Derechos humanos y Justicia Penal

En el Nuevo Sistema de Justicia Penal el respeto a los derechos humanos constituye una parte medular de su funcionamiento; está diseñado para preservarlos y promoverlos en todas las etapas del proceso judicial, garantizando su vigencia.

El andamiaje jurídico que procura la protección a los derechos humanos dentro del Sistema Acusatorio Adversarial se fortaleció con las reformas legales de 2011, que elevaron a rango constitucional el reconocimiento a los derechos humanos de todos los mexicanos y ratificaron los compromisos contraídos por el Estado mexicano tras la firma de múltiples tratados internacionales.

Este modelo de justicia, que aplicará en todo nuestro país el 18 de junio de este año, contempla como pilar fundamental la presunción de inocencia. Por ello, en todo momento se evita la exposición de la víctima y del imputado ante los medios de comunicación, con la finalidad de respetar el debido proceso y garantizar que se litigue en los tribunales, no en los medios. 

El Sistema Acusatorio Adversarial contempla una serie de principios para la procuración de los derechos humanos y garantizar el debido proceso penal. Entre ellos, el principio de publicidad permite a los ciudadanos conocer las actividades de todos los actores involucrados en la procuración y administración de justicia, desde policías hasta jueces, pasando por ministerios y defensores públicos. Además, facilita a los ciudadanos para presenciar el desahogo de las audiencias orales, convirtiendo al principio de publicidad en una garantía política para defender los derechos de la víctima y el imputado. Por ello, al estar los operadores del nuevo sistema bajo el escrutinio social, se reduce la discrecionalidad del proceso y se fortalecen las acciones de transparencia y rendición de cuentas.

En la actualidad, las condiciones y requisitos que forman parte del Nuevo Sistema Penal para asegurar el debido proceso son otra importante forma de protección a los derechos humanos de los ciudadanos, guardando la fiabilidad procesal y jurídica que garantice la integridad de los protagonistas del juicio. Al respecto, los jueces deben vigilar que durante todo el proceso —desde la investigación y recopilación de los datos, como en el desahogo del juicio mismo— se tomen las determinaciones pertinentes para resguardar en igualdad de circunstancias los derechos de la víctima y de la persona imputada de algún delito. 

Por otro lado, ahora las comisiones de Derechos Humanos en todo el país tienen la capacidad, por primera vez en la historia, de abrir investigaciones propias, en los casos en que se presuma la violación de los derechos humanos de alguna persona. Asimismo, las comisiones pueden, eventualmente, convocar al ciudadano y a la institución que presumiblemente transgredió sus derechos a solucionar la queja mediante un proceso de conciliación, el cual contempla el reconocimiento del daño causado y la reparación del mismo. El ombudsman tiene así, sin ser juez, la facultad de resolver los casos de manera expedita para emitir las recomendaciones correspondientes.

Con esta visión orientada a colocar a México a la altura de los estándares internacionales, el Sistema Penal Acusatorio garantiza que los derechos humanos no distingan si se trata de una víctima o un imputado; tampoco que sirvan para que los delincuentes evadan su responsabilidad, sino que se enfocan a la protección integral de todas las personas gracias a la universalidad que los distingue.

El avance en el proceso de implementación del nuevo modelo de enjuiciamiento penal asegura que los beneficios del nuevo sistema penal lleguen a todos los mexicanos. En el ámbito federal son 28 entidades las que están operando totalmente con los principios y beneficios del Sistema Acusatorio; mientras que en el ámbito local, 10 entidades ya operan totalmente y 22 de manera parcial, tomando en cuenta que los que operan parcialmente tienen publicada su entrada en vigor en el periódico oficial de cada entidad federativa para antes del 18 de junio de 2016. Esto representa que el 79,82% de la población del país, equivalente a 95.522.000, esté cubierta con el Nuevo Sistema. 

Es así que el Estado mexicano reafirma su compromiso en la defensa de los derechos humanos y se asegura de fortalecer las instituciones de justicia con una visión garantista y moderna, a la altura de las necesidades de la ciudadanía.

María de los Ángeles Fromow es secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.