El asesinato de varios líderes sociales alerta de un repunte del paramilitarismo en Colombia

Le dispararon cuando terminó un partido de fútbol. Klaus Zapata quedó tendido en la cancha con dos balazos en la espalda. El líder de izquierda de 24 años, miembro de la juventud comunista, fue asesinado el pasado seis de marzo en Soacha, en el sur de Bogotá. Su nombre entró a la lista que tiene en alerta a las organizaciones de defensores de derechos humanos y activistas.

La ONG Somos defensores tiene el registro de 15 asesinatos y más de 50 hostigamientos a líderes sociales en lo que va del año, mientras que la Unión Patriótica (UP), movimiento de izquierda, denuncia al menos 30 homicidios por razones políticas en los tres primeros meses del 2016. La Fiscalía, entre tanto, asegura que hasta ahora, solo se ha podido identificar el móvil político en diez casos. Por la muerte de Klaus Zapata hay una orden de captura contra el presunto autor material, pero poco ha avanzado la investigación que permita saber quién estuvo detrás del crimen. La preocupación de la familia del joven se ha trasladado a un debate nacional, en donde algunos sectores temen por el resurgimiento y consolidación de estructuras paramilitares, los grupos armados de derecha que tuvieron el respaldo de algunos mandos militares y que, aunque se desmovilizaron en el año 2006, sus reductos siguieron actuando bajo el título de bandas criminales (bacrim).

“Se evidenció que la autoría del 66% de los asesinatos de líderes sociales registrados el año pasado estuvo en manos de esas bandas. Tememos que se estén consolidando y que este año el saldo sea peor”, asegura Carlos Guevara, vocero de Somos defensores. La Organización de Naciones Unidas (ONU) reveló en un reciente informe que en el 2015 fueron asesinados 63 defensores de derechos humanos y 885 fueron víctimas de hostigamientos.

La ONU también alertó sobre la falta de protección por parte del Estado. Una preocupación sobre la que han venido alzando la voz en los últimos días diferentes organizaciones. Hace dos semanas en el centro de Bogotá, una concentración de líderes pidió al Gobierno que se cree una comisión de alto nivel para evaluar la situación de riesgo a la que están expuestos. Diana Gómez, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), habla de la necesidad de que un grupo especializado haga veeduría a las denuncias que han hecho. “Pedimos que haya una supervisión de entes internacionales. Las cifras nos están alarmando, las intimidaciones son muy fuertes”, dice Gómez. Ella y otros activistas de izquierda temen que se repita el horror que vivió en los años 90 con el exterminio de la Unión Patriótica, el partido política de izquierda, cuyos dirigentes más destacados fueron asesinados.

El Gobierno, alerta ante denuncias

Tras el asesinado de Klaus Zapata, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció la creación de un grupo que investigará los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Tendrá representación de organizaciones sociales y de todos los lineamientos políticos. “Sabemos que en momentos en que se acerca la posibilidad de firmar un acuerdo de fin del conflicto hay fuerzas oscuras interesadas en generar inestabilidad, pero no van a lograr este propósito”, aseguró. Dijo además que en la primera semana de abril se harán visitas a Cauca y a Sucre, las zonas en donde más casos de violencia se han reportado.

Sin embargo, para algunos el anuncio no es suficiente. Heiner Gaitán, responsable político de la juventud comunista en Soacha, reflexiona sobre la necesidad de que se reconozca la reactivación del fenómeno paramilitar en el país. “Vemos que en la medida en que se acerca la paz, se agudiza la presencia de la violencia de derecha, hay bandas, hay amenazas, hay muertos”, asegura. Cuenta que Klaus Zapata había denunciado días antes de su muerte la presencia de cárteles de microtráfico de drogas en su localidad y que su labor había empezado a tomar fuerza en Soacha, uno de los sectores más pobres y violentos de Bogotá.

Según Somos Defensores, las regiones más afectadas con las recientes agresiones coinciden con las zonas prioritarias para la implementación de los proyectos determinados por el Gobierno y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tras la firma de la paz. Estos territorios son los que han sufrido más los efectos del conflicto y en donde se espera que se concentren los esfuerzos para mejorar su economía y su desarrollo después del acuerdo entre las FARC y el gobierno. “Hay que pensar en lo que se puede venir con el posconflicto. Nos hemos reunido con líderes de países que han pasado por procesos de paz y es parte de la degradación de la guerra que la violencia contra activistas aumente”, agrega Gómez, del Movice.

Klaus fue asesinado a tiros por la espalda en una cancha de fútbol. Los asesinos lo buscaron en el lugar en donde, dicen sus amigos, siempre intentaba desconectarse de la difícil realidad de su barrio, pero la violencia lo alcanzó en donde menos le esperaba.