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La UE y EE UU pactan una nueva norma para el intercambio de datos

Bruselas y Washington aplican el pacto para intercambiar datos sin violar la privacidad

Lucía Abellán
Penny Pritzker (izquierda) y Vera Jourová, en Bruselas.
Penny Pritzker (izquierda) y Vera Jourová, en Bruselas.THIERRY CHARLIER (AFP)

Europa y Estados Unidos dan por superada la desconfianza que suscitó el llamado caso Snowden de espionaje masivo. El Gobierno estadounidense y la Comisión Europea han adoptado este martes el llamado escudo de privacidad, un marco para intercambiar datos comerciales –que eventualmente pueden acabar en manos de las autoridades– entre los dos grandes bloques. El nuevo acuerdo sustituye otro anterior, que el Tribunal de Justicia de la UE anuló en 2015 por no garantizar suficientemente el derecho a la de privacidad de los consumidores europeos.

La irrupción de Internet ha multiplicado exponencialmente el número de datos privados que poseen las empresas. Intercambiarlos es parte del negocio y, hasta que el tribunal lo invalidó, más de 3.000 compañías con sede en Estados Unidos intercambiaban información con las europeas con unas supuestas garantías de privacidad. Pero la queja de un ciudadano austriaco, que arremetía contra Facebook por entender que no protegía sus derechos, hizo saltar por los aires este marco el pasado octubre. Ese usuario, Max Schrems, decidió recurrir a la justicia al conocer que la inteligencia estadounidense tenía acceso indiscriminado a todo tipo de datos que almacenaban las compañías tecnológicas.

Tras meses de negociación, las autoridades estadounidenses y europeas dan ahora el asunto por zanjado. El nuevo sistema refuerza la protección respecto al anterior, aunque el uso que finalmente se dé a los datos descansará en la buena voluntad estadounidense. Para disipar los recelos europeos, Estados Unidos ha ofrecido garantías escritas (del director de inteligencia de la Casa Blanca) de que no habrá “vigilancia masiva indiscriminada” sobre los datos transferidos a Estados Unidos (por ejemplo, sobre la información que los europeos alojen en empresas como Google, cuya sede social está en territorio estadounidense).

Una de las claves del acuerdo es la creación, por primera vez, de un órgano al que los ciudadanos de la UE puedan dirigirse si entienden que empresas o autoridades norteamericanas han violado su derecho a la privacidad. Ha sido el propio secretario de Estado estadounidense, John Kerry, el que ha comprometido la creación de esta figura. Se tratará de una especie de defensor independiente (ombusdperson) que atenderá gratuitamente las quejas de los europeos y tomará decisiones vinculantes en caso de conflicto.

Los críticos con este acuerdo –entre ellos asociaciones de defensa de derechos digitales como Edri y grupos parlamentarios como el de Los Verdes– lamentan que no se trate de una verdadera defensa judicial, como sí tienen los ciudadanos estadounidenses que vean vulnerados sus derechos en la UE. "El defensor será muy independiente, tengo mucha confianza en esa figura y es bastante excepcional la transparencia que ha habido en todo el proceso", ha alegado la secretaria de Estado de Comercio, Penny Pritzker, ante la prensa en Bruselas. "Hemos recibido garantías del Gobierno estadounidense de que cualquier acceso a los datos se limitará a lo verdaderamente necesario", ha añadido la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová.

Las empresas podrán acogerse al nuevo marco de intercambio seguro desde el 1 de agosto. Para evitar la laxitud que caracterizaba el anterior acuerdo, donde una vez inscritas las compañías no volvían a someterse a un proceso de validación de condiciones, el sistema incluye ahora un mecanismo automático de revisión. Bruselas y Washington realizarán una evaluación anual de este pacto. Las firmas que no cumplan podrán enfrentarse a sanciones.

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Sobre la firma

Lucía Abellán
La redactora jefa de Internacional de EL PAÍS ha desarrollado casi toda su carrera profesional en este diario. Comenzó en 1999 en la sección de Economía, donde se especializó en mercado laboral y fiscalidad. Entre 2012 y 2018 fue corresponsal en Bruselas y posteriormente corresponsal diplomática adscrita a la sección de España.

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