“A más controles migratorios, más rutas peligrosas y más traficantes de personas”

A la sombra de la mayor crisis de refugiados en lo que va de siglo —la provocada por la guerra en Siria—, el Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) vive su particular drama sin focos ni cámaras. Allí, decenas de miles de personas huyen cada año de sus casas en busca de seguridad, algo que no pueden encontrar en sus países de origen, donde las redes criminales ejercen una violencia despiadada. Las peticiones de asilo en EE UU y México, destinos preferentes de estos migrantes, se han duplicado en el último año y una de cada dos personas reúne las condiciones para recibir el estatus de refugiado. En esta tesitura, el máximo responsable del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), José Samaniego, reclama más cooperación entre las naciones de la región y se lamenta por el aumento de los controles migratorios, que provocan la apertura de rutas más peligrosas y son un acicate para las redes de traficantes: “Hay que analizar mejor cada caso entendiendo el contexto y la dimensión y el impacto de la violencia; brindar protección internacional es salvar vidas”, subraya horas antes de participar en un encuentro organizado por la Casa de América de Madrid.

Pregunta. La palabra refugiados tiende a asociarse con Siria e Irak. Aunque la dimensión es incomparable, América Central también está viviendo su particular crisis…

Respuesta. Hay crisis que, por su dimensión y visibilidad, eclipsan otras situaciones de desplazamiento en el mundo. En el caso de América hay tres situaciones importantes: la de Colombia, con siete millones de desplazados —la mayor cifra en todo el mundo— y 250.000 refugiados; la del Caribe, en particular el caso de los haitianos, una gran población apátrida repartida por varias islas; y Centroamérica, tal vez la situación más compleja tanto para entender como para asistir y dar una respuesta. América Central siempre ha tenido una tradición migratoria, pero ahora tiene que ver casi en su totalidad con la violencia y que afecta a Honduras, El Salvador y Guatemala.

P. ¿De qué violencia hablamos?

R. No se trata de un conflicto ni de persecución estatal, sino de actores privados ligados a actividades delincuenciales que acosan a la población, cometen homicidios, extorsionan, secuestran, agreden sexualmente, reclutan a menores y, así, provocan el desplazamiento forzado. El otro día leía una frase que refleja muy bien esta situación: “Mientras que antes teníamos que salir para mejorar nuestra calidad de vida, ahora tenemos que salir para salvar nuestra vida”. La violencia ha llegado a tales niveles que desborda claramente la capacidad de protección de los Estados.

P. ¿Es EE UU el gran destino o ha cambiado la tendencia?

R. Sí, sobre todo por los vínculos familiares con personas que viven allí. Pero es interesante cómo en México y en otros países de la zona, las tasas de crecimiento son mucho mayores. Creo que eso tiene que ver con las dificultades, cada vez mayores, de emigrar a EE UU. Y con las necesidades urgentes de protección: las personas buscan destinos más cercanos y a los que es más seguro llegar.

P. Se habla de tres países: Honduras, El Salvador y Guatemala. ¿En cuál de ellos es más acuciante la situación?

R. En cuanto a índices de violencia, El Salvador y Honduras. En el caso salvadoreño, el fenómeno de las maras empieza con la deportación de mareros de EE UU. Y en Honduras, el crecimiento ha sido más reciente, con San Pedro Sula convertida en una de las ciudades más violentas del mundo. Guatemala está a otro nivel, con otros factores más ligados a la pobreza.

P. ¿Cuál es el perfil del refugiado?

R. Una persona que no quiere acogerse a la autoridad de los mareros. En muchos casos, estamos hablando del niño o de la chica guapa a los que intentan poner presión y tratan de seducir a través de regalos y encomiendas para reclutarlos. Suelen ser ellos, bajo amenaza de matar a un miembro de su familia si no cumplen las órdenes, quienes recorren el camino y tratan de llegar sea como sea a México y a EE UU. A esos chicos y chicas no puedeN devolverles a su país: si vuelven, les matan. Otro perfil es el del objetivo económico de las maras: el transportista o el tendero que es extorsionado. Pero no solo: también hay líderes barriales, representantes de ONG locales y hasta periodistas que en algún momento se han posicionado en contra de las pandillas.

P. La incapacidad del propio Estado de proteger a estas personas es, quizá y desde una óptica europea, lo más lacerante.

R. Es cierto, pero hay que poner el acento en el plano transnacional. La dimensión que ha llegado a tener la violencia hace que la respuesta también tenga que ser de carácter regional. Entre Honduras, El Salvador y Guatemala hay 60.000 miembros activos de pandillas y, si se le suma las poblaciones de apoyo, estaríamos hablando de 500.000 o 600.000 personas. El fenómeno ha tomado una dimensión tan grande que un solo país no puede lidiar solo. Tiene que haber una cooperación regional clara. Si un ciudadano no puede encontrar protección en su país, lo importante es abrir espacios para que pueda cruzar fronteras.

P. ¿Se están poniendo los medios?

R. Nunca es suficiente, pero sí se están dando pasos importantes. En El Salvador hay un plan que es un modelo y no solo trata de dar respuesta a la violencia sino trata de crear un marco legal que ampare a las víctimas. En Honduras se creó una comisión para personas desplazadas y se está trabajando en programas completos. Pero la magnitud de este fenómeno sobrepasa cualquier esfuerzo. La zona es un modelo a seguir para otras porque, entendiendo que es una crisis regional, la respuesta solo puede ser en el propio plano regional.

P. ¿Y los países de destino y tránsito?

R. Deben dar una respuesta mejor y más rápida. Si una persona es solicitante de asilo, no puede estar detenida. México y Costa Rica están trabajando en este ámbito. Respecto al tránsito, es una obligación y una responsabilidad crear condiciones seguras.

P. ¿Y se está haciendo?

R. La sociedad civil y las Iglesias sí están actuando. Están creando redes de albergues, sobre todo en México, que dan a los refugiados y migrantes una atención básica, como comida y un lugar donde dormir, y también orientación legal, psicosocial y sanitaria. La respuesta es insuficiente, pero por lo menos hay una conciencia de los países. Es algo que no sucede en otras zonas del mundo.

P. En julio, EE UU amplió su programa de acogida de refugiados centroamericanos. ¿Es suficiente?

R. Siempre se puede hacer más. En los casos de EE UU y México, las políticas de control migratorio se han fortalecido en los últimos años. Para ilustrarlo con una cifra: las deportaciones han aumentado y, grosso modo, cada año 250.000 personas son devueltas a los tres principales países de origen [Honduras, El Salvador y Guatemala]. En EE UU, este año han surgido varias iniciativas de admisión humanitaria, especialmente para menores. También se están poniendo en práctica programas de reasentamiento, aún en fase piloto, que tratan de poder identificar perfiles en los propios países de origen que puedan calificar como refugiados porque su vida esté en peligro inminente. A estas personas se les facilita la salida del país y su posterior reasentamiento en EE UU. Viendo las medidas que se están poniendo en marcha en otras zonas del mundo, creemos que sí son buenas prácticas a rescatar porque de alguna manera no solamente se evita la peligrosidad del recorrido, sino que permite salvar vidas en origen.

P. Más allá de los refugiados centroamericanos, en los últimos meses ha aumentado el tránsito de africanos en la región.

R. Todo el istmo se ha convertido en un corredor para migrantes no sólo centroamericanos sino africanos, afganos, paquistaníes o bangladeshíes. Cuantos más controles migratorios haya en el planeta, más rutas peligrosas habrá, porque no les queda otra. Y más se potenciarán las redes de traficantes de personas.