El partido de Rousseff pide a la CIDH protección ante el “golpe” en Brasil

Legisladores del Partido de los Trabajadores piden medidas cautelares a favor de Rousseff

Diputados del Partido de los Trabajadores (PT) que han denunciado esa decisión ante la OEA como un "golpe de Estado".
Diputados del Partido de los Trabajadores (PT) que han denunciado esa decisión ante la OEA como un "golpe de Estado".Cadu Gomes (EFE)

Legisladores del Partido de los Trabajadores (PT) han solicitado este miércoles la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el “golpe” perpetrado contra la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff. Los legisladores han dado este paso pocas horas después de que comenzara en el Senado el proceso de recusación contra la mandataria apartada del poder desde mayo.

Además de pedir que se acepte el caso de Rousseff, acción que por los tiempos de la CIDH podría llevar años, los legisladores solicitaron medidas cautelares para la mandataria apartada del poder desde mayo. Con estas medidas de protección de emergencia, que la Comisión puede dictar rápidamente, el PT intenta frenar un impeachment “ilegalmente iniciado” y que busca, afirma en su fundamentación, deshacerse de la presidenta para “evitar la continuidad de investigaciones en curso contra varios parlamentarios, políticos y empresarios, en el marco del llamado Lava Jato o caso Petrobras”.

En la sede en Washington del organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), una portavoz confirmó que la CIDH “ha recibido una petición y una solicitud de medida cautelar alegando violaciones al debido proceso en el proceso contra Dilma Rousseff”.

“La CIDH dará trámite normal a la petición y a la solicitud de medida cautelar”, agregó la portavoz, María Isabel Rivero.

Los solicitantes de la medida son los diputados Paulo Pimenta, Paulo Teixeira y Wadih Damous, así como el senador Telmário Mota. La solicitud fue presentada horas después de que el Senado brasileño aprobara, por 59 votos a favor y 21 en contra, un informe que recomienda avanzar hacia la fase final del proceso de destitución, que será efectuada a finales de este mes.

En su solicitud a la CIDH, los legisladores afirman que todos los pasos dados contra Rousseff tanto en el Congreso, como en el Senado y en el Tribunal Supremo “están en desacuerdo con los protocolos internacionales firmados por Brasil”. Y justifican la urgencia de las medidas solicitadas señalando, entre otros, que por lo apresurado de los tiempos, la situación implica “violaciones de derechos irreparables” y por tanto “requiere soluciones de urgencia, puesto quede lo contrario debería revertirse una destitución”.

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“El Estado brasileño es miembro de la OEA, así que Brasil está obligado a cumplir las decisiones de la organización”, afirmó Damous en un comunicado del PT. Paradójicamente, fue el Gobierno de Rousseff el que se apartó de la CIDH a raíz de que, en 2011, la organización concediera medidas cautelares que pedían que se frenara la construcción de la hidroeléctrica Belo Monte en la Amazonia para proteger a las comunidades indígenas. Rousseff instruyó a su entonces ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Patriota, que diera una respuesta “a la altura”. Brasilia retiró a su embajador en la OEA y dejó de pagar sus cuotas anuales al organismo, que es uno de los motivos de la profunda crisis económica que sufre hoy en día la Comisión. Además, desconoció las medidas cautelares y continuó el proyecto de Belo Monte.

Desde que el 12 de mayo el Senado abrió el proceso de impeachment, la CIDH solo se ha pronunciado una vez sobre el caso. Fue una semana más tarde, para manifestar su “profunda preocupación” ante decisiones del gobierno interino de Michel Temer como el nombramiento de un gabinete de ministros que no incluía ni una sola mujer ni afrodescendientes o la reducción de fondos sociales. Esas medidas “representan un retroceso y tienen un impacto negativo en la protección y la promoción de los derechos humanos en el país”, advirtió la Comisión en un comunicado. En ese escrito, también se hacía referencia a la situación de la presidenta Rousseff, “electa constitucionalmente por el poder popular”, e instaba al poder legislativo a “actuar estrictamente dentro del marco de la ley y con apego a los principios del derecho internacional de los derechos humanos”.

Mucho más contundente ha sido la posición del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien en varias ocasiones ha defendido a Rousseff —hasta viajó a Brasilia en vísperas de su destitución para apoyarla— e incluso anunció que había pedido una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el otro brazo del sistema regional conformado con la CIDH.

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Sobre la firma

Silvia Ayuso

Corresponsal en Bruselas, después de contar Francia durante un lustro desde París. Se incorporó al equipo de EL PAÍS en Washington en 2014. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su carrera en la agencia Efe y continuó en la alemana Dpa, para la que fue corresponsal en Santiago de Chile, La Habana y Washington.

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