta y quinta enmienda de la Constitución, ya que el agente respondió con disparos a un grupo de jóvenes que lanzaban piedras y se negaron a obedecer cuando se les instó a que pararan. Una investigación del FBI concluyó, además, que Hernández ni siquiera estaba tirando piedras cuando fue abatido, sino que recibió el disparo en plena cara cuando se asomó a mirar desde el pilar del puente que conecta a la mexicana Ciudad Juárez con la estadounidense El Paso.

La familia de Hernández demandó a varias agencias del Gobierno estadounidense. Un juez local desestimó los cargos por una cuestión de soberanía, al considerar que Hernández es mexicano y estaba en territorio de su país cuando murió. Pero un panel parcial de la Corte de Apelaciones decidió en 2014 que, aunque no se puede demandar a las agencias estatales, la familia sí podía buscar una acusación individual contra el agente Mesa. Sin embargo, el pleno de esa misma Corte concluyó un año más tarde que la familia Hernández no podía ampararse en la Constitución estadounidense para presentar su demanda. La última palabra la tendrá ahora el Tribunal Supremo.

Según la defensa de los padres de la víctima, si los máximos jueces de EE UU les niegan la posibilidad de demandar al agente se transmitirá el mensaje de que existe una “zona de nadie, sin leyes, en la que los agentes estadounidenses pueden matar a civiles inocentes con impunidad”.