Amnistía acusa a los Gobiernos de la violencia en Centroamérica

Mateo (nombre ficticio), guatemalteco de 23 años, vio morir a su hermana mientras intentaban cruzar de México a EE UU en 2010. Él apenas tenía 17 y ella, 22. Su hermana se desmayó de repente en mitad del desierto de Sonora, donde el grupo con el que viajaban les abandonó sin agua ni comida. Su hermana murió en sus brazos. Alexa (también nombre ficticio), de 34 años, se ve obligada a huir de Honduras después de que dos de sus hijos, de 13 y siete años, fueran asesinados por miembros de las maras. Estos son algunos casos recogidos en el informe realizado por la ONG, que culpa también a México y a EE UU de violar el principio de derecho internacional de no devolución. Este prohíbe a un Estado deportar a un refugiado a un país donde su vida corra peligro.

En concreto, México, territorio de tránsito para los migrantes que huyen hacia EE UU, es el que más incrementó entre 2010 y 2015 las devoluciones a Guatemala, El Salvador y Honduras, en un 188%, 233% y 145%, respectivamente, según las cifras recopiladas por Amnistía. Ante las deportaciones, la ONG advierte de que “ningún gobierno del Triángulo Norte cuenta con un mecanismo o protocolo integral y articulado para abordar las necesidades de protección de las personas deportadas, lo que expone a muchas a grandes peligros”. EE UU, por su parte, realizó un 5% menos de devoluciones al Triángulo Norte en 2015 que en el 2010.

La investigación, titulada ¿Hogar, dulce hogar? El papel de Honduras, Guatemala y El Salvador en la creciente crisis de refugiados, señala a las maras como principales generadores de la violencia. Estas bandas armadas han aumentado su cuota de poder con la llegada de miembros deportados de Estados Unidos y con la influencia de los cárteles de la droga. Y han convertido la región en una de las más peligrosas del mundo declaradas en paz.

Aumento de los refugiados

Los alrededor de 48.000 guatemaltecos, salvadoreños y hondureños que han solicitado el asilo en otros países el año pasado supone un incremento de los migrantes del 597% entre 2010 y 2015. El informe de Amnistía —tal y como señaló esta misma semana a EL PAÍS el responsable de Acnur para América Central, José Samaniego, en una entrevista— concluye que “el aumento de operaciones de control migratorio en las fronteras tanto norte como sur de México significa que no es probable que estas cifras se reduzcan en un futuro cercano”.

Otro de los testimonios recogidos es el de Mirna Carmen Solórzano. Su hija de 23 años salió de su casa en San Vicente (El Salvador) para encontrarse con su padre en EE UU, pero se perdió su rastro en México. El mismo mes de su desaparición, unos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño se presentaron en su casa y le dijeron que se había encontrado el carné de identidad de su hija entre las 72 víctimas de la masacre de Tamaulipas. Le entregaron un cadáver en un estado en que la identificación resultaba prácticamente imposible y aún no se ha realizado la prueba de ADN que solicitó la madre. Por situaciones como esta, la ONG también revela que “en los numerosos casos en los que a los migrantes les han ocurrido tragedias durante el viaje, los respectivos consulados y ministerios de relaciones exteriores se han mostrado lentos e indiferentes a la hora de reclamar justicia y prestar asistencia a sus familias en el país de origen”.

La violencia es el factor clave de emigración de Honduras y El Salvador, según Amnistía Internacional. Los índices de homicidio apoyan la tesis: 108 de 100.000 habitantes fueron asesinados en El Salvador en 2015 y 63, en Honduras. La tasa en EE UU es 4,35. El caso de Guatemala, con un índice menor (35 de 100.000), incluye la desigualdad histórica como factor de expulsión. En el Triángulo Norte, ya en su conjunto, más de la mitad de los asesinados en 2015 tenía menos de 30 años.