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Catatumbo, otra región olvidada de Colombia

La zona donde secuestraron a tres periodistas está controlado por tres guerrillas y bandas de crimen organizado

Efectivos de la policía buscan a la periodista española Salud Hernández-Mora y a los corresponsales de Noticias RCN en el Catatumbo.
Efectivos de la policía buscan a la periodista española Salud Hernández-Mora y a los corresponsales de Noticias RCN en el Catatumbo.

El municipio donde secuestraron a la periodista española Salud Hernández-Mora el sábado 21 de mayo se llama El Tarra (y liberada en la tarde del viernes), pero popularmente se conoce como Tarraquistán. En el centro del Catatumbo, al noreste de Colombia, sus algo más de 12.000 habitantes viven entre las balas de los francotiradores de las guerrillas, que dominan esta región desde finales de los años setenta. “En esta zona impera un sistema de amenaza terrorista total”, resume el comandante del Ejército, el general Alberto José Mejía. Además, los vecinos de esta localidad, como le sucede al resto de las 200.000 personas que se reparten en 11 municipios, no tienen cubiertas el 80% de sus necesidades básicas (luz, agua, educación, sanidad,…), según datos de la Defensoría del Pueblo.

En el Catatumbo el 70% de la población vive en la pobreza; solo el 6% de las vías están pavimentadas; el sistema de electricidad y el alcantarillado son un lujo que pocas aldeas se pueden permitir; el analfabetismo alcanza al 30% de los habitantes, y el hospital más cercano está a entre cuatro y siete horas, en Cúcuta, capital del departamento del Norte de Santander al que pertenece esta zona. Todos estos datos forman parte de un documento que la Asociación Nacional de Reserva Campesina (Anzorc), presente en la zona, ha elaborado con información de instituciones del Estado para llamar la atención sobre la región. “Es un problema histórico y crónico”, apostilla Jorge Enrique Calero, delegado del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en Colombia.

Este retrato se repite desde hace más de tres décadas, pero solo cuando la corresponsal de El Mundo y otros dos periodistas colombianos desaparecieron, parece que el país se ha vuelto a acordar del Catatumbo. “Santos ha permitido muchos catatumbos, un sitio de la patria controlado por el terrorismo”, declaró el expresidente Álvaro Uribe. La oposición al gobierno de Juan Manuel Santos ha convertido este territorio en un arma política en un ejercicio de amnesia política. “Ni Samper, ni Gaviria, ni Pastrana, ni Santos y mucho menos Uribe hicieron algo serio por esta región”, reclaman desde Anzorc.

La pobreza y la desigualdad son la consecuencia de la cesión del Estado ante el imperio de las guerrillas de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL). “El ELN llegó a la región en el 78 con el frente Camilo Torres”, explica Carlos Velandia, exlíder eleno, actualmente dedicado a la consultoría. “Ahora mismo tiene cuatro estructuras, las más fuertes en todo el país, que controlan más territorio que el resto de fuerzas insurgentes”. En los noventa y hasta principios de 2000, los paramilitares confesaron que asesinaron a 2.000 campesinos y los hicieron desaparecer en hornos crematorios como los que usaron los nazis. Ahora, sus herederos, dos grupos dedicados al narcotráfico conocidos como los Urabeños y los Rastrojos, imponen su particular dictadura del terror.

Las bandas armadas encontraron en el Catatumbo el territorio perfecto para esconderse por su geografía selvática y montañosa que además linda con Venezuela, país en el que las guerrillas no han tenido problemas con las autoridades locales. “En esta pequeña zona de Colombia se concentran grandes mercados ilegales”, cuenta Ariel Ávila, analista de la Fundación Paz y Reconciliación. “Toda la cadena del narcotráfico se realiza en estas tierras: se cultiva la hoja de coca, se procesa con insumos que llegan desde el otro lado de la frontera y se exporta”. Defensa calcula que solo en esta región se fabrican 47 toneladas de cocaína al año. Al comercio ilegal de la droga se une el contrabando de todo tipo de productos entre ambos países. “Cuando no hay luz ni agua para mantener un negocio formal, la población se ve abocada a dedicarse a la ilegalidad”, resume el experto.

La presencia estatal es responsabilidad del Ejército y la Policía. Hay cuatro bases militares, la fuerza Tarea Vulcano y la Infantería de Marina en las cabeceras municipales. “20 militares por cada 100 habitantes”, calcula Andrés Gil, portavoz de Anzorc. El Catatumbo es la segunda zona de Colombia con mayor intensidad del conflicto, después de Arauca, según el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (CERAC). Las Fuerzas Armadas mantienen operativos constantes contra la insurgencia. La guerrilla se disputa el territorio con las bandas organizadas que a su vez pelean entre ellas. La policía (entre 24 y 30 miembros en cada pueblo según datos de la publicación La Silla Vacía, las autoridades no han facilitado esta información a EL PAÍS) vive en búnquers de sacos de tierra por miedo, especialmente, a los francotiradores. “En el Catatumbo no se sabe quién manda”, plantea Ávila.

“No somos un hoyo negro ni una república independiente”, dice Gil. “Exigimos más Estado, planes de desarrollo económico e inversión social”. Todos los expertos consultados coinciden en que el final de la guerra con las FARC que se negocia desde hace tres años en La Habana y el inicio del proceso de paz con ELN ayudarán a que por fin la situación del Catatumbo cambie. “Se acabará parte de la violencia, el reclutamiento, las desapariciones y los secuestros, el desplazamiento y los paros armados”, resume Calero. “Será un punto de partida”.

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