La UE rebajará el pacto con Turquía ante las dudas sobre su legalidad

Los Veintiocho rebajarán el pacto al que llegaron el pasado lunes con Turquía, para expulsar a todo el que llegue irregularmente a Grecia, incluidos los que huyen de conflictos o sufren persecución —como los refugiados sirios—, ante las dudas sobre su legalidad expresadas por la ONU, pero también por los servicios jurídicos de la Comisión y el Consejo, así como por varios países de la UE. “No se pueden hacer devoluciones colectivas. No es posible legalmente y no se harán”, aseguran fuentes diplomáticas españolas.

La maquinaria europea trabaja a pleno rendimiento para que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que se reunirán los próximos días 17 y 18 en Bruselas, puedan aprobar el pacto que alcanzaron el pasado lunes con el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu. Pero fuentes comunitarias admiten que, “tal y como está, hay dudas evidentes sobre su legalidad y habrá que buscar fórmulas para que se ajuste al Derecho Internacional”.

“España necesita garantías absolutas de que [lo que se apruebe] respeta el derecho de asilo”, advirtió el pasado viernes en la reunión de representantes permanentes ante la UE el embajador español, Alfonso Dastis, siguiendo instrucciones del ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo. La misma posición expresaron varios de sus colegas.

Fuentes diplomáticas españolas subrayaron que la legislación internacional no permite las expulsiones colectivas y que, por tanto, es ilegal retornar a Turquía los barcos cargados de migrantes. “Habrá que desembarcarlos, identificar a los pasajeros y ofrecerles la posibilidad de presentar una solicitud de asilo, que se tramitará individualmente. En caso de que no se les admita, podrán recurrir y, sólo una vez resuelto el recurso, si la respuesta fuera negativa, se procedería a su expulsión”, subrayan las mismas fuentes.

Fuentes de la Comisión Europea creen que hay fórmulas para devolver a Turquía a los refugiados sirios, pero admiten que “no podrá hacerse con carácter inmediato”. Para que Grecia retorne a Turquía a solicitantes de asilo, debe dar antes a su vecino el estatuto de país seguro y eso requerirá que Ankara reforme su legislación interna, que no reconoce el derecho a recibir protección internacional a eritreos o iraquíes, al contrario que la europea. Y eso llevará su tiempo.

Las fuentes consultadas niegan que los Veintiocho estén dando marcha atrás en su pacto con Turquía y recuerdan que lo que los mandatarios europeos aprobaron el pasado día 7 no fue un acuerdo cerrado, sino unos principios generales cuya concreción encargaron negociar con las autoridades de Ankara al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, siempre “respetando el Derecho Europeo e Internacional”.

Sin embargo, el primer principio era “retornar a todos los nuevos inmigrantes irregulares que pasen de Turquía a las islas griegas”, sin diferenciar entre inmigrantes económicos y refugiados. Las devoluciones se harían en base al convenio bilateral entre Turquía y Grecia, que hasta ahora no se ha aplicado.

A cambio, los líderes europeos se comprometieron a “reasentar, por cada sirio readmitido por Turquía desde las islas griegas, a otro sirio desde Turquía en los Estados miembros de la UE”. Y ello sin aumentar, por ahora, las 22.500 plazas acordadas en otoño para refugiados que están en países limítrofes con Siria.

La devolución masiva de asilados no es el único punto del acuerdo cuya puesta en práctica está en el aire. Todas las fuentes consultadas consideran inviable adelantar a finales de junio —la previsión inicial era octubre— la exención de visados para los turcos que quieran viajar a la UE. “Es materialmente imposible cumplir los 72 criterios técnicos requeridos para poner en práctica esta medida en tan corto periodo de tiempo”, advierten fuentes europeas. Eso sin contar con el temor a que haya una emigración masiva desde un país con 75 millones de habitantes.

Respecto a la apertura de tres nuevos capítulos en las negociaciones de adhesión de Turquía a la UE —monetario, derechos humanos y justicia—, cuenta con la oposición frontal de Chipre —enfrentada a Ankara por la ocupación del norte de la isla— y con reservas de algunos países, que alegan que no se debe mezclar este tema con la crisis migratoria. Otros, como España, no ponen inconveniente, aunque subrayan que nadie plantea descafeinar los requisitos a Turquía para entrar en el club.

El punto que menos problemas plantea es el financiero, La mayoría de los países no pone inconveniente en duplicar, de 3.000 a 6.000 millones de euros, la ayuda a Turquía para que atienda a los 2,7 millones de sirios que hay en su territorio. Las fuentes consultadas subrayan que los 3.000 millones suplementarios solo se desembolsarían cuando se hayan gastado los primeros y que el dinero no irá al Gobierno turco sino directamente para los refugiados.

Las lagunas y dudas que suscita el acuerdo del día 7 se justifican alegando que Davutoglu sorprendió a los europeos poniendo sobre la mesa una oferta inesperada —la devolución de todos los migrantes irregulares, incluidos los refugiados— y ante la necesidad de frenar una crisis que suma 148.000 personas llegadas irregularmente por mar a Europa y 440 muertos en el Mediterráneo en lo que va de año.