La ciudadanía se une en la calle por la paz ante la división política en Colombia

A los turistas, las palomas y los funcionarios que cruzan cada día la Plaza Bolívar de Bogotá los observa, desde hace una semana, un grupo de ciudadanos desde sus tiendas de campaña. Forman el Campamento por la Paz, un asentamiento que se creó el 5 de octubre, tres días después de que se rechazaran en plebiscito los acuerdos con la guerrilla de las FARC tras cuatro años de negociación. Sus habitantes, como miles de colombianos, salieron a reclamar aquel día que no volviera la guerra y que se revisara lo pactado con celeridad. Y por si la manifestación no era recordatorio suficiente, decidieron quedarse a dormir en el centro de la ciudad, a la vista de los máximos órganos de poder de Colombia: el Parlamento, la Alcaldía, el Palacio de Justicia y la Catedral.

El campamento se rumió en Facebook. Horas antes de que comenzara la denominada Marcha del Silencio, convocada por organizaciones de estudiantes en 14 ciudades del país, Juan Fernando Céspedes, un joven emprendedor, escribió un post en la página de la manifestación: “Al llegar mañana a la plaza, quedémonos ahí acampando, los días y las noches que sea necesario, hasta que Uribe, Santos y Las FARC lleguen a un acuerdo. Sin levantarnos!”. La propuesta se compartió cientos de veces y recibió miles de me gusta. La primera noche fueron 12 personas, a los que ya se conoce como el equipo motor. Una semana después, son más de 150.

“Estamos homologando el 15-M”, decía en aquel momento Manuel Llano, diseñador de 28 años, y miembro de la primera avanzadilla. Las semejanzas con el movimiento español de indignados están en las carpas, los comités que aseguran la organización, la seguridad, la comunicación y la convivencia en este espacio público. También hay una referencia a lo que sucedió en la plaza de Sol de Madrid en 2011 en el sistema asambleario con el que toman decisiones. Pero difieren en el objetivo. “En España, en Londres o Nueva York con el movimiento Occupy se reclamaba un cambio de sistema, aquí estamos por la paz”, explica Maitane Egido, una joven de 20 años del País Vasco, que tiene una beca para estudiar en Bogotá.

En el Campamento por la Paz tienen tres demandas: mantenimiento del cese al fuego bilateral y definitivo que, por el momento, se mantiene hasta el 31 de octubre; el apoyo a las víctimas de más de medio siglo de conflicto armado; y #acuerdosya, es decir, que la nueva mesa de negociación con los promotores del no al proceso de paz con las FARC trabaje rápido. No se escucha ni se lee en ninguna pancarta el clásico argentino Que se vayan todos, ni hay referencias negativas hacia ningún político. “Somos los del sí, los del no y ese más de un 60% de abstencionistas”, explica Juana Ruiz, chef de 30 años, que duerme en la Plaza de Bolívar desde el primer día. “No nos molesta que el Gobierno dé publicidad a nuestras iniciativas ni a otras marchas que se están organizando”, aclara sin quitarse la bandera apolítica.

Distintos miembros del Ejecutivo de Juan Manuel Santos y de partidos políticos de diversa índole han participado de estas manifestaciones populares como la instalación de más de 7.000 metros de tela con nombres de víctimas con la que la artista colombiana Doris Salcedo cubrió la Plaza de Bolívar el 11 de octubre. El propio presidente comparte estas iniciativas en sus redes sociales y desde la página de Facebook de Presidencia de la República se retransmiten en vivo. “Las organizaciones civiles tienen agendas políticas y económicas distintas de las del Ejecutivo, pero la paz les beneficia a todos”, explica Andrei Gómez, investigador asociado en la Universidad de Oxford y promotor del movimiento Roodando la Paz. El analista cree que “Santos ganaría en su apuesta por la llegada de capital extranjero a sectores clave como el energético”. Mientras que la izquierda “podrá convertirse en una opción real de poder y así cambiar el modelo económico neoliberal imperante”.

Si los ministros de Santos se dejan ver en las marchas, de los partidarios del exmandatario Álvaro Uribe, principal opositor a los acuerdos, no hay rastro. “El presidente pertenece a una élite tradicional que ha gobernado desde el centro pero que no teme verse cuestionado como los afines a Uribe”, comenta Gómez. Al uribismo le persigue desde hace más de una década el fantasma del paramilitarismo y el apoyo de los grandes terratenientes dueños de gran parte del país. “La reforma rural y la restitución de tierras que se plantean en los acuerdos van en contra de sus intereses”, plantea Gómez.

A principios del nuevo siglo, las organizaciones sociales que ahora se hacen oír en las calles estaban arrinconadas bajo el estigma de “traficantes de derechos humanos” que les había colocado Uribe. Era su manera de vincularlas con los que denomina “los narcoterroristas de las FARC”. Casi dos décadas después, han terminado de recorrer un camino de empoderamiento que los unió a todos en la Plaza de Bolívar el miércoles 12, día de la Raza o de la Hispanidad, en la multitudinaria Marcha de las Flores. Campesinos, indígenas, afrodescendientes, víctimas y “un sector de la sociedad civil tan apático como los estudiantes”, en palabras del experto, gritaron unidos por la paz y le mandaron un mensaje a la clase política: entre manifestante y manifestante no hay espacio para la división. Y piensan seguir haciéndolo hasta que haya acuerdo. “De aquí no nos movemos”, aseguran desde el Campamento de la Paz.