Venezuela persigue a quienes piden el revocatorio

El chavismo ha lanzado una seria advertencia a los venezolanos que firmaron la solicitud de referéndum revocatorio de las consecuencias de ejercer sus derechos políticos. El número dos del oficialismo, Diosdado Cabello, ha sido el mascarón de proa hasta ahora al solicitar la cancelación de los contratos de los empresarios y el despido de los directores de las oficinas del Estado que respaldan la consulta popular.

El Gobierno, que busca de cualquier forma permanecer en el poder hasta el año que viene, cuando el plebiscito perdería toda efectividad política, reedita la experiencia de la denominada lista Tascón. Hace 12 años, los adversarios del entonces presidente, Hugo Chávez, participaron de un proceso organizado por la asociación civil Súmate para recoger firmas y solicitar un referéndum revocatorio. Con esos datos el parlamentario chavista Luis Tascón elaboró un listado que luego fue utilizado como un modo de medir la fidelidad política de los empleados del Estado y de las personas que aspiraban a ser funcionarios.

Fue un modo de exclusión de tono macartista, tan comentado y reseñado que, en diciembre de 2007, cuando Chávez decretó la amnistía parcial para las personas enjuiciadas por el golpe de Estado en su contra de abril de 2002, pidió que se "enterrara esa lista". No fue una orden cumplida a rajatabla. Muchos funcionarios continuaron consultándola a medida que aumentaba el tamaño de la burocracia oficial.

A principios de aquel 2007 el Gobierno venezolano se había declarado socialista, y comenzó a expropiar las empresas privadas de los sectores que consideraba vitales para fortalecer el control social.

Cabello, cuyo poder se ha visto disminuido con la llegada de la oposición a la Asamblea Nacional, se ha convertido en el defensor más radical del proceso bolivariano en un intento por recuperar el poder perdido. Ha propuesto también que se nieguen los créditos de la banca pública a los firmantes. "Ese empresario jamás va a entregar los proyectos a tiempo. No se puede hacer una revolución así", ha asegurado en su programa de televisión semanal.

En la lógica del chavismo quien desee la salida de Maduro y sea empleado del Estado está confabulándose para sacar a su jefe del cargo. Con argumentos similares por emotivos otros voceros del Gobierno han apoyado lo expresado por Cabello. El diputado Ricardo Molina, exministro de la Vivienda, ha asegurado también que es indigno no apoyar al Ejecutivo y trabajar en una institución gubernamental.

Tascón murió en 2008 a causa de un cáncer y su recuerdo ha quedado asociado al estigma que supuso instrumentalizar el método de exclusión más renombrado de la era chavista. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está evaluando un caso que quizá simbolice la exclusión que sufrieron muchos venezolanos impedidos de trabajar para el Estado desde 2003. En 2006 Rocío San Miguel, Magally Chang y Thaís Peña denunciaron al Estado por discriminación política. "Tenemos dos meses para presentar peritos y pruebas", dice a este diario San Miguel, quien hoy es directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano. Pero en su criterio la prueba más contundente de todo lo que le ocurrió hace diez años es el regreso de la exclusión que una vez le afectó. "Basta con ver lo que está pasando en la Administración pública para comprobar cuán cierto es todo lo que está incluido en el informe de la CIDH sobre nuestro caso".