Pfizer prohíbe el uso de sus medicamentos en ejecuciones

Más de 20 compañías estadounidenses y europeas ya habían impuesto restricciones al uso de sus productos para inyecciones letales. Con el paso dado por Pfizer, el mayor fabricante farmacéutico estadounidense, los 32 Estados que permiten la pena de muerte estarán obligados a recurrir, como ya venían haciendo ante los crecientes problemas de acceso, a fármacos en mercados alternativos o en el extranjero para cometer las ejecuciones. También podrán optar por otros métodos, como el fusilamiento de presos. Utah lo reinstauró en 2015.

“Desde hoy, todos los fabricantes aprobados por la FDA [la agencia supervisora del Gobierno estadounidense] han bloqueado sus ventas para uso en ejecuciones”, señaló en un comunicado la ONG británica Reprieve, que aboga por el fin de la pena capital. “Como el mayor y más conocido proveedor, el anuncio de Pfizer blinda la posición de la industria farmacéutica en las ejecuciones. Refleja una extendida incomodidad sobre el procedimiento y propicia preguntas fundamentales sobre la pena capital”.

Estados Unidos es el quinto país del mundo en número de ejecuciones, por detrás de China, Irán, Pakistán y Arabia Saudí, según datos de 2015 de Amnistía Internacional. La pena de muerte, reinstaurada en 1976, hace de este país una anomalía en el mundo desarrollado y democrático.

Sin embargo, problemas legales y de acceso a medicamentos han propiciado un descenso de las ejecuciones en EE UU. En 2015, murieron 28 personas, muy lejos de las 98 de 1999, según datos del Centro de Información de la Pena de Muerte.

En el anuncio, Pfizer subraya que fabrica fármacos para “salvar vidas” y “objeta fuertemente” su uso para el castigo capital. La decisión llega un año después de que adquiriera Hospira, una empresa que produce siete medicamentos que pueden emplearse en ejecuciones. Hospira ha tratado, sin éxito, de que sus productos no se utilizarán en ejecuciones. Pfizer obligará ahora a los distribuidores a certificar que esos fármacos, ideados para pacientes, no lleguen a centros penitenciarios.

Creciente escasez de fármacos

La decisión de Pfizer llega tras las crecientes dificultades de acceso en los últimos años a los fármacos necesarios para matar legalmente a un preso. En 2014, Oklahoma suspendió una ejecución después de que el reo se convulsionara y murmurara media hora después de administrársele la inyección letal. El preso acabó muriendo poco después de un ataque al corazón. El año pasado, el Estado suspendió otra ejecución por temor a que fuera fallida por una mala combinación de medicamentos.

Problemas logísticos y el creciente boicot de fabricantes propiciaron que en 2010 las prisiones estadounidenses se quedaran sin pentotal sódico, el anestésico que se usaba para dormir al reo antes de inyectarle en vena las otras dos sustancias que acaban con su vida (el bromuro de pancuronio, que paraliza todos los músculos -excepto el corazón- y corta la respiración, y el cloruro de potasio, que detiene el corazón, provocando por tanto la muerte).

Ante la escasez, los Estados han tratado desde entonces de obtener fármacos en farmacias no autorizadas por la FDA o han experimentado con nuevos productos, lo que en algunos casos ha dado resultados fallidos.

Las ejecuciones han quedado inmersas en un aura de secretismo. Las autoridades han requisado medicamentos no autorizados que eran enviados desde el extranjero para utilizarse en ejecuciones. Y los tribunales han intervenido para dirimir si se estaban usando los medicamentos necesarios para minimizar el sufrimiento del reo.