Ni democracia en Cuba, ni paz en la tumba de Payá

El día de hoy se conmemora el cuarto aniversario del probable asesinato del disidente cubano Oswaldo Payá. A pesar de las permanentes campañas de desprestigio que sufrió en vida, Payá continúa siendo internacionalmente reconocido como el activista por la democracia más importante de los últimos 25 años.

En 1988, Payá fundó el Movimiento Cristiano Liberación (MCL) para promover una transición a la democracia en Cuba. Desde allí, Payá dirigió el Proyecto Varela, una iniciativa legislativa que —a través de la recolección masiva de más de 11.000 firmas— proponía la convocatoria a un referendo en el que los cubanos decidieran, entre otras cosas, si querían tener elecciones libres con un sistema plural de partidos.

El régimen de Castro descalificó el Proyecto Varela de ser un plan imperialista financiado por la CIA. ¿El resultado? La policía “secuestró el material subversivo y contrarrevolucionario” que incluía “45 folletos conteniendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, [y] siete cartas dirigidas a la Asamblea Nacional sobre el Proyecto Varela”.

Los fiscales arrestaron a 75 personas involucradas en el proyecto y los acusaron de “instigar a la desobediencia civil [e] instigación a la disidencia”. Los jueces después condenaron sumariamente a todos los acusados a penas que promediaban los 25 años de cárcel.

Acto seguido, la Asamblea Nacional reformó el artículo 3 de la Constitución y estableció que “el socialismo, […] habiendo demostrado su capacidad de transformar el país y crear una sociedad enteramente nueva y justa, es irrevocable, y Cuba no volverá jamás al capitalismo”.

A pesar de las adversidades, Payá continuó liderando la lucha por un cambio democrático en la isla, hasta que el 22 de julio de 2012 resultó muerto en lo que el sistema judicial cubano calificó como un “accidente de tránsito” ocasionado por la “imprudencia del conductor del vehículo”, el ciudadano español Ángel Carromero, quien fue acusado y condenado a 4 años de prisión por “homicidio” imprudente.

Una vez libre en España, Carromero denunció a la prensa internacional que se vio obligado a autoinculparse en Cuba y que el accidente no fue ningún accidente, sino el producto de un deliberado y “estruendoso impacto trasero” a cargo un coche pilotado por agentes de la dictadura que venía siguiéndolos desde que salieron de La Habana.

La evidencia ignorada activamente por el sistema judicial cubano sugiere que las muertes de Payá y Cepero fueron el resultado de un hecho automovilístico causado deliberadamente por agentes del Estado, con la intención de asesinar a Oswaldo Payá y a los pasajeros que viajaban con él, o con la intención de causarles graves lesiones corporales.

El juicio contra Carromero se limitó a imponer una verdad oficial de los hechos, y que es la misma “verdad” que ya había publicado meses antes el Granma. Los jueces negaron a la defensa de Carromero (provista por el gobierno de Cuba) acceso al expediente del caso y le impidieron ofrecer prueba alguna de descargo.

Irónicamente, las actuaciones de policías, abogados defensores, fiscales y jueces que investigaron y procesaron los hechos alrededor de la muerte de Payá, sí estuvieron de conformidad con el Código de Ética de los abogados en Cuba que establece que estos, en el ejercicio de la profesión, deben “ser fiel[es] a los principios que entrañan la Patria [y] la Revolución”, y que esto debe ser realizado “imbuidos de las justas, nobles y humanas ideas del Socialismo e inspirados en el ejemplo del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”.

Por eso es que, a cuatro años de los hechos, las autoridades siguen sin comunicar a la familia el resultado de la autopsia realizada a Payá. El único documento que recibieron fue una tarjeta de cartón escrita a mano, donde se describe la causa de muerte como: “lesión cuerpo nervioso” (sic). Hasta la ropa que vestía Payá el día que falleció les fue devuelta lavada y empaquetada, “como si la hubiesen llevado a la tintorería”.

Trece años después de aquella Primavera Negra donde el régimen castigó con siglos de cárcel a los 75 audaces del proyecto de Payá, el mismo régimen continúa “secuestrando material subversivo” como libretitas y lapiceros con eslóganes pro democracia, y persiguiendo penalmente a artistas e intelectuales bajo cargos de “desacato” por insultar con dibujos a Fidel y Raúl Castro e “incitación al desorden público” por organizar actividades de micrófono abierto en la Plaza de la Revolución o por leer públicamente el libro “Orígenes del Totalitarismo” de Hannah Arendt.

Cuatro 22 de julios después, su hija Rosa María sigue pidiendo que se investigue la muerte de Oswaldo Payá, pero también pide que el pueblo cubano decida su futuro democráticamente a través de un referendo. Mientras tanto, persistente en la virtud y la temeridad de su padre, Rosa María soporta que la dictadura la tilde en la ONU de “mercenaria y gusana”, y la amenace de muerte cada vez que llega a La Habana.

Mientras no haya democracia en Cuba, no habrá verdad ni justicia para los casi 8.000 asesinados (y por asesinarse) en más de medio siglo de dictadura. Y no habrá paz en la tumba de Payá. 

*Javier El-Hage es director jurídico y Roberto González abogado asociado de Human Rights Foundation, una organización de derechos humanos con sede en Nueva York. Twitter: @JavierElHage y @RobCGonzalez