La fiscalía pide que se juzgue a Sarkozy por financiación ilegal
La decisión supone un duro golpe contra el candidato a dos meses y medio de las primarias en su partido
El fiscal de París ha pedido a los jueces que abran juicio contra el expresidente Nicolas Sarkozy por financiación ilegal de su campaña en las presidenciales de 2012, cuando perdió frente al actual presidente François Hollande. La decisión de la fiscalía es un duro golpe para el exjefe del Estado, a solo dos meses y medio de celebrarse las primarias de la derecha en las que competirá para volver a ser el candidato de su partido al Elíseo.
Los investigadores entienden que, aunque no hay pruebas de que Sarkozy ordenara esa financiación ilegal, sí dio su consentimiento para elevar los gastos de campaña por encima de los límites legales. Por tanto, deducen, tuvo que saber que se estaban aplicando fórmulas ilegales para tapar los excesos de presupuesto electoral.
La iniciativa de los fiscales se produce dentro de las diligencias del caso Bygmalion, el nombre de la empresa utilizada para emitir múltiples facturas falsas con las que se falseó la contabilidad de la campaña para poder superar el límite legal de gasto de la misma. El techo era de 22,5 millones de euros y solo Bygmalion emitió facturas falsas de gastos por valor de 18,5 millones. La fiscalía pide que los jueces actúen contra 14 imputados en la causa, incluido Sarkozy.
Se trata de una de la decena de causas judiciales en las que el expresidente está imputado o salpicado en irregularidades que van desde la financiación ilegal al tráfico de influencias. Por ese tráfico de influencias ya estuvo detenido en julio de 2014, Sarkozy declaró entonces que era víctima de una persecución judicial de origen político.
También ahora, su abogado ha declarado que el paso de la fiscalía es "una nueva maniobra política grosera". Laurent Wauquiez, presidente de Los Republicanos, que sustituyó en el cargo a Sarkozy el mes pasado, ha calificado lo ocurrido de "enésima maniobra político-judicial" que aparenta "una voluntad de desestabilización que alimenta legítimamente las sospechas de instrumentalización de la justicia".
La noticia se conoce el mismo día en que se reanuda el juicio por blanqueo de dinero contra el exministro socialista de Finanzas, Jérôme Cahuzac, quien tuvo de dimitir en 2013 tras negar que tuviera cuentas en Suiza y probarse lo contrario. Esa coincidencia alimenta las acusaciones de parcialidad en la justicia a ojos de Los Republicanos. Y el hecho de que, desde julio de 2014, la justicia no hubiera tomado ninguna decisión pública de calado contra Sarkozy. La única y aislada excepción fue su imputación en febrero pasado en el caso Bygmalion.
Los casos que acechan al líder
Son una decena los casos judiciales que afectan directa o indirectamente a Nicolas Sarkozy. Estos son los más importantes.
Tráfico de influencias. Dos juezas investigan si, a cambio de tener información privilegiada en 2013 y 2014, Sarkozy intentó comprar al magistrado Gilbert Azibert consiguiéndole una plaza en Mónaco. El expresidente fue detenido e imputado el 1 de julio de 2014 por "corrupción activa", "tráfico de influencias" y "revelación de secretos".
Financiación ilegal. La policía sostiene que la campaña de 2012 de Sarkozy se financió ilegalmente mediante facturas falsas valoradas en 18,5 millones emitidas por la empresa Bygmalion. Entre los 14 imputados, hay tres exaltos cargos de la Unión por un Movimiento Popular (UMP, hoy Los Republicanos) cercanos a Sarkozy y otros cuatro de la empresa. Esos millones se habrían sumado a los 22,5 que eran el máximo legal permitido en la campaña.
Bernard Tapie.Tras un arbitraje tutelado por el Gobierno y ahora bajo sospecha, este empresario y amigo de Sarkozy recibió en 2008 una indemnización del Estado de 405 millones para compensarle por la venta de Adidas. Los jueces han decretado que Tapie devuelva el dinero y han decidido juzgar a la ministra de Economía de la época y hoy directora del FMI, Christine Lagarde, por "negligencia".
Venta de armas. La justicia investiga presuntas comisiones pagadas por Kazajstan entre 2010 y 2011 para facilitar la venta por Francia de 45 helicópteros valorados en 2.000 millones. Presuntamente Sarkozy hizo gestiones para facilitar la operación.
Ahora los jueces deben decidir en el plazo de un mes si aceptan o no la petición fiscal. Si lo hicieran, Sarkozy sería juzgado en plena campaña electoral previa a los comicios presidenciales de mayo del año que viene. El efecto para su partido sería demoledor.
No obstante, y pese a ese teórico calendario infernal, Sarkozy no sería condenado antes de las elecciones, lo que le inhabilitaría para ser presidente. La razón es que, incluso aunque el juicio comenzara de inmediato, los recursos de sus abogados retrasarían tanto el veredicto judicial que haría imposible una sentencia rápida. Y si ganara las elecciones, tendría inmunidad.
El golpe le llega a Sarkozy solo cuatro días antes de que Los Republicanos cierren el plazo para presentar las candidaturas a las primarias. Las encuestas le dan ventaja a su principal rival, Alain Juppé, ex primer ministro y alcalde de Burdeos.
Por el caso Bymalion ya tuvo que dimitir en la primavera de 2014 François Copé, entonces presidente de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), antigua denominación del actual partido Los Republicanos.
La detención, meses después, del exjefe del Estado actuó como un revulsivo para el regreso de este a la política activa. En noviembre de ese año se hizo con la presidencia del partido y, desde entonces se ha dedicado a preparar su candidatura a las primarias. La presentó oficialmente el mes pasado, por lo que tuvo que dejar la presidencia del partido con el fin de concurrir en teórica igualdad de condiciones con los otros 12 candidatos que ya han expresado su deseo de competir por el puesto.
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