La ONU mantiene la inmunidad pese a admitir su responsabilidad en el estallido de cólera en Haití
La justicia estadounidense rechaza la demanda presentada en nombre de víctimas de la epidemia
Esta ha sido una semana de autocrítica y de alivio para la ONU. La organización ha admitido por primera vez su responsabilidad en el estallido en 2010 de un brote de cólera en Haití, pero la justicia estadounidense ha reafirmado su inmunidad ante una demanda de víctimas de la epidemia que reclaman una compensación multimillonaria.
Ambos episodios reflejan el delicado juego de equilibrios que trata de hacer Naciones Unidas ante la polémica por la reaparición del cólera en Haití, donde se consideraba erradicado y que en los últimos seis años ha matado a más de 9.000 personas y afecta a unas 8.000 en el país más pobre del Hemisferio Occidental.
De un lado, la ONU busca limpiar la mala imagen por minimizar su papel en la crisis del cólera cuando su función como organismo internacional es recetar buenas prácticas en el mundo. Pero del otro, quiere blindar su inmunidad legal y evitar cualquier costosa demanda que pueda sentar un precedente.
Tras años negando cualquier responsabilidad, la ONU reconoció el jueves su “propia involucración” en el inicio de la epidemia de cólera en Haití, tras la llegada de sus fuerzas de paz tras el devastador terremoto de 2010, y esgrimió que “tiene que hacer más” al respecto. El secretario general, Ban Ki-moon, consideró que el organismo tiene una “responsabilidad moral” y prometió impulsar un programa de asistencia a las víctimas. Pero la organización evitó reconocer si sus trabajadores fueron los causantes específicos del brote ni asumió cualquier responsabilidad legal.
El mea culpa de la ONU llega tras filtrarse el borrador de un informe interno de un asesor de derechos humanos que sostiene que la epidemia “no habría estallado sin las acciones de Naciones Unidas” y critica duramente la política de negación del organismo sobre su papel en esa crisis.
Inmunidad diplomática
La Convención de Privilegios e Inmunidad de Naciones Unidas, aprobada en 1946, al año siguiente de la fundación del organismo, establece que debe disfrutar “en el territorio de cada uno de sus miembros de esos privilegios e inmunidades al ser necesarios para la ejecución de sus propósitos”. El blindaje judicial ya existía en la Liga de las Naciones, la precursora de la ONU, y es similar al que gozan la mayoría de diplomáticos en los países en los que operan.
Uno de los principales objetivos es evitar que algunos países puedan impulsar cargos judiciales injustos para así presionar a algunos diplomáticos.
En el caso de la ONU, hay excepciones: en el caso de disputas de derecho privado o de contratos, el organismo está obligado a “hacer provisiones para apropiados modos de acuerdo”, como argumenta la defensa de las víctimas haitianas.
Pocas horas después, un tribunal de apelaciones de Nueva York, donde tiene su sede la ONU, reafirmó la inmunidad del organismo ante una demanda en nombre de víctimas de cólera en Haití, revalidando un fallo del año pasado de un juez federal. En la sentencia, el tribunal considera que la inmunidad de Naciones Unidas debe mantenerse.
Los demandantes disponen de 90 días para decidir si recurren al Tribunal Supremo y lo harán dependiendo de las acciones que tome la ONU en ese periodo. Una convención internacional de 1946 permite al organismo bloquear cualquier acción judicial, pero los demandantes argumentan que esa convención lo obliga a establecer un proceso de acuerdo con las víctimas, algo que no ha ocurrido.
Una investigación del Centro de Control de Enfermedades estadounidense concluyó en 2011 que fuerzas de paz de la ONU procedentes de Nepal, donde el cólera es epidémico, fueron probablemente las causantes del estallido del brote de la enfermedad, que se transmite mediante agua contaminada por residuos humanos. Los soldados estaban estacionados cerca del mayor río de Haití, al que vertieron aguas residuales. Ese mismo año, un informe de la ONU consideró que no se podía concluir cuál fue la causa del brote, algo que había mantenido hasta ahora.
Según una auditoría del organismo, en 2014 una cuarta parte de sus tropas en Haití seguía vertiendo sus residuos a canales públicos. Un 72% de los haitianos no tiene lavabos en casa y un 42% carece de acceso a agua potable.
