Los islamistas del Gobierno en Marruecos critican el “autoritarismo” del rey

Las elecciones legislativas que se celebrarán en Marruecos el próximo 7 de octubre han hecho brotar las tensiones, hasta ahora más o menos larvadas, entre el rey Mohamed VI y los islamistas moderados del Partido Justicia y Desarrollo (PJD). Los islamistas venían quejándose desde hacía meses de que en Marruecos impera el “tahakoum”, un concepto del árabe marroquí que designa a un Gobierno paralelo “autoritario”, por encima del que resultó elegido en las urnas en noviembre de 2011. Los islamistas apuntaban claramente hacia el ministro del Interior, Mohamed Hassad, designado por el rey.

El gran rival del PJD, el único que puede disputarle la victoria que le aseguren otros cuatro años en el poder, es el Partido de la Autenticidad y Modernidad (PAM), fundado en 2008 por un amigo íntimo del rey, Fouad Alí el Himna. El fundador del PAM fue compañero de pupitre de Mohamed VI en el Colegio Real de Rabat y fue su director de Gabinete cuando Mohamed VI era príncipe heredero. Con la llegada de las manifestaciones de la primavera árabe a Marruecos en 2011 cientos de manifestantes pidieron su dimisión. El Himna abandonó sus cargos y en diciembre fue nombrado consejero del rey. La prensa local lo cataloga hoy en día como el hombre más influyente de Palacio.

Una vez que El Himna pasó a ser consejero real, el hombre fuerte del PAM pasó a ser el rifeño IIias el Omary, de 48 años. En una entrevista publicada a este diario en enero, El Omari intentó poner distancia respecto a Fuad Alí El Himma, a quien asegura que no llama apenas por teléfono para no molestarle y respetar así la neutralidad de su cargo. Los islamistas han conseguido enfocar la campaña de tal forma que las críticas más feroces no van contra el PAM sino directamente hacia el Palacio Real. De esta forma, según diversos analistas, aparecen como víctimas del “autoritarismo” ante los electores y eluden responder por sus magros resultados en materia económica y de empleo.

Mohamed VI aprovechó en julio todo el ceremonial y la resonancia del discurso del Trono, que se celebra cada año, para amonestar sin nombrarlo al jefe del Gobierno. “Yo no participo en ninguna elección ni me adhiero a ningún partido. Porque soy el rey de todos los marroquíes, candidatos, electores, y también de los que no votan”.

El mayor movimiento islámico del país, Justicia y Espiritualidad, ha hecho un llamamiento para boicotear las legislativas del 7 de octubre

Entre los que no piensan votar se encuentran los seguidores del mayor movimiento islamista del país, Justicia y Espiritualidad, que hizo un llamamiento este lunes al boicot de las elecciones. Esta organización, que no reconoce al rey como Comendador de Creyentes o líder espiritual de los musulmanes marroquíes, ya boicoteó las elecciones de 2011. Ahora, la formación explicó que las elecciones no tienen ningún impacto sobre la escena política, que solo sirven para “embellecer” la imagen de despotismo, a consagrar la hegemonía del Palacio y a alargar su existencia.

El viernes 16 de septiembre el Ministerio del Interior vetó la candidatura del salafista Hamad Qabach, cabeza de lista del PJD en Marrakech. El delegado del Gobierno en la Marrakech alegó que Qabach había expresado en varias ocasiones “posiciones contra los principios de la democracia” y había promovido ideas extremistas que apelan “al odio, a la discriminación, a la segregación y a la violencia”. El hecho de que el PJD eligiera a un salafista como cabeza de lista en el mayor destino turístico de Marruecos podía ser considerado como una provocación en ciertos sectores progresistas.

Y en medio de esas tensiones, miles de manifestantes se dieron cita en Casablanca para manifestarse contra Benkirán y la “islamización de la sociedad”. Ningún partido ni asociación relevante los convocó. Algunos medios locales indicaron que se veía “la mano oculta de las autoridades” tras la organización: grandes filas de autobuses provenientes que nadie sabe quién alquiló, y vídeos que circulan por Internet donde algunos asistentes declaran lo que les pagaron por manifestarse. El Ministerio del Interior ha negado su participación.